En una democracia es normal que al Estado se le enfrenten fuerzas que intentan alinearlo a los intereses de éstas. Se da así una tensión entre el poder y las fuerzas formales —como serían los partidos políticos— e informales (también llamados grupos de presión) como las asociaciones empresariales, los sindicatos y los medios de comunicación.
Esa tensión suele hallar cauce notorio —aunque no único, obviamente— en la protesta callejera, la ocupación de edificios públicos y el bloqueo de vialidades urbanas e interestatales, como se dio en el sexenio anterior y se está dando en el actual.
La presidenta Claudia Sheinbaum y en su momento el presidente López Obrador renunciaron —en el discurso y en la práctica— a ejercer el monopolio legítimo de la fuerza del Estado, aun cuando las protestas masivas —algunas justificadas y otras no— llegaron en el sexenio pasado a extremos sin precedentes.
En estos días agricultores y transportistas han bloqueado carreteras para protestar unos por reformas a la Ley de Aguas y los otros por la falta de seguridad para el transporte carretero. La legitimidad de su protesta se resquebraja cuando el bloqueo se da mientras los asaltos con violencia a transportistas se han reducido sensiblemente (54%) y las reformas legislativas cuestionadas, que todavía no se aprueban, están siendo sometidas a revisión en el Congreso.
La protesta social es legítima de origen, pero cuando se pervierte, el Estado puede convertirse en rehén de la protesta.
¿Hemos llegado a ese extremo en México? Quizá no, pero parece marchar en ese sentido con la reiteración de acciones como las de agricultores y transportistas, algunos de cuyos líderes, ensoberbecidos y desafiantes, amenazan a la Presidenta con “paralizar el país” (aunque no pueden evitar que les roben llantas a los automotores del bloqueo).
Frente a tal situación, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha sido enfática en subrayar que los bloqueos son violatorios de la ley y dañan derechos e intereses legítimos de la población.
Como además la mesa de negociación no se ha cerrado en Bucareli, la titular de Segob ve motivos políticos e injerencia de partidos de oposición en los bloqueos. En este aspecto conviene precisar que los manifestantes tienen derecho a militar en cualquier partido, pero hasta donde entiendo el señalamiento de la secretaria no objetó ese derecho. Empero, sí resulta cuestionable que partidos políticos respalden acciones ilegales y altamente lesivas por parte de terceros, simpatizantes o no.
La libertad de manifestación y protesta, esenciales para la democracia, no deben degenerar en coerción y extorsión sobre el Estado. Para la 4T, es preferible la flexibilidad en la aplicación de la ley cuando de protesta social se trate, y esa es una buena decisión, pero el Estado tiene la difícil disyuntiva de hasta dónde debe aceptar el daño directo a porciones de la sociedad y no tutelar los derechos de ésta. Por supuesto, la represión no puede ser aceptable, pero tampoco un Estado convertido en rehén.
La feria de las injurias
He dicho que el Estado afronta presiones de distintas fuerzas políticas y sociales. Pues bien, durante la mayor parte del siglo pasado, un partido político —el PRI, también llamado PNR y PRM en su primera época— dominó a prácticamente todas esas fuerzas mediante la concesión de dádivas y prebendas, o bien usando la represión violenta. Fundado por Plutarco Elías Calles, el PRI tuvo el acierto de constituir sus tres sectores: campesino, obrero y popular (CNC, CTM y CNOP), lo cual le permitió el control político de los estratos sociales más nutridos del país.
El panorama cambió con el siglo, cuando el PRI perdió la Presidencia de la República y el gran capital y los medios de comunicación —en particular electrónicos— acrecentaron su influencia en el Estado con Vicente Fox a la cabeza, hasta llegar —en el siguiente sexenio— a la convicción de un ejecutivo de Televisa que presuntamente dijo “nosotros mandamos aquí”, aludiendo a la gran influencia de la televisora y a la debilidad del gobierno de Felipe Calderón.
Vino después el gran triunfo de Andrés Manuel López Obrador, quien con las conferencias mañaneras de prensa combatió con éxito a los medios, algo sin precedente en México, sobre todo por el gran poder que la televisión comercial llegó a tener.
En el lopezobradorismo, las protestas afectaron no sólo el tránsito urbano y carretero, sino también el ferroviario, y se llegó al hecho insólito de manifestantes lanzando una camioneta y derribando ¡una puerta de Palacio Nacional! No solamente no se reprimió a los atacantes, sino ni siquiera se les persiguió judicialmente. Y pese a todo, en medio de una feria de infundios injuriosos, al Presidente se le llamó autoritario y hubo y hay mexicanos que lo creyeron y creen a pie juntillas.
Aquella feria de fake news e injurias, ahora con hirientes e injustificadas caracterizaciones de la jefa del Estado mexicano, continúa en algunos medios y en redes sociales, mientras la crítica y los críticos anti-4T pueblan la mayoría de los medios impresos, radiofónicos y televisivos. Y pese a ello, al actual gobierno se le tilda de autoritario y represor. ¡Caray!
Periodista
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