CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
¿Vandalismo o iconoclasia? ¿Defensa legítima de derechos violentados o destrucción salvaje del patrimonio público como expresión de una ira acumulada? ¿Protesta simbólica frente a injusticias históricas o barbarie que erosiona la convivencia cívica? El domingo 8 de marzo, miles de mujeres salen a parques y avenidas de Mérida para protestar y conmemorar.
Inmersas en el clima de polarización creciente que caracteriza a los tiempos de la 4T, y ante la inusitada ausencia de la fuerza pública en puntos clave, mujeres de todas las edades y condiciones sociales recorren el emblemático Paseo de Montejo, orgullo de los meridanos, y se plantan frente al Monumento a la Patria. Gritan consignas, derriban vallas y provocan destrozos.
La gran mayoría de las manifestantes se expresa pacíficamente. Con la voz, mediante llamativos carteles y volantes, comunica su inconformidad y exige ser escuchada ante la violencia que muchas padecen. Pero la manifestación se sale de control. Un grupo de encapuchadas causa daños considerables y lanza una advertencia inquietante: “Podemos ser peores”.
Los daños al principal monumento de la capital yucateca, símbolo para propios y extraños, son considerables. No hay registro de algo similar: nadie se había atrevido y ninguna autoridad lo había permitido. Las reacciones no se hacen esperar: “¿Hasta cuándo nuestras autoridades lo seguirán permitiendo con el pretexto de la libre manifestación?”, se preguntan algunos.
Otros opinan lo contrario: “Si valoramos más el cuidado de los edificios y monumentos históricos que la vida y seguridad de las mujeres, la situación que enfrentamos no tendría por qué sorprendernos”. El debate estalla en reuniones familiares, en los centros de trabajo y en las escuelas, sobre todo en las redes sociales. La polarización se vuelve cada vez más evidente.
Los reclamos feministas retumbaron con claridad. Levantaron la voz por la impunidad que —consideran— prevalece en la violencia contra las mujeres, las deficiencias en la investigación de feminicidios y los recortes a programas de apoyo. Protestaron también por la ausencia de acciones efectivas en Yucatán y “la grave violencia institucional de género que vivimos”.
Cifras alarmantes indican que la entidad cerró 2025 con diez feminicidios, el número más alto de los últimos años. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares señala que en Yucatán el 71.4% de las mujeres de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia —física, psicológica, sexual o económica—, con más de 10 mil casos en apenas doce meses.
La gran mayoría de los analistas, académicos y expertos que Diario de Yucatán entrevistó durante la semana condenó la barbarie, pero también llamó a reflexionar sobre la indignación acumulada y las razones detrás de la protesta. Respaldan las legítimas demandas de las manifestantes, pero reprueban los daños a los símbolos nacionales y al patrimonio compartido.
REPROCHES
Con severidad, algunos culpan a las autoridades por “no sacar a sus policías”. Denuncian que se tolera la actuación de “grupos de choque”, como “las chicas del bloque negro” —procedentes de otros lugares—, con el propósito de deslegitimar la manifestación (bit.ly/4sd7CQJ). También reprochan la falta de firmeza del movimiento feminista por “su cercanía con el partido gobernante”.
La activista Gina Villagómez fue más allá: denunció que el gobierno del Estado evitó un despliegue policíaco mayor e instaló protecciones débiles en los monumentos, para “facilitar los daños” y propiciar que la atención pública se centrara más en el vandalismo que en la falta de atención a las demandas feministas. Sus declaraciones encendieron aún más la polémica (bit.ly/4bIN1hb).
¿Quién tiene la razón? ¿Es vandalismo o iconoclasia? El vándalo destruye bienes públicos o privados por enojo, protesta impulsiva o incluso por diversión. El iconoclasta, en cambio, ataca monumentos públicos que glorifican elementos asociados con la opresión, la discriminación o la violencia; su objetivo es llamar la atención sobre injusticias que considera ignoradas.
La iconoclasia es la destrucción deliberada de imágenes o monumentos a los que se atribuye un significado inaceptable. Un ejemplo es el derribo de estatuas de políticos considerados opresores. Se les elimina del espacio público porque representan algo que se quiere rechazar. ¿Qué podría significar el Monumento a la Patria, orgullo meridano, para las feministas?
¿Quién tiene la razón entonces? Si se prescinde de argumentos jurídicos, la respuesta sería: “todo depende de los intereses y puntos de vista particulares”. ¿Y eso fomenta la civilidad? Desde luego que no. Toda democracia defiende el derecho a la libertad de expresión, pero siempre dentro del marco de la ley, protegiendo la propiedad común y los derechos de terceros.
LOS LÍMITES
A una semana de los ataques impunes a símbolos que valoramos la mayoría de los yucatecos, y con un gobierno más preocupado por intentar justificar la inexplicable riqueza del gobernador Joaquín Díaz Mena (bit.ly/4sJd2CL), cabría preguntarse si debemos permanecer pasivos. ¿Se justifica la falta de acción jurídica de nuestras autoridades, tanto estatales como municipales?
Los derechos de unos terminan donde comienzan los de los demás. Ningún derecho es absoluto. La libertad de expresión y protesta debe coexistir con otros derechos, como la seguridad de las personas y la preservación del patrimonio público. Por ello, la democracia reconoce el derecho a protestar, pero también regula las manifestaciones para evitar daños a terceros.
Cuando la protesta deja de ser un simple ejercicio de libertad y entra en el terreno del conflicto de derechos, el Estado debe intervenir para equilibrar esas libertades dentro del marco de la ley. La destrucción de bienes públicos como el Monumento a la Patria y lo que representa entra en ese campo. Se afectó sin clara justificación un bien común altamente valorado.
Si queremos vivir en democracia, tenemos que aceptar que sentirse afectado puede justificar la protesta, la crítica y la exigencia de cambios, pero no la agresión a derechos o bienes de otros. De lo contrario, el conflicto deja de ser un debate legítimo entre ciudadanos y se convierte en una lucha de imposiciones, con costos para todos, empezando por una mayor polarización.
Los sucesos del 8 de marzo demandan una reflexión profunda. Permanecer al margen, sin exigir explicaciones por la injustificada inacción oficial, es muy riesgoso. Protestar es un derecho; dañar el patrimonio común no lo es. Entre la indiferencia y la violencia hay un camino más difícil, pero indispensable: el de la civilidad, la ley y el respeto mutuo.— Mérida, Yucatán
¿Cuál es el mensaje del escrito?
El mensaje central del texto es que protestar es un derecho legítimo, pero destruir el patrimonio público no lo es, y que la democracia exige equilibrar la libertad de expresión con el respeto a la ley, los bienes comunes y los derechos de terceros.
En otras palabras: la indignación acumulada por injusticias —como la violencia de género y la impunidad— puede y debe expresarse, pero no justifica recurrir a la violencia o al vandalismo, porque eso erosiona la civilidad, polariza a la sociedad y debilita los valores democráticos.
El escrito también plantea un llamado a la reflexión sobre los límites de la protesta, la responsabilidad de las autoridades y la necesidad de priorizar la protección de la vida y la seguridad de las personas frente a la preocupación exclusiva por símbolos o edificios históricos. Es un llamado a la civilidad y al respeto mutuo como base de la democracia.
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx(https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia