La delincuencia organizada se ha venido diversificando a lo largo de los años y hoy no sólo trafica drogas sino también personas —prostitución, migración, secuestro—, además de imponer alcaldes y funcionarios municipales y cobrar derecho de piso y otros tipos de extorsión.
Y para ello utiliza a discreción la fuerza armada, lo mismo para eliminar a políticos desafines que para castigar a quienes se resisten a entregar los dineros de la extorsión.
Frente a ese gigante maligno que se adueña literalmente de vidas y haciendas, el Estado no ha podido. Ha logrado frenar en algún grado su expansión y no debe desestimarse el esfuerzo de hombres y mujeres que exponen sus vidas para evitar una expansión mayor, pero el poderío del crimen organizado es enorme.
En un reciente artículo, Ana Laura Magaloni describe una cruda realidad a propósito del derecho de piso: “Donde ese ‘SAT criminal’ se instala, el Estado pierde los dos monopolios que lo definen: el de la fuerza y el de la tributación” (Reforma, 15/11/25).
Todo lo anterior viene a cuento a propósito de la llamada “marcha de la generación Z” que, Z o no, tiene pleno derecho a manifestarse, si bien la movilización sirvió de pretexto —otra vez— para que el violento grupo conocido como Bloque Negro se lanzara contra las bardas que resguardaban Palacio Nacional e hiriera a decenas de policías.
Antes y después de la marcha sabatina, menudearon las descalificaciones y, paralelamente, la propaganda a la misma, unida a injuriosas críticas a la jefa del Ejecutivo federal.
De la mutua satanización se desprende algo parecido a una ceguera colectiva: el enemigo de ambos, oficialismo y oposición, no es la marcha y los marchistas, ni la Presidenta y su gobierno.
El enemigo común es el gigante delincuencial que el sábado debe haber celebrado mientras veía los videos que mostraban la violencia exacerbada contra los policías —cien de ellos heridos, según cifras oficiales— y la reacción de estos —excesiva en algunos casos— que ha servido para hablar de represión.
La marcha tuvo impulsores internacionales y móviles políticos, pero la inseguridad contra la que protestó es real, aunque en la movilización absurdamente se arremetió o sirvió para encubrir la arremetida ¡contra los policías!
Este gobierno y su predecesor han materializado importantes logros largamente anhelados por distintos sectores sociales, pero no han podido derrotar, aunque sí frenar, al gigante que amenaza a todos: a gobernantes y sociedad, politizada o no. Y no podrá ser vencido mientras una polarización absurda siga prevaleciendo en el país.
En una democracia puede —y debe— haber diferencias, debate, protestas, pasión… pero en una democracia sensata también debe haber unidad contra el enemigo común, llámese delincuencia o Donald Trump.
Y es a Claudia Sheinbaum y a su gobierno a quienes toca convocar a esa unidad, procurarla y encauzarla. ¿Qué tal una tregua temporal y productiva?
Plus digital: ¿Quién financia la violencia?
Más allá de filias y fobias, la movilización del sábado 15 tuvo una razón legítima: la inseguridad que golpea a todo el país y más a estados como Sinaloa y Michoacán. La marcha fue pacífica y ajena a la violencia del llamado Bloque Negro, por más que esta la ensombrezca.
¿Quiénes son los violentos que derribaron parte de la barda que protegía a Palacio Nacional y agredieron y lesionaron a decenas de policías? ¿Quiénes los financian? Yo no lo sé, pero ya deberían saberlo César Cravioto, Bertha Alcalde y Pablo Vázquez.
Si no lo saben, habría que cuestionar su trabajo y concluir que la tarea de inteligencia capitalina es sumamente deficiente. Si lo saben y no lo informan, sombrías sospechas caerían sobre ellos, y cabría preguntarse por qué no aplican una operación para anularlos, detenerlos y llegar hasta sus promotores que los financian.
Por lo demás, llama la atención que en distintos medios se hablara insistentemente —incluso comentaristas generalmente respetables lo hicieron— de represión, sin mencionar que los violentos derribaron parte de las bardas y lesionaron a un centenar de policías.
Pero los comentarios parecían indicar que los policías debían haberse dejado golpear y lesionar, sin defenderse.
La frase
“Hay que enfatizar y dejar claro: la prioridad es nuestra soberanía… más allá de cualquier gobierno, partido, ideología o país. Somos nosotros quienes debemos salir adelante, es aquí en donde se debe respetar la ley y sancionar al delincuente”: Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, a propósito de declaraciones intervencionistas de Donald Trump. (Fernando Damián / Milenio, 19/11/25).
Periodista
Ventana con texto de 16 puntos… Ventana con texto de 16 puntos…