Un dato que no puede pasar desapercibido es el que presenta el Registro Nacional de personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que señala que en Yucatán actualmente hay seis personas registradas que presuntamente han cometido actos que atentan contra las mujeres.
Llama la atención que estos hechos se suscitan generalmente en el nivel municipal como Chumayel, Umán y Valladolid.
Un caso es el que se dio en el municipio de Tahdziú en el que el Tribunal Electoral del Estado acordó pedir al Instituto Nacional Electoral (INE) enlistar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, por un período de cinco años y seis meses, al alcalde, por obstaculizar el ejercicio del cargo, así como por segregar y menospreciar a la regidoras. Las servidoras públicas afectadas denunciaron haber sido víctimas de violencia política en razón de género durante las sesiones de cabildo, al enfrentarse a ambientes de hostigamiento, presión y coacción.
Existen muchos tipos de violencia, pueden ser en contra de las mujeres o grupos vulnerables, entre ellas están la violencia institucional, laboral, económica, física, la patrimonial, psicológica, comunitaria.
La violencia política consiste en el uso de la fuerza física o psicológica contra una persona o grupos de ellas. Este tipo de violencia obedece generalmente al ejercicio del poder contra las personas opositoras, para que se abstengan de dirigirse contra el sistema o política imperante.
La violencia política puede ser perpetuada por agentes del Estado, colegas de trabajo, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación y en general cualquier persona o grupo de persona. Esta puede manifestarse en acciones como registros simulados de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes hombres; registro de mujeres exclusivamente en distritos perdedores; amenazas a mujeres que han sido electas; distribución desigual de los tiempos en medios de comunicación y en los recursos para las campañas; obstaculización de la participación de las mujeres y muchas más. Este tipo de violencia merece atención inmediata en un país donde la paridad de género ha sido una lucha que ha llevado mucho tiempo.
No debe existir violencia política en razón de género, pues no debe ponerse en duda la capacidad de hacer política, de gobernar de las mujeres, las mujeres pueden y deben competir en un escenario de igualdad y que no se viole los principios constitucionales de la mujer para ocupar cargos públicos y ejercerlos con toda libertad. Los tribunales de todas las instancias deben estar atentos a este tipo de violencia política.
La participación de la mujer en la política es un reto enorme pues a veces hay una discriminación hacia las mujeres, de allí que se requieran acciones afirmativas en favor de candidatas, pero se necesita hacer más, porque es muy difícil que las mujeres puedan acceder a una representación política todavía y cuando alcanzan llegar son cuestionadas y asediadas.
La violencia política ya está sancionada en las leyes, hace falta que se denuncie, y que se sancione a los agresores.
Ya de por sí la violencia política es un acto tan viejo en la historia nacional y local, en el que la coerción quiere anteponerse, siendo esta la manifestación más baja y flagrante del poder, en el que la imposición quiere sentar sus reales sin importar la dignidad que pueda tener toda persona; es una práctica muy antigua que se rehúsa a desaparecer. Quienes se enfrentan a las estructuras del poder o de grupos que se salen de la legalidad y la decencia, generalmente son víctimas de violencia política. Cuando se rompe el vínculo de la cabalidad y la imposición predomina, se reemplaza por la violencia y es allí donde las instituciones garantes tienen que intervenir para regresar a la razón, el orden y la ley. Hay que cerrar el paso a ese tipo de personas y de violencia política, más en Yucatán.— Mérida, Yucatán
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@mariomaldonadoe
Especialista en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa