La polarización acompañará, sin remedio, a la elección judicial: un éxito clamoroso según el oficialismo y un fracaso y farsa según la Anti4T. Yo sostengo que fue un éxito, sí, pero con sordina.
Fue un éxito por los más de 12 millones de ciudadanos que acudieron a votar en una elección compleja sobre todo por el número de boletas y de cargos, atrabancada por la celeridad con la que se organizó y por la ilegal insistencia de algunos jueces de otorgar amparos improcedentes y también una elección asaeteada por la crítica mordaz que llamaba a no votar.
Frente a las complejidades y desincentivos para sufragar, se levantaron: 1) el titánico esfuerzo del INE para organizar aceleradamente una elección sin precedente (pero, ay, Guadalupe Taddei, es necesario mejorar el sitio de internet, tan poco amigable); 2) el cívico esfuerzo de cientos de miles de ciudadanos que acudieron a las casillas a recibir la votación de sus vecinos; 3) el esfuerzo económico de los cientos de candidatos que emplearon parte de su patrimonio para autofinanciar su campaña, a la que prácticamente nadie podía hacer aportaciones lícitas. Todos ellos merecen reconocimiento, pero en medio de la polarización, son subestimados y hasta insultados.
Y los que ganaron son tempranamente descalificados porque serán títeres y seguros servidores de la 4T. No son seres pensantes y comprometidos con la justicia, sino incondicionales. Trayectorias, luchas sociales, desempeño incluso en tareas jurisdiccionales… nada importa. En realidad, muchos de los juzgadores electos —aunque no todos— poseen perfiles que permiten esperar gestiones brillantes. Entre ellos está el abogado mixteco Hugo Aguilar Ortiz, quien muy probablemente presidirá la Corte durante dos años.
La sordina a la que me refiero consiste en el bajo número de electores que concurrieron a las urnas: 12 millones de sufragantes, aproximadamente 12% de la Lista Nominal de Electores. Porcentualmente es una cifra baja, pero ello no basta para negarle legitimidad a la elección, menos aún si se tiene en cuenta la inexistencia constitucional y legal de un umbral mínimo.
Y lo cierto es que 12 millones de sufragios no son, políticamente, despreciables para nadie. Los comentarios negativos e incluso burlescos sobre esa cifra hallan su mejor antídoto argumentativo en la votación de los partidos de oposición en la elección legislativa de 2024.
Ello porque ninguno de esos partidos alcanzó esa cifra de sufragios: el PAN recibió 10 millones y el PRI 6.6. Pese a esa baja votación y haber ganado sólo 31 distritos, el PAN llevó a la Cámara 71 diputados, en tanto el PRI ganó 10 distritos y recibió 36 curules.
La baja votación de PAN y PRI en 2024 no implica ninguna ilegitimidad para ellos ni para sus diputados, porque las curules de RP se les asignaron de acuerdo con la Constitución y la ley.
Exactamente lo mismo que ocurre con la elección de juzgadores. No hay más ilegitimidad que la existente en las mentes calenturientas de quienes suponen -con cierto matiz clasista- que su abstencionismo privó de legitimidad a la elección judicial.
De acordeones y militantes. En días previos a la elección judicial circularon “acordeones” (listas con nombres y números de candidatos) que fueron atribuidos a círculos de Morena, y sus postulados para juzgadores nacionales han coincidido con los aspirantes más votados.
Las autoridades electorales y penales deberán determinar si los “acordeones” infringieron la ley, sobre todo de cara a las coincidencias, y si así fuera, desde luego deben imponerse las sanciones correspondientes.
Sin embargo, es claro que tales “acordeones” resultaron útiles para miles de ciudadanos, habida cuenta de la complejidad de la elección. Resulta natural que los militantes de los partidos solicitaran y recibieran orientaciones y sugerencias para votar y que lo hicieran voluntariamente y sin presiones, dada su militancia.
Comoquiera, acciones de ese tipo tendrán que ser previstas y normadas para los siguientes comicios judiciales.
Entre las muchas cosas que deberán revisarse en la legislación está si los partidos —que son incentivadores de votaciones nutridas— deben seguir estando marginados de los procesos de este tipo o si, manteniendo la prohibición de postular candidatos, pueden tener algún tipo de participación abierta, como la manifestación de simpatía para ciertos aspirantes.
Conviene considerar que en buena parte del electorado está cada vez más presente la opción de no dar todo el poder a una sola fuerza política. Es decir, se propiciaría ganar en pluralidad y, en consecuencia, en democracia.
Otro gran tema a revisión es el financiamiento de campañas, pues no parece sensato que los aspirantes deban arriesgar su patrimonio en la búsqueda de servir a su país en la función trascendental de impartir justicia.
Ninguno de los alegatos en contra ensombrece una elección que posee un indiscutible carácter histórico, sin negar que es también una apuesta arriesgada y audaz. El verdadero éxito o fracaso de la reforma judicial deberá medirse conforme a la futura actuación de los juzgadores y si se logra mejorar la muy deficiente impartición de justicia en México.— Ciudad de México.
@EduardoRHuchim
Periodista
Otro gran tema a revisión es el financiamiento de campañas, pues no parece sensato que los aspirantes deban arriesgar su patrimonio en la búsqueda de servir a su país…