Mientras más corrupto es el Estado, más numerosas son las leyes —Tácito, historiador, senador, cónsul y gobernador del Imperio Romano (56-120 D.C.).
El gobierno estatal de la 4T, al mando del maestro Joaquín “Huacho” Díaz Mena desde el primero de octubre pasado, recibió una triste y onerosa herencia de las anteriores administraciones emanadas del PRIAN: el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY).
Resulta lamentable señalar que en el corto lapso de 7 años y medio —fue creado el 18 de julio de 2017—, el flamante SEAY se ha convertido en su verdadera antítesis: en lugar de ser la instancia efectiva para “establecer, articular y evaluar la política estatal en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción” (artículo 7 de la Ley de su creación), este sistema se transformó en un ente costoso y artrítico que en esencia sólo sirve para impedir que se detecten, conozcan y sancionen tales hechos delictivos que afectan gravemente al erario.
Haciendo un poco de historia, hace 4 años y medio quien esto escribe abordó el desempeño del SEAY y formuló dos interrogantes ante los escasos resultados que estaba rindiendo a la sociedad: “¿Están cumpliendo debidamente sus funciones las instancias que conforman el pomposamente llamado Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán? ¿O es que acaso el SEAY se ha vuelto prematuramente un engorroso ente burocrático que no sirve para nada, aunque a los yucatecos nos cueste la friolera de 210 millones de pesos al año?” (“¿Burocracia inútil? El Sistema Anticorrupción”; DY, 26 de julio de 2019, Secc. Local).
Los comentarios anteriores vienen al caso con motivo del reportaje publicado recientemente por el Diario de Yucatán, en el que se cuestiona la persistente falta de resultados de este Sistema.
Entre otras cosas, se señala que el SEAY costará este año a los yucatecos 16 millones 346,299 pesos, “pese a que no se conoce una sola denuncia y menos se ha iniciado proceso o seguimiento a acciones contra ese flagelo en la entidad”.
También hace referencia a los salarios que cobran los principales mandos de dicho Sistema, como son los casos de la presidenta, que cobra actualmente 65,422 pesos mensuales (además de que trabaja en su empresa), así como el de las otras 4 personas que integran el Comité Ciudadano del SEAY, que devengan 59,622 pesos cada una, y el caso de su Secretaria Ejecutiva, cuyas percepciones suman 84,301 pesos al mes (DY, 05 de enero, Secc. Local, pp. 1 y 3).
En realidad, este complejo ente burocrático tiene un costo multimillonario para la sociedad yucateca. Veamos. En el funcionamiento del SEAY están directamente involucradas las siguientes instancias: la Secretaría Ejecutiva del Sistema, la Contraloría General del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.
Pues bien, en 2024 el conjunto de estas instancias oficiales tuvieron un presupuesto de 354 millones de pesos, en tanto que para 2025 absorberán nada menos que 375 millones de pesos.
Si nos atenemos a los prácticamente nulos resultados que ha ofrecido el SEAY, podríamos derivar la falsa percepción de que en Yucatán no ha habido corrupción gubernamental en las últimas dos administraciones estatales por lo menos, lo cual resulta del todo increíble e incluso sarcástico para la sociedad en su conjunto.
Como conclusión, podemos afirmar que lo que habíamos advertido en tiempo y forma se ha cumplido con creces: el SAEY se convirtió en un armatoste burocrático, oneroso y carente de una mínima utilidad social, razón por la cual ya no se justifica su existencia.
Lo que hasta aquí hemos recapitulado reviste singular importancia ante la instauración de un nuevo gobierno de la 4T en la entidad, alternancia que fue producto de la decisión mayoritaria del pueblo yucateco, quien le otorgó casi 630 mil votos a la coalición político-electoral liderada por el actual gobernador del estado.
Ante el innegable fracaso del SEAY, es evidente que la nueva administración estatal se enfrenta a un gran desafío: ofrecer una alternativa viable y creíble para la sociedad en el tema central de la prevención, detección y sanción de actos de corrupción en la función pública.
A decir verdad, en la estructura que va a tener el Plan Estatal de Desarrollo 2024-2030 se contemplan 6 directrices desagregadas en 42 vertientes. La directriz 1 se denomina “Gobierno Honesto, Humanista y Cercano al Pueblo”, siendo una de sus vertientes precisamente el rubro de “Combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas”.
Con base en lo arriba señalado, cabe preguntar: ¿Con qué rediseño institucional sustituirá el gobierno de Huacho Díaz Mena al actual SEAY, a fin de garantizar a la sociedad que la terrible hidra conformada por la corrupción, la opacidad y la impunidad será combatida de manera implacable y eficaz?
¿Propondrá el gobierno de la 4T la desaparición del Inaip, la reestructuración a fondo de la Secogey, reformar a la ASEY y aumentar las atribuciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción?
Pronto sabremos las respuestas a éstas y otras interrogantes, toda vez que será en el PED donde habrán de plasmarse las directrices y acciones concretas para atender el delicado rubro aquí abordado. Tenemos la esperanza de que no se repetirá la triste historia del SEAY en la vida púbica de nuestra entidad.
¡A nuestros amables lectores y lectoras les deseo un feliz y venturoso Año Nuevo 2025!— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.