Intrínsecamente no es incorrecto ni ilegal buscar una vida de lujo y confort. No es malo querer transportarse en vehículos de alta gama o volar en primera clase, ni viajar frecuentemente a Europa o Asia y hospedarse en hoteles de gran confort, ni ver la hora en relojes de costo millonario, ni comer —en México o en el extranjero— en restaurantes donde tiemblan la billetera o la tarjeta de crédito cuando llega la cuenta.
Es legítimo cuando las grandes sumas provienen del trabajo honrado en cúpulas empresariales o políticas. No puede ser legítimo, empero, cuando el origen de la riqueza es el soborno, el moche, el tráfico de influencias, el uso dispendioso del presupuesto público, bajo la figura de comisiones en el extranjero, o el turismo legislativo o judicial.
A ello debe agregarse recibir dádivas para votar en tal o cual sentido en el parlamento, o para proporcionar datos claves en las licitaciones de los tres niveles de gobierno, hacerse socio ilegalmente de emprendimientos diversos… y un larguísimo etcétera que caracterizó —y envenenó— durante interminables decenios la vida pública en México.
La esperanza de cambio surgió en 2018 y creció cuando el gran líder proclamaba la austeridad, ofrecía la suya propia como ejemplo y la practicaba sin estridencias… Y cuando muchos creíamos que las cosas cambiarían, la corrupción siguió envenenando, soterrada o explícita, la cosa pública mexicana.
Se fue el líder dejando una cauda de beneficios tangibles, sobre todo para los estratos sociales menos favorecidos, y llegó la sucesora —también austera y predicando con palabra y ejemplo— y advirtió cómo una parte de las élites de la nueva clase política es adoradora de Creso y muestra un tren de vida que corre raudo y feliz sobre rieles sospechosos.
No toda la nueva clase política es corrupta —importa precisarlo—, pero sí parece serlo una parte de sus notables, que levantan la sospecha con sus inmuebles y vehículos de lujo, con sus relojes y ropa de alta gama, con sus vacaciones ostentosas, con su presencia en espectáculos y localidades cuyo costo excede lo que ganan nominalmente en un mes.
Ante ese espectáculo, que alguien parece empeñado en magnificar (también es cierto), cómo no recordar a aquel guerrillero que llegó a presidir su país y mantuvo en el poder su pobreza elegida —su chacra, su vehículo pequeño, su perra tullida—, pero no se consideraba pobre.
“Yo no soy pobre —solía decir don Pepe Mujica—, yo soy austero, necesito poco para vivir… Pobres no son los que tienen poco, pobres son los que quieren mucho, quienes más y más, los que no les alcanza nada”.
Y a esos que no tienen llenadera es preciso decirles, citando a Mujica, que está bien si les gusta el dinero, pero si esto es así deben apartarse del servicio público, porque “a quienes les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política porque lo pudren todo”.
Luisa María y Gerardo
A propósito de un viaje vacacional de Andrés Manuel López Beltrán a Japón, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, comentó el jueves 7 de agosto que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador viajó con sus propios recursos y no cometió ningún acto de corrupción, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando se viajaba en aeronaves de los gobiernos federal y estatales.
A tono con el discurso de Claudia Sheinbaum sobre ejercer el poder con humidad, Alcalde llamó a los líderes de Morena a ser “ejemplo de la justa medianía”, aunque tengan recursos para una vida de lujos.
Al día siguiente, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, discrepó y opinó que el ingreso de cada quien es la justa medianía. “Lo que tú puedas pagar con tu ingreso es correcto”, apuntó.
La opinión de Fernández Noroña tiene apariencia de lógica y congruencia, pero el problema reside en que pagar los lujos conocidos de políticos rebasa los montos de sus salarios y revela ingresos discrepantes de la disposición de que el salario de los servidores públicos tiene como límite la remuneración establecida para el Presidente.
El gasto de tales políticos induce a pensar en prebendas, bonos, sobresueldos, viáticos excesivos o algún tipo de soborno. Bonos y similares son frecuentes en el opaco Poder Legislativo, al cual no hay instancia que lo llame a cuentas. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no tiene competencia sobre senadores y diputados y la otra instancia fiscalizadora, la Auditoría Superior de la Federación, tampoco puede hacer mucho —ni quiere—, por estar sujeta a un órgano legislativo.
Así, el Poder Legislativo es terreno fértil para el florecimiento de quienes, con sus excesos y sed de riquezas, pudren la política y envenenan el servicio público.
Periodista
El gasto de tales políticos induce a pensar en prebendas, bonos, sobresueldos, viáticos excesivos o algún tipo de soborno. Bonos y similares son frecuentes en el opaco Poder Legislativo.