MÉRIDA.- La reforma al artículo 127 constitucional para eliminar las supuestas “pensiones doradas” pone en riesgo el estado de derecho en México y sienta precedente para que desde el gobierno se apliquen leyes que vulneren de manera retroactiva logros laborales o incluso la propiedad privada, afirman jubilados de la CFE afectados en Yucatán.
La medida entró en vigor esta semana y con ella, los topes de hasta 70 mil pesos mensuales para los sueldos de jubilación de extrabajadores de dependencias comoCFE y Pemex, que según el gobierno federal percibían “pensiones doradas“. La medida es retroactiva, es decir afectará a profesionales que desde hace años viven de este ingreso, lo cual violaría el artículo 14 constitucional.
Para los jubilados, el concepto de “pensión dorada” se trata de un enfoque más político y de marketing para justificar violaciones a principios jurídicos y derechos humanos. “Hay información incompleta o errónea, que en realidad está ocultando que se están tomando decisiones que afectan el estado de derecho en México”, afirma Clara Cecilia Navarro Solano, exjefa de departamento de CFE, jubilada desde 2014 con 25 años de servicio.
“Las pensiones son legales. Si hubiese alguna ilegal, debe investigarse y sancionarse. Además, esto tiene repercusiones para todos los mexicanos. Hoy somos nosotros, pero al dejar este antecedente en la Constitución, existe la posibilidad de que cualquier logro laboral o incluso cualquier propiedad privada pueda ser afectada de manera retroactiva”.
Principios que vulnera la reforma al artículo 127
La licenciada en Administración forma parte de un colectivo que agrupa a unos 200 jubilados de la empresa eléctrica en Yucatán. En entrevista, acompañada de otros afectados, señala que la reforma viola varios principios jurídicos básicos.
- El principio del debido proceso. “Si el gobierno sabe de la existencia de pensiones ilegales, su obligación es investigarlas y presentar las denuncias correspondientes. Lo que no es correcto es castigar a jubilados que trabajamos honestamente durante 25, 30 ó hasta 40 años de servicio, precisamente para llevar bienestar a México”.
- No se está respetando la propiedad privada. “Nos parece gravísimo, porque esta reforma genera el antecedente en la Constitución de que es posible que el Estado, como gobierno, afecte la propiedad privada… Y esto ya queda establecido en la Constitución, con el riesgo de que se pueda extrapolar a otros compañeros jubilados de distintos sectores, pero también a otros tipos de propiedad privada, no solamente a las jubilaciones”.
- Se están violando los conceptos de cosa juzgada, de derechos adquiridos y de no retroactividad. “Nuestras pensiones fueron otorgadas mediante un convenio firmado ante la autoridad laboral. Esa autoridad ratificó y sancionó que cumplimos con todos los requisitos para tener derecho a una jubilación”.
- Rompe el principio de progresividad y no regresividad. “Es obligación del Estado no adoptar medidas que reduzcan el nivel de protección ya alcanzado en los derechos económicos, sociales y, en general, en los derechos humanos de los mexicanos. La idea es avanzar, no retroceder. Las decisiones del gobierno no deberían disminuir conquistas laborales logradas a lo largo del tiempo”.
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Electricidad en México, en riesgo
Por otro lado, los jubilados consideran que la medida pone en riesgo el Sistema Eléctrico Nacional. “Deja de ser atractivo para los especialistas permanecer en la empresa o asumir mayores responsabilidades…, lo que podría dejar al sistema eléctrico en manos de personal sin las capacidades y experiencia necesarias para su operación”.
Al igual que otros grupos de jubilados en el país ya se preparan para una batalla legal. “Ya se están empezando a interponer amparos. También estamos perfilando el caso para llevarlo a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consideramos que tampoco es favorable para México que un grupo tan amplio de jubilados lleve casos de presuntas violaciones a derechos humanos y a la certeza jurídica a tribunales internacionales”.
Aunque desconocen la cifra exacta de afectados en el país, afirman que al menos 19 mil extrabajadores de CFE tienen pensiones superiores a los 70 mil pesos, pero no todos son trabajadores de confianza, los primeros afectados de la medida.
Junto con las acciones legales, el grupo en Yucatán ya realiza movilizaciones. Hoy tendrán una frente a las oficinas de la División de Distribución Peninsular de la CFE en Mérida. Será de 11:30 de la mañana a 2:30 de la tarde.
Opinión de jubilados de CFE en Yucatán
Por otro lado, el ingeniero José Luis Pech Sulub considera que se desconoce el grado de complejidad que implica operar el sistema eléctrico.
“Estamos hablando de que, para que funcione bien el sistema eléctrico, se debe garantizar el servicio a más de 130 millones de mexicanos. En muchos países este sector está seccionado. En México hay regiones de generación, de transmisión y de producción, pero una sola área controla todo, que es el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía).
“Esa área tiene que coordinar que todo funcione como un solo sistema, y eso requiere un trabajo inmenso, gigantesco. La falla de una planta grande, por ejemplo, puede provocar el colapso de todo el sistema eléctrico nacional”.
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¿Por qué jubilados de CFE tienen esas pensiones?
“Esto implica un trabajo coordinado altamente especializado. Sin embargo, la percepción de ingresos del trabajador mexicano en la industria está ligeramente por debajo de la de otros países. No es real que estemos privilegiados. Por eso resulta muy atractivo para muchos trabajadores migrar, por ejemplo a Estados Unidos, donde las condiciones salariales son mejores”, explica Pech Sulub, quien fue Jefe de Departamento Regional y se jubiló en 2020 con 30 años de servicio.
El especialista considera que como servidores públicos de confianza de la CFE enfrentan discriminación. Sus homólogos en el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas no se verán afectados por la reforma. “¿Por qué se sigue dando un trato muy especial al Ejército y a los jueces?”, cuestionan.
Otro punto que mencionan es la exhibición que hizo el gobierno federal de datos personales como nombre completo e ingresos, lo cual, consideran, los pone en riesgo de ser víctimas de delitos.
“Nosotros no tenemos seguridad que nos cubra y no tenemos protectores, somos gente trabajadora. Nuestros logros los ganamos con capacitación y esfuerzo. En el caso de las mujeres, por ejemplo, ha implicado incluso decisiones personales como la maternidad”, afirma Luz María Chu Contreras, quien se jubiló en 2020 como Jefa de Oficina, luego de 26 años de servicio.
“Como colectivo lo tenemos claro. Nuestro caso seguirá su curso legal, pero el objetivo es alertar a la población sobre los riesgos para el estado de derecho en México, lo que está ocurriendo es muy grave”, concluye Cecilia Navarro.