En México, el árbitro electoral no es una concesión graciosa del poder ni un exceso burocrático. Es el resultado de una historia larga, áspera y costosa, marcada por fraudes, simulaciones y una desconfianza que durante décadas definió nuestra vida pública. Conviene recordarlos ahora que su existencia, su presupuesto y su autonomía vuelven a estar en disputa.
Durante buena parte del siglo XX, las elecciones en México eran organizadas por el propio gobierno desde la Secretaría de Gobernación. El mismo poder que competía contaba los votos, calificaba los comicios y se declaraba ganador. No era una anomalía; era el sistema. El resultado fue previsible: Elecciones de estado, oposición marginada y una democracia más de formas que real.
La ruptura llegó en 1988, con la elección presidencial que nadie pudo explicar con claridad y que dejó una huella profunda en la memoria colectiva. De esa crisis nació una convicción: Si el árbitro no es independiente, el resultado nunca será confiable.
De esta coyuntura surgió el IFE en 1990 y hasta seis años después, alcanzó su autonomía plena. No fue una concesión ideológica, sino un acuerdo político amplio, quizá uno de los más importantes de la transición mexicana. Sacar al gobierno del control electoral permitió algo inédito: La posibilidad real de perder el poder y el inicio de la transición democrática del país.
El siguiente gran paso en el Instituto Federal Electoral fue en el año 1992 con la implementación de la credencial para votar con fotografía. Esta innovación no permitía el robo de identidad y otros usos indebidos. Con nuevos consensos, en 1993 vino una nueva reforma al código Federal Electoral en la que se introdujeron topes a los gastos de campaña, se reguló el financiamiento a los partidos y se procuró la equidad en el acceso a los medios de comunicación para todos los contendientes.
Y el mayor avance para garantizar elecciones democráticas, se dio el 22 de agosto de 1996 cuando se implementó una gran reforma electoral en la cual se le dio autonomía e independencia plena al instituto electoral y también se crearon los cargos de consejeros ciudadanos y los mecanismos para supervisar las actividades de la rama ejecutiva del IFE. Entre otras muchas reformas, se aumentaron treinta y dos nuevos escaños en el senado de representación proporcional, se crearon nuevas comisiones permanentes de fiscalización de recursos, mejor organización electoral y la educación cívica. Lo que trajo como beneficio la profesionalización de los procesos electorales.
Consecuentemente, inició un cisma en el régimen autoritario. Aunque el PRI lleva a la presidencia a Ernesto Zedillo y conserva la mayoría camaral en su primer trienio, en el año 1997, durante la elección intermedia el régimen hegemónico pierde la mayoría absoluta y la fisonomía política del país se transforma y con esto llega la primera Cámara plural en la historia moderna de México. La legislatura LVII quedó de la siguiente manera PRI 239, PAN 121, PRD 125, PVEM 8, PT 7. Esta nueva conformación obliga al partido en el poder a iniciar una nueva etapa crucial para la búsqueda de acuerdos que incluyera a los partidos que representaban las voces de la oposición en el país.
Y en el año 2000 llegó la alternancia presidencial. El árbitro electoral organizó y validó la derrota del partido que había gobernado por mas de seis décadas. No fue perfecto, pero fue histórico. Desde entonces, la alternancia dejó de ser una promesa para convertirse en una opción real.
Por supuesto, la historia no fue lineal ni exenta de conflictos. La elección de 2006 mostró que la confianza ciudadana es frágil y que incluso un árbitro autónomo puede ser cuestionado. Pero la respuesta institucional no fue desaparecerlo ni someterlo sino reforzar sus reglas, fiscalización y competencias, lo que dio origen al INE en 2014.
Hoy, el debate parece haber olvidado ese recorrido.
Se habla del árbitro electoral como si fuera un obstáculo, un lujo caro o un actor político más. Se plantea reducirlo, rediseñarlo o subordinarlo bajo el argumento de la austeridad o la eficiencia. Pero la historia enseña algo elemental: cuando el árbitro depende del poder, el poder rara vez pierde.
El problema no es solo el árbitro en sí, sino el contexto. Si al mismo tiempo se discute reducir la representación proporcional y concentrar mayorías legislativas, el árbitro electoral se vuelve todavía más indispensable. Menos contrapesos políticos exigen más independencia institucional.
Las democracias no suelen colapsar de un día para otro, se erosionan cuando se debilitan las instituciones que garantizan reglas parejas. El árbitro electoral mexicano no es infalible, pero es una de las pocas conquistas que lograron que la competencia política dejara de depender del humor del poder en turno.
México ya vivió un sistema sin árbitro autónomo y tardó décadas en salir del él. Olvidar esa lección no nos hace más eficientes, nos hace vulnerables. Esperemos el proyecto de iniciativa que se presentará en el Congreso y estemos atentos a lo que se decidirá para el futuro de la patria. México no debe de olvidar la lección, ¿tú, cómo lo ves?— Mérida, Yucatán
Exdiputada