El llamado Plan B anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum tras el fracaso de su reforma electoral en la Cámara de Diputados —una suerte de “sana, sana, colita de rana” para recomponer la relación con sus aliados legislativos— podría terminar abriendo una discusión mucho más profunda que la que pretende cerrar: la del debilitamiento del federalismo mexicano.
La iniciativa presidencial incluye, entre otros puntos, la reducción del número de integrantes de los congresos estatales y de los cabildos municipales bajo el argumento de la austeridad. A primera vista podría parecer una medida administrativa destinada a disminuir el costo del aparato político. Pero vista en perspectiva histórica y constitucional, toca uno de los pilares del pacto político mexicano: la libertad y soberanía de los estados y la autonomía de los municipios.
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