En un país como México, en el que presumimos de ser una democracia moderna, con instituciones que buscan el bienestar común, hay crímenes que no se cometen a escondidas. Se perpetran a la luz del día, en oficinas abiertas al público, con documentos notariados, amparados por vacíos legales y complicidades institucionales.
Una muestra de esta realidad son los casos que han salido a la luz en distintos medios de comunicación, como el de una mujer que solicitó un préstamo de cinco mil pesos y hoy enfrenta una deuda absurda de medio millón. A esto se suma la denuncia presentada por al menos 60 personas contra la empresa “Préstamos Yucatán”, a la que acusan de encabezar una red de fraude, usura, despojo y evasión fiscal, con la presunta complicidad de notarios públicos que estarían facilitando el despojo de propiedades, afectando a muchas familias.
Estos casos que se repiten con cierta frecuencia deberían escandalizarnos como sociedad. Porque no basta con indignarse en privado. Hay que alzar la voz y señalar que la usura no puede ni debe seguir siendo legal.
Las víctimas son siempre las más vulnerables. Una madre angustiada que necesita pagar una operación urgente para su hijo enfermo. Un pequeño comerciante que no consigue un préstamo bancario porque no tiene historial crediticio. Un adulto mayor que solo quiere reparar el techo de su casa, que gotea cada vez que llueve. Todos ellos acuden, empujados por la necesidad, a prestamistas que les prometen dinero rápido, sin preguntas, sin buró, sin papeles. Lo que no se dice en voz alta ni en la hoja en blanco que les hacen firmar, es que ese préstamo de unos pocos miles de pesos se convertirá, en poco tiempo, en una deuda impagable de cientos de miles de pesos. Firman creyendo que están resolviendo un problema, sin darse cuenta de que están cayendo en una trampa disfrazada de ayuda.
En México existen prestamistas formales que operan completamente dentro de la legalidad, a plena vista, sin necesidad de esconderse, y que cobran tasas de interés que rozan lo absurdo y lo inmoral. Basta una simple búsqueda en internet para encontrarlos. Tienen sitios web bien diseñados, publicidad atractiva y promesas de ayuda inmediata. Pero detrás de esa fachada se esconden condiciones que convierten el apoyo financiero en una trampa. Solo por mencionar algunas: empresas de préstamos rápidos como Tala, manejan un Costo Anual Total (CAT) promedio de 854% sin IVA; Kueski, una de las más populares, alcanza un CAT de 4,372.4%, también sin IVA; y Creditea, ofrece créditos personales, con un CAT promedio máximo de 6,772.14%. Cifras que, en cualquier país con una regulación financiera estricta, serían consideradas usura.
Y si esas tasas nos parecen escandalosas, lo que ocurre en el mundo de los préstamos informales es aún más alarmante. Ahí no hay CAT publicado, ni contratos regulados. Hay amenazas, extorsión y despojo. Las personas más necesitadas, urgidas por una emergencia, firman pagarés y hojas en blanco sin saber que, en ese acto, estarán entregando en unos años alguna propiedad, e incluso la casa en la que viven. Tristemente, estas tragedias ocurren a plena luz del día, al amparo de un sistema jurídico que se declara ciego y se escuda en la idea de que “es un acuerdo entre particulares”. Como si se tratara de un trato justo y como si no mediara la necesidad, la desigualdad, la ignorancia jurídica y el abuso de poder.
En países como Chile, la ley ha establecido topes máximos a las tasas de interés. El objetivo es simple: impedir que un préstamo se convierta en una trampa mortal. Porque el crédito, bien entendido, debe ser una herramienta de desarrollo, no un mecanismo de esclavitud moderna.
En México, en cambio, no existe un límite legal a la tasa de interés y más aún cuando se trata de préstamos entre particulares. En teoría, todo está permitido, mientras ambas partes “acuerden” las condiciones. Pero, ¿de qué acuerdo hablamos cuando una de las partes está en situación de vulnerabilidad absoluta y la otra goza de asesoría legal, complicidad notarial y cobertura institucional? ¿Cómo puede llamarse contrato a lo que nace del chantaje, del hambre o del miedo?
Es aquí donde el derecho se convierte en injusticia. Porque las leyes que no protegen a los más débiles no son leyes: son instrumentos de poder. En lugar de limitar la avaricia de los poderosos, regulan el sufrimiento de los pobres. En lugar de cuestionar el origen del abuso, castigan su consecuencia. Por eso no basta con denunciar a una empresa. Hay que ir más allá. Hay que cuestionar el sistema que la hizo posible, que la permitió crecer y que hoy la ampara con su silencio.
Se exige el pago de impuestos a los comerciantes ambulantes que operan en la informalidad, mientras se permite que redes de agiotismo funcionen sin declarar ingresos, sin registrar contratos y sin rendir cuentas. ¿Qué clase de justicia fiscal es esa que persigue al pequeño deudor y premia al evasor sofisticado? Si alguien presta dinero de forma habitual y obtiene ganancias de ello, está realizando una actividad lucrativa que debería estar sujeta a impuestos, regulación financiera y límites éticos. Pero aquí no sucede. El sistema los protege, y a las víctimas las revictimiza.
Nos urge una autoridad que persiga la evasión fiscal de los agiotistas con el mismo rigor con que acosa a los pequeños empresarios. Urge que el notariado recupere su dignidad, y no se convierta en cómplice del despojo. Urge también, dejar de ver a quienes caen en este tipo de deudas como culpables de su situación, y empezar a reconocer en el sistema una maquinaria que profundiza la desigualdad y la injusticia.
Porque no puede haber verdadera libertad económica sin justicia financiera. Y no puede haber justicia financiera mientras se permita que quienes más tienen se enriquezcan a costa de los más pobres. Cada casa despojada, cada anciano engañado, cada familia arruinada por estos créditos inmorales, es una herida abierta en nuestra sociedad mexicana.
Nos urge actuar ahora. Porque como país, tenemos una deuda con los más vulnerables, y esa deuda solo podrá saldarse cuando entendamos que el progreso y la verdadera impartición de justicia, están en la capacidad de proteger a quien más lo necesita.— Mérida, Yucatán
marisol.cen@kookayfinanzas.com
@kookayfinanzas
Profesora universitaria y consultora financiera