La revocación de mandato es una figura de democracia directa o participativa que faculta a los ciudadanos para destituir, mediante voto popular, a un funcionario o representante electo, antes de que concluya su período constitucional.
Es un mecanismo de control sobre quienes ejercen el poder y debiera ser invocado sólo de manera excepcional, cuando ese ejercicio fuese de tal manera negativo que se precisara ponerle fin.
En la actualidad, después del rechazo del Congreso a una profunda reforma constitucional en materia electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria envió otra iniciativa menos profunda (plan b), que posibilita convocar en 2027 a la revocación del mandato, lo cual no aceptan el PT —aliado de Morena— ni la oposición.
Consideran que la coincidencia del proceso revocatorio con la elección legislativa restaría votos a la mayoría de los partidos, en beneficio de Morena.
Quisiera proponer dos puntos de reflexión:
1) En 2022, la revocación del mandato de Andrés Manuel López Obrador fue promovida desde organizaciones y grupos afines al lopezobradorismo, que consideraron el proceso, explícitamente o no, como una ratificación de AMLO.
No hubo una votación masiva, pues sólo participó poco más del 17% del electorado.
La consulta puede entenderse como una forma de estrenar la figura, pero ante la gran popularidad del mandatario, era claro lo ocioso que resultaba preguntar si se deseaba que concluyera su sexenio o no.
2) De la misma manera, de cara a la gran aceptación actual de Sheinbaum, también resulta ociosa una consulta sobre si debe continuar o no en la Presidencia. Pareciera, entonces, que la intención del morenismo —como alega la oposición— es, efectivamente, involucrar a la Presidenta en el proceso electoral para ganar votos.
Sin embargo, tanto Morena como la oposición tienen una percepción errónea de la supuesta influencia del proceso revocatorio sobre el electorado.
No alcanzo a entender cómo la participación de Sheinbaum en la consulta sobre revocación de mandato puede comunicar (¿sería por ósmosis política?) ventaja a las candidaturas morenistas.
Tal narrativa deriva de una subestimación para el electorado. Como si éste fuera el dócil rebaño de otros tiempos al que se le podía manipular o inducir.
No es así, una gran parte del electorado analiza y decide a veces incluso con cierta sofisticación.
Es muy probable que ya desde ahora sepa por quién votará en 2027 por estar satisfecho con los gobiernos morenistas o por detestarlos. Es risible suponer que condicionará su sufragio a si la Presidenta está o no en una boleta.
Mientras la clase política y algunos comentaristas vociferan sobre la revocación de la discordia, a la casi totalidad del electorado le tiene sin cuidado si se hace en 2027, 2028 o nunca.
¿Por qué el desinterés? La respuesta puede inferirse del resultado de la encuesta mensual de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group: 70% respalda la gestión de Claudia Sheinbaum.
El PT y el destino del Plan B
En la tarde del miércoles 25 de marzo, cuando escribo estas líneas, el Partido del Trabajo parecía decidido a votar contra la revocación de mandato anticipada y, en consecuencia, ésta no transitaría, aunque la otra parte del plan b presidencial sí podría ser aprobada.
Por lo que respecta a su actitud que una parte del morenismo considera traición, el PT debiera tener claro que al negarle nuevamente sus votos a Morena, pone en serio riesgo la continuidad de su alianza con el partido mayoritaria y, concomitantemente, la conservación de su registro.
Es de suponerse que el PT no ha olvidado la experiencia de 2015, cuando no logró el porcentaje necesario para conservar el registro, aunque se situó muy cerca del umbral de 3 por ciento.
Extrañamente y mediante una serie de malabarismos jurídicos y de cómputo de votos, que incluyó la anulación de un distrito y una nueva elección, el PT finalmente pudo conservar su preciado registro.
Desde otro ángulo, la gran preocupación de las autoridades electorales —preocupación fundada— es que se mantenga la segunda parte de la elección judicial en la fecha de 2027 prevista constitucionalmente y, en consecuencia, que coincida con la elección de diputados federales y con comicios locales en todas las entidades federativas, incluso 17 gubernaturas.
Conservar tal coincidencia es una temeridad que podría colapsar la organización de las elecciones en algunas partes del país y, seguramente —como he señalado y reiterado—, producirá una votación muy reducida para jueces y magistrados.
Ello como consecuencia de la agresión implícita a los votantes, que podrían recibir hasta nueve o diez boletas para sufragar, incluso en casillas diferentes.— Ciudad de México.
*Periodista