Resulta inevitable olvidar el período de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya que su estilo utópico de mirar la realidad para querer resolver los problemas de la sociedad mexicana y su convencimiento de sólo necesitar la honestidad para lograrlo, más allá de la inteligencia, nos condujeron a decisiones poco sensatas que han quedado plasmadas en sus megaobras inconclusas o mal diseñadas.
Su forma pretérita de ver el mundo nos fue conduciendo a retrocesos que suprimieron los grandes avances en materia de instituciones autónomas garantes del ejercicio de la democracia.
Su insensatez para prestar oído a las voces de los expertos y especialistas en diversos campos de economía, construcción, seguridad y visión política nos sumergieron en aguas pantanosas de las cuales no hemos podido escapar.
Por eso ahora, después de su período presidencial, estamos siendo testigos del costo que la silenciosa corrupción está cobrando en la puesta en marcha de sus obras insignes.
Quienes vivimos en la Península de Yucatán podemos evaluar los cuantiosos daños a la ecología que el caprichoso proyecto del Tren Maya ha dejado a su paso; del visible atentado cometido contra los cenotes perforados en detrimento de su agua e infraestructura natural.
Sin embargo, ante la denuncia de tantos ciudadanos, la respuesta fue: “No pasa nada, todo es culpa de los medios de comunicación enemigos al sistema actual”.
Otro ejemplo de impunidad y caprichoso deseo de imponer su voluntad con el poder concedido fue la puesta en marcha del Tren Interoceánico que en movimiento y con antecedentes de corrupción en su construcción cobró la vida de catorce personas. Accidente fatal del que se auguraban los riesgos debido a los testimonios, hechos públicos, de los involucrados en la compra del balastro e implementación de las vías; no obstante, todo quedó en carpeta de investigación, nada procedió para esclarecimiento y sentencia de los claramente culpables.
Y ahora, nos llega la noticia que, en la refinería Olmeca Dos Bocas ha sucedido una tragedia, la muerte de 5 personas que fueron alcanzadas por las aguas aceitosas, por los desechos líquidos que se generan cuando se procesa el petróleo, las cuales provienen de la misma factoría y que causaron el incendio donde las víctimas padecieron; pero lo que más impotencia y coraje gesta es que el gobierno se muestre desesperado por encubrir que lo acontecido haya sucedido en una obra promovida y realizada por AMLO, que se conozca la verdad de los hechos y que a las cosas acontecidas se les llame por su nombre.
Evidentemente el problema surgió de la refinería y la misma gente del municipio de Paraíso, Tabasco vio el incendio desde lejos porque las llamas dejaron una gran columna de humo. Sin embargo, en las declaraciones, del segundo informe emitido por Pemex hay una notoria insistencia en deslindarse de la responsabilidad, ya que cita: “el desborde de las aguas aceitosas hacia fuera de la refinería… lo que generó un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación”, como queriendo justificar que la catástrofe acontecida no se originó ahí, sino lavándose las manos para no remitirnos a la irresponsabilidad de AMLO en la construcción y supervisión de esta megaobra.
Por increíble que pueda parecer, el mismo modus operandi ejercido desde Palacio Nacional encubrió también la tragedia, ya que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia mañanera, dejó en claro que “será la Fiscalía General de la República (FGR) quien realizará las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro, ocurrido en la parte exterior del complejo”; es decir, lejos de toda responsabilidad que pueda implicar a la persona de AMLO, quien conocía los corruptos manejos de la construcción de este vestigio, símbolo del sistema de la llamada cuarta transformación.
Por eso, resulta inevitable preguntarnos ¿hasta cuándo seguiremos tolerando un gobierno que nos informe a su conveniencia? Porque el deber moral, exige a la presidenta y a todos los funcionarios políticos ser transparentes, a no querer ocultar lo evidente y mucho menos a continuar encubriendo la corrupción e impunidad de pasadas administraciones que han dejado huella tortuosa en sus obras.
Todos los ciudadanos merecemos escuchar la verdad y mirar las consecuencias que la mentira ha implantado en nuestro país; negar la creciente violencia, el dominio y poderío del crimen organizado, los feminicidios y tantos hechos claros que agobian a nuestra nación, son incidentes que claman respuestas y soluciones expeditas. Ojalá pronto caiga el velo impuesto a nuestros ojos.— Mérida, Yucatán.
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Sacerdote católico