Por definición, un problema es una situación indeseada o una brecha entre lo que es y lo que se desea, y que requiere un esfuerzo deliberado para ser resuelta. En nuestro país, la mayoría de los problemas han dejado de serlo: parecemos haber alcanzado un triste y desesperanzador punto de no retorno.
La rampante inseguridad en la que vive la mayoría de los mexicanos es tal vez el problema más grave que enfrentamos, y sin embargo, en lugar de recibir soluciones por parte de quien debería proporcionarlas, obtenemos excusas, afrentas y cuestionamientos que nos retan, como si de nosotros dependiera otorgar una solución: “¿Qué proponen? ¿Qué vuelva García Luna?”, nos cuestiona nuestra presidenta. Las políticas públicas en materia de seguridad dejan como saldo ciudadanos enfrentados, diluyen en las querellas la percepción de la responsabilidad que corresponde a nuestros gobernantes.
Decir que vivimos en un país inseguro es un eufemismo. En realidad, habitamos un territorio inhóspito, que se vuelve contra nosotros cada día a través de la violencia que impide a miles de personas regresar a sus casas después de una jornada laboral, o que nos hace dudar una y mil veces sobre si será prudente viajar dentro del territorio nacional por placer o por trabajo, sin convertirse uno mismo, una misma, en una estadística más, en una cifra más.
Está claro que el problema ya no es problema, porque no podemos ni siquiera ponernos de acuerdo en lo que requerimos de nuestras autoridades para darle solución. El crimen organizado ha penetrado corporaciones e instituciones que deberían protegernos y que han hecho de la corrupción el sistema en sí mismo. La protección de los delincuentes por corporaciones policiacas, las redes que se tienden hacia adentro de las instituciones para extorsionar a los ciudadanos, la falta de resguardo que sentimos los ciudadanos ante las amenazas, derechos de piso y procesos judiciales que se resuelven de forma inexplicable.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaun habla de estrategia, de cuatro pasos fundamentales para la impartición de justicia, de cauces legales para combatir el horror y carpetas de investigación —que las más de las veces se abren pero jamás se cierran—, otros exigen acciones más radicales, decididas y contundentes. Alguien más muere, hay un clamor por justicia, “se llegará a las últimas consecuencias”, nos dicen, y una vez más nos abandonan a nuestra suerte, vivimos nuestros propios enfrentamientos en el atroz campo de batalla que son las redes sociales, donde todos tenemos derecho a manifestarnos aunque nada resolvamos con nuestros debates.
El reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, pone en evidencia esta violencia, pero también exhibe la polarización social que se ha vuelto el peor pantano en el que podríamos estarnos hundiendo. Su muerte, lejos de ser asumida con preocupación por los simpatizantes del régimen que ostenta hoy el poder, ha servido para acentuar las diferencias en posturas y el peligro que representa alzar la voz contra el sometimiento del que no queremos ser objeto, pero que asumimos, porque tememos consecuencias fatales.
En Yucatán, cada cambio de gobierno está marcado por el temor que sentimos de comprometer con nuestro voto la tambaleante seguridad de nuestra entidad. Es como si seguir siendo un estado “seguro” dependiera de un solo ser humano, y con esta postura admitimos de forma tácita vivir en un avispero que es imperativo no agitar. Si no me toca, vivo feliz, defiendo mi tranquilidad a toda costa, convirtiéndola en xenofobia, sin querer aceptar que somos parte de la problemática global de todo un país y que nuestra paz es un castillo de naipes prendido desde adentro con alfileres que, como muchos han reconocido, tiene que ver con estrategias efectivas de seguridad, pero también, con saber con quién pactar.
¿Cómo se resuelven entonces nuestros problemas? ¿Guerra o pactos? ¿Le abrimos camino a la esperanza en un sistema que está roto, o dejamos que se desborde el hartazgo a costa de nuestra vida? ¿Qué es lo que tenemos que demandar? Pareciera que, en efecto, estamos ante un problema que no tiene solución, y que no queda de otra más que permanecer sumisos y callados como único mecanismo de defensa, es decir, sucumbir al miedo y la parálisis. Por favor, díganme que estoy equivocada.— Mérida, Yucatán
Licenciada en Periodismo y maestra en Relaciones Públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado