Raúl Pino Navarrete (*)
Partes medulares del discurso que pronunció el autor en su toma de protesta como presidente de la mesa directiva del Colegio Notarial de Yucatán:
Desde que dejó de imperar la ley del más fuerte en su concepción más primitiva y el ser humano empezó a regirse por normas coercitivas de carácter general, nació el estado de Derecho y la seguridad jurídica se convirtió en uno de los pilares más importantes y valorados de toda sociedad organizada.
Es desde ahí en donde se erige la importancia de la función notarial, que día a día construye, si me permiten la analogía, verdaderas pirámides, fincadas en una base sólida de conceptos jurídicos y conocimiento del Derecho; con una estructura firme, edificada con complejos actos jurídicos, documentos y trámites fundamentados de manera estable. La cúspide de cada pirámide representa la garantía, protección y tranquilidad de las personas, porque cada acto jurídico, protege de la manera más amplia sus aspiraciones legítimas.
Cada profesional que ejerce la función notarial, es un conocedor del Derecho, una persona íntegra, que cuando se trata de actos en su protocolo, primero escucha y estudia con atención los asuntos que le plantean, se cerciora de la voluntad de las partes, resuelve sus dudas, le da forma jurídica, redacta los documentos, lee y explica su contenido y sus alcances legales, cada vez que se firma una escritura pública.
A los notarios de Yucatán nos une el esfuerzo constante de actualizarnos en el estudio y sobre todo en la interpretación de las innumerables modificaciones a las leyes, reglamentos, en materia fiscal, civil, mercantil, administrativa, laboral, penal y procesal, entre otras.
Nos une el reto de conocer las muy variables y complejas formas de interpretar las normas por parte de las autoridades administrativas y judiciales. No podemos olvidar que el Derecho no es una ciencia exacta y por tanto siempre estará sujeta a los criterios de quienes les toca aplicarlo.
El movimiento incesante de las leyes, y sus criterios de aplicación, nos lleva al antiguo pensamiento de Heráclito, cuando sostenía que, por el flujo de la corriente “no nos podemos bañar dos veces en las aguas del mismo río”.
A los notarios nos une la responsabilidad de interpretar bien todas las leyes aplicables a cada acto jurídico, de determinar cuándo nuestra intervención nos genera obligaciones de retener impuestos. Para ello debe determinar el sujeto, el objeto, la base, tasa y época de pago y proceder a la retención y al cálculo; también debe determinar si el acto encuadra en alguna excepción que exima ese pago, a veces manifiesta y obvia y otras tantas camuflajeada en los intrincados laberintos de las normas impositivas. De fallar en nuestra apreciación, podríamos resultar responsables solidarios de un pago omitido o mal calculado.
Los notarios estamos unidos en la ocupación cotidiana de asegurarnos de la identidad y personalidad de quienes acuden a nosotros. Nos une el cuidado constante de evitar suplantaciones, de detectar documentos falsos o mal elaborados y de no caer en engaños de defraudadores.
A los notarios nos une el compromiso de dar el mejor servicio a los ciudadanos y más aún, de ver las necesidades del ser humano que hay detrás de cada servicio jurídico, lo cual incluye la certeza del acto que realiza, pero también la rapidez, agilidad y eficiencia que los tiempos actuales nos exigen.
El gobierno del Estado, a través de la Consejería Jurídica, del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado (de quien depende el Registro Público de la Propiedad y del Comercio), los catastros, las autoridades fiscales y cada municipio, al igual que los notarios, debemos perseguir los mismos objetivos, en beneficio de cada ciudadano.
El Estado también debe proteger la función notarial, y dotar al notario de las facilidades y la tranquilidad necesarias para realizar tan importante y compleja función.
Los que ejercemos la función notarial, debemos tener presente el sentido social y la ética para otorgar siempre la misma calidad de servicio a todas las personas sin excepción, de manera especial a aquellas en situaciones vulnerables y las menos favorecidas en lo económico.
La aceleración en escala geométrica de las inversiones en materia inmobiliaria en Yucatán exige de toda la atención, para evitar cualquier clase de irregularidades y más aún, prevenir los fraudes y abusos. A este respecto, recientemente se aprobaron varias reformas a la ley en materia de desarrollo territorial, urbano y ambiental. Se instituye la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana, así como el Registro Estatal de Agentes Inmobiliarios, que busca regular las actividades de intermediación y profesionalizar a quienes se dedican a esta legítima labor.
A más tardar en 2027 debe entrar en vigor en el Estado el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que contiene disposiciones que impactan directamente al notariado, en beneficio de la ciudadanía, como, por ejemplo, se podrán llevar ante notario, procesos completos de sucesiones intestadas y otros procedimientos de jurisdicción voluntaria, siempre y cuando no haya conflicto ni personas vulnerables entre las partes.
Ante todos estos retos y cambios al marco legal, se deberán emitir los reglamentos y hacer las adecuaciones en los procedimientos y en las estructuras gubernamentales.
El Colegio Notarial de Yucatán, como agrupación profesional oficial al que por ley se encuentran afiliados todos los notarios, dentro de sus atribuciones, debe contribuir en estos ajustes legales, servir de faro e intermediario con las autoridades y seguir colaborando en los programas sociales de su competencia para los que sea requerido.
Agradecemos a la Mesa Directiva que acaba de concluir, su dedicación por estos dos años al servicio del notariado. A cada integrante de la nueva Mesa Directiva mi gratitud por aceptar de manera desinteresada ser parte de esta noble labor, que implica responsabilidad, dedicación y amor a nuestra profesión.
El Colegio Notarial de Yucatán, unido por el compromiso de sus agremiados, se encuentra listo para mantener muy en alto la función notarial, para coadyuvar con la autoridades a fin de conseguir un mejor marco jurídico, procesos más eficientes, y criterios razonables, todo ello para beneficio único de Yucatán.— Mérida, Yucatán.