Los presidentes de la República, gobernadores y alcaldes municipales llegan al poder con el objetivo de mantener el orden constitucional, en su jurisdicción correspondiente, e implementar políticas acordes con sus promesas de campaña.
Para cumplir con esta tarea deben tomar decisiones sobre proyectos que supuestamente benefician a toda la sociedad sin distinciones de preferencia política.
No es exagerado decir que la élite política tiene una gran responsabilidad en el diseño de nuestro sistema político y en la creación de estructuras socioeconómicas de nuestra sociedad. Pues tales decisiones acertadas, visionarias o equivocadas se reflejan en la historia del país. Y, naturalmente, marcan una pauta del futuro.
Desafortunadamente, en México abundan los ejemplos de malas decisiones tomadas por la élite política que han constituido un despilfarro de dinero que solo beneficia a unos cuantos.
La lista de esas decisiones desafortunadas tomadas por la clase política mexicana, que significaron un despilfarro, es larguísima, y protagonizadas tanto por gobiernos de la derecha como de la izquierda.
En Yucatán el despilfarro altamente asociado con la corrupción ha quedado materializado en elefantes blancos como son el Museo del Mundo Maya (Ivone Ortega) y el Centro Internacional de Convenciones (Rolando Bello), para citar ejemplos conspicuos.
Recientemente, otro ejemplo en Yucatán es el caso del sistema de transporte Va y Ven (Mauricio Vila). Se trata de una empresa mal diseñada, quebrada y costosísima.
Jacinto Sosa Novelo nuevo titular de la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) , declaró ante el pleno del congreso que el sistema de transporte Va y Ven es financieramente insostenible. Tiene un déficit acumulado de 1,857 millones de pesos.
La modernización del transporte colectivo era un imperativo para el área metropolitana de Mérida. Pero estos números del titular de ATY demuestran que se trata de un proyecto mal planificado.
Pero un tema que huele a corrupción es la renta de una terminal en el norte de la ciudad que en realidad no tiene un atractivo especial y permanece con muy poco movimiento de pasajeros.
El gobierno del entonces gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, firmó un contrato para pagar un millón 637,931.30 pesos al mes durante 15 años. Al año son 19 millones 655 mil 175.60 pesos. (Diario de Yucatán, 2 de mayo 2025). Un atraco al erario.
Lo anterior demuestra que las malas decisiones políticas no son una torpeza sino una combinación de capricho y corrupción
En el ámbito nacional la polémica alrededor del despilfarro de las élites políticas está caliente: de un lado el expresidente Ernesto Zedillo señala que la refinería de Dos Bocas que costó millones de dólares hasta el momento no refina un solo barril de crudo, el Tren Maya opera con grandes pérdidas a causa de la baja demanda y y la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional en Ciudad de México que significó una pérdida de varios miles de millones de pesos.
De parte de la presidenta Claudia Sheinbaum señala las consecuencias económicas del famoso rescate bancario de Zedillo llamado Fobaproa.
Todas esas decisiones señaladas significan una carga económica enorme al fisco y por consecuencia al patrimonio de los mexicanos.
Lo peor de todo es que los daños derivados del despilfarro y la corrupción de las élites políticas quedan impunes. Urge hacer algo al respecto. Quienes toman malas decisiones por capricho y/o por corrupción deben ser juzgados y de ser posible deben ir a la cárcel por malversar el dinero del pueblo.— Mérida, Yucatán
bramirez@correo.uady.mx
Doctor en Sociología, investigador de la Uady