El ejército es una institución que se encarga de las acciones bélicas de un Estado. Según la constitución mexicana, sus funciones, palabras más o menos, son a) defender la soberanía de la nación, b) garantizar la seguridad interior, c) auxiliar a la población en casos de desastre, y d) realizar acciones cívicas y obras sociales.
No soy experto en el tema y apenas veo que su rango de acción se ha ampliado al organizar a la Guardia Nacional y que esto tiene graves consecuencias en la sociedad civil, en el respeto a los derechos humanos y en la misma (in) seguridad interna. El inciso d) abre la puerta para muchas otras cuestiones.
Siendo no experto, me declaro simple observador. No voy a enumerar los estados mexicanos con violencia desbordada, las violaciones a derechos humanos o las acciones mortales en las que han participado una y otra vez.
Voy a mirar hacia otro lado: el ejército es administrador del Tren Maya, es constructor de hospitales, carreteras y puentes, es el operador de la nueva empresa paraestatal Mexicana de Aviación, es quien da mantenimiento a las carreteras federales, administra cuatro aeropuertos civiles internacionales, gasolineras, y forma parte de varios consorcios empresariales reseñadas en la lista de Forbes-México.
Es más, en Mérida construyó un hospital y el parque “La Plancha”, que también administra.
No cabe la menor duda de que el expresidente López Obrador llegó para delinear un nuevo país y reconstruir la presidencia imperial, como fórmula mágica y paradójica de eliminar la corrupción, contrario al clásico enciclopedista que afirmaba aquello de “poder concentrado, corrupción concentrada”.
La institución militar mexicana ha ampliado sus funciones de manera extraordinaria convirtiéndose no solo en guardián de la soberanía, sino en un poder económico que goza de una gran opacidad, porque todo puede ser un tema de seguridad nacional y nadie acceder a la información exacta del uso de estos recursos financieros. Además de redibujarse, desdibuja otras instituciones, como al municipio. Es bien sabido que el artículo 115 constitucional determina las funciones municipales y entre ellas, claramente está la gestión del espacio público, de sus parques, jardines, calles y avenidas. Nada más municipal que los parques en su propio territorio.
Pues en Mérida, uno de los parques más deseados por los ciudadanos, más comprometidos por los gobernantes, más luminoso por su tamaño e infraestructura, no es gestionado por el Ayuntamiento y tampoco por el gobierno del estado. Está en manos también del ejército.
Entiendo que esto pasó por un acuerdo del gobierno de Mauricio Vila y el presidente López Obrador porque ambos querían macanear juntos y dar resultados.
Y los dieron: Mérida tiene su parque maravilloso y también tiene la intromisión del ejército en la institución municipal que es más vulnerable. El ayuntamiento no tiene su policía preventiva en gran parte del municipio y ahora tampoco gestiona el parque más grande de su territorio.
En una lógica pragmática la decisión de Vila fue acertada porque le añadió un bien al capital común de todos los habitantes. En una lógica institucional y federalista, sus resultados son extraordinariamente nocivos.
Esta federación de estados que se llama México, esta historia yucateca de tener bandera e independizarse del país por un movimiento centralista, esta contribución de muchos intelectuales yucatecos a concebir un sistema confederado con estados aliados, se fue al cesto de basura.
El paso que dio fue el principio de otros pasos destructores de este sistema y constructores de un centralismo desmedido con instituciones temibles que reúnen el poder militar el económico y control e influencia mayor en el territorio de todo el país.
Nadie en Mérida, nadie en Yucatán, ningún partido, ninguna sociedad civil, ningún actor político —que yo recuerde— hizo nada para evitar que el ejército gestione y administre un parque en medio del territorio de un municipio libre, aunque sí nos gusta mucho ver ondear la bandera yucateca.
Un día vamos a entender qué significa que la institución de guerra del Estado tenga una base en medio de la ciudad, espero que no se llame Guantánamo.— Mérida, Yucatán.
iberlin@prodigy.net.mx
Antropólogo con maestría en industrias audiovisuales y doctorado en comunicación política