Considerar a los órganos políticos locales (OPLes) como entes separados del Instituto Nacional Electoral es erróneo, porque fueron diseñados como parte del INE.
Como ya he explicado en columnas anteriores, el INE participa directamente en la organización de los comicios locales, en los términos de la Constitución, y en las actividades reservadas por ésta a los OPLes, el INE ejerce un control tan fuerte que puede, en casos extremos, asumir la totalidad de tales funciones. Un área importante que debería quedar también entre las atribuciones del INE es el financiamiento a los OPLes, para evitar los frecuentes retrasos en el suministro de recursos por parte de los gobiernos estatales. Ya he explicado una posible vía para hacerlo, así como el hecho de que, a diferencia de lo que algunos políticos poco informados suponen, la desaparición de los OPLes no generaría ahorro alguno para el presupuesto federal, sino al contrario.
Errará quien suponga que son prescindibles los trabajos que realizan los OPLes, por lo cual su desaparición obligaría a contratar personal adicional por parte del INE para ocuparse de ellos. Creer que las juntas locales del INE podrían absorber tales tareas con sus estructuras actuales, es irreal, a menos que se quiera reducir la calidad comicial, lo cual —hasta donde entiendo— no es de ninguna manera la intención de la presidenta Claudia Sheinbaum ni de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
Lo mejor sería dejar a los OPLes esencialmente como están ahora. Sin embargo, si se quiere disminuir su costo, una vía para lograrlo puede ser relativizar su actual carácter permanente y acudir a la vieja fórmula del acordeón (nada que ver con comicios recientes). Esa fórmula prescribe abrir el acordeón cuando hay procesos electorales y cerrarlo cuando estos concluyen, si bien el adelgazamiento habría que determinarlo sin olvidar las elecciones judiciales.
Una opción viable, en mi opinión, sería dejar permanente una estructura reducida, quizá la presidencia y un cierto número de operadores, y contratar la estructura completa al inicio de los procesos comiciales. Es cierto que esta modalidad dejaría sin empleo a parte de la estructura actual de los OPLes y propiciaría pérdida de experiencia acumulada, pero esto es menos dañino que la desaparición total.
Una reforma sensata sería retirar la obligatoriedad de que los consejeros locales sean siete y, en cambio, establecer su número de acuerdo con las respectivas listas nominales de electores de las entidades federativas. Por supuesto, puede haber otras reformas sensatas y por ello resulta muy conveniente la realización de audiencias públicas en toda la República, como lo anunció el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez. La primera se efectuó este miércoles 24 en Puebla y fue encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien presidirá también otras cinco
¿NUEVO “DATO PROTEGIDO”?. Mutatis mutandis, los consejeros del INE, órgano constitucional autónomo, tienen —como los legisladores— el derecho a no ser reconvenidos por los argumentos, opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Por supuesto, sí pueden ser rebatidos y criticados en las sesiones del Consejo General y fuera de ellas, pero no más allá. Además, las decisiones del INE en que participan pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, revivir un procedimiento de responsabilidades administrativas contra seis consejeros y exconsejeros por la forma en que votaron en lo relativo a la consulta para la revocación de mandato en 2021, como lo ha hecho el Órgano Interno de Control del INE, es por lo menos ocioso (muy probablemente sería desechado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa si el asunto llegara a su jurisdicción), pero en cambio es muy útil para darle parque a los malquerientes de la 4T, que están hablando ya de intimidación y persecución.
El costo político del deplorable caso de “Dato protegido”, que involucró a la esposa de Sergio Gutiérrez Luna, diputado que incluso presentó una denuncia penal contra los consejeros del INE, no parece haber causado escarmiento a un sector de la 4T obstinado en recrear lo peor del viejo priismo. Debe apuntarse, no obstante, que Gutiérrez Luna envió un escrito al OIC, para señalar que el procedimiento administrativo que el propio diputado inició en 2021 ha quedado sin materia.
Cabe preguntar si el OIC del INE, a cargo de Víctor Hugo Carvente Contreras, no tiene asuntos más importantes que atender, entre ellos el ejercicio correcto de un presupuesto de 20 mil millones de pesos en números redondos. Y vaya si hay materia ahí.
*Periodista