Edgar Jesús Conde Valdez (*)
Acaban de ocurrir las elecciones de próximas figuras del aparato judicial, donde magistrados y jueces fueron electos mediante el voto popular y mucha gente declinó participar con su voto en las urnas debido a la poca credibilidad de ese ejercicio electoral.
La pregunta es, ¿se debió o no haber votado?
Un proceso puede ser legal, mas no legítimo.
Legalidad de una elección es que se hayan cumplido las leyes y normas existentes y la legitimidad es que lo escogido en verdad sea lo que la sociedad desea, al menos representativamente.
El anterior presidente de la República manifestó públicamente, al sentirse víctima de un fraude electoral en 2006, que era el mandatario legítimo debido a los resultados electorales que favorecieron al partido gobernante en turno.
La pasada jornada electoral tuvo como principal característica el ausentismo (por desinterés o reclamo), por lo que su resultado seguramente será legal, pero probablemente no tenga la legitimidad adecuada debido al bajo porcentaje de participación.
Está demostrado que la abstención como método de rechazo o protesta no ha dado buenos resultados, por lo que en esta ocasión parecemos vivir un deja vu con algo ya vivido con anterioridad.
Veamos, en los años del partido hegemónico en el poder no se veía forma alguna de que hubiera una transición de forma pacífica, por lo que hicieron su aparición guerrillas o movimientos armados o de grupos como el de los estudiantes que culminó con los disturbios y asesinatos en la noche de Tlatelolco. Hubo líderes guerrilleros escondidos en las sierras, como el profesor Lucio Cabañas, que terminó supuestamente a manos del ejército. Todos estos movimientos fueron exterminados por la represión existente en esos tiempos.
Paulatinamente y por la participación ciudadana alentada por la sociedad civil organizada y los partidos de oposición, se fue gestando un cambio trascendental, pasando de un auténtico autoritarismo democrático a una alternancia en el poder de una forma por demás pacífica y democrática.
Nadie lo creía y parecía que nunca llegaría ese día de ver un cambio democrático y pacífico del gobierno existente sustituyendo al partido único enquistado en el poder durante aproximadamente 70 largos años.
Si nos trasladamos a 1970, el presidente en turno fue Luis Echeverría, quien tenía como característica principal, así como su antecesor, la represión. El descontento popular crecía día a día ante los gobiernos de un mismo partido político que prácticamente hacía lo que quería en la administración pública y política nacional. Debido a la búsqueda del control, el gobierno tuvo características políticas y sociales represivas, y la oposición prácticamente no “pintaba”.
En 1976 hubo un retroceso muy sensible en la lucha por la alternancia en el poder. El candidato oficial fue José López Portillo y en esa época solo competían el PRI y sus aliados o satélites PARM, PPS y como oposición el PAN, pues el PCM (Partido Comunista Mexicano), que lanzó a Valentín Campa, no tenía registro. Entonces resulta que el PAN (con problemas internos y otros), prácticamente el único partido de oposición, decide no postular candidato a la presidencia de la República, con lo que la mesa estaba servida para el festín priista, teniendo mayorías por todos lados y aprobando lo que quisieran, como la nacionalización de la banca y otros. Es decir 6 años desastrosos, perdidos para la democracia.
En 1982 compite como candidato oficial Miguel de la Madrid contra otros seis candidatos y, a pesar del descontento popular, fue el triunfador, pero sintiendo ya la presencia opositora de otros partidos de derecha y de izquierda.
El partido en el poder poco a poco se veía cercado por el descontento popular y por los votos de la oposición, por lo que paulatinamente fue cediendo terreno a la democracia partidista modificando algunas leyes y normas y modificando otras para hacer más justas y equilibradas las contiendas electorales y legislativas.
En la elección de 1988 pudo gestarse la tan añorada alternancia, pero esos 6 años perdidos hicieron que a la oposición, entonces encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas del FDN (después mutó al PRD), le faltara “punch” para defenderse del supuesto fraude electoral que se fraguó con la famosa “caída del sistema”, aunque en el año 2000, 12 años más tarde, el panorama político y partidista fue muy distinto en el país porque la oposición fuerte y democrática encabezada por un partido de corriente de derecha y otro de izquierda lograron arrebatar votos cada quien por su lado y lo impensable hasta hacía unos pocos años ocurrió: que se haga realidad la alternancia en el poder.
Podrán parecer solo conjeturas, pero recordando lo ocurrido en 1976, donde la oposición dobló las manos y no compitió ante el gobierno en turno, tuvimos un retroceso y una reducción de la velocidad de los cambios necesarios para buscar la auténtica democracia nacional.
El día de hoy el partido en turno ha hecho cambios estructurales y coyunturales apoyándose en las mayorías conquistadas electoralmente y en las habilidades en “concertacesiones” o en apoyos de otros partidos más pequeños.
Se viven cambios importantes en nuestro sistema administrativo y constitucional que muchos consideran que se elaboran con la única finalidad de convertirnos en una democracia trastornada como las que puedan ocurrir en otros países de América Latina con gobiernos de izquierda, pero otros tantos lo ven como el camino adecuado.
La participación activa de los partidos políticos y, lo que es esencial, la presencia de la sociedad civil hacen que las cosas ocurran en un país donde no queremos regresar al militarismo de la época de la Revolución y durante décadas del siglo XX, donde la represión, las desapariciones y las persecuciones eran sopa de todos los días, por decirlo de manera coloquial.
El pasado proceso electoral dista mucho de ser el mejor o perfecto y debe ser mejorado y corregido hasta hacerlo eficiente. Esperemos, ojalá no ingenuamente, que los resultados cumplan los objetivos para los que fueron diseñados, que deben ser el de la equidad y la justicia para los ciudadanos.
Si el objetivo fue otro, nos pondremos a temblar junto con la gente que seguramente saldrá a las calles a exigir más y más justicia social y transparencia y rendición de cuentas, como ocurre en muchos países democráticos. Pero actualmente tenemos un derecho toral que, si no lo ejercemos, estaremos en clara desventaja: el voto.— Mérida, Yucatán
condeval1@hotmail.com
Ingeniero, valuador, Maestro en dirección de Gobierno y Políticas Públicas