Fue de una forma distinta a la que hubiera deseado, ya convertido en huesos astillados y retazos de sus ropas, pero al fin lo encontró. Sabe que no volverá a ver su sonrisa, ni escuchará su voz llamándola mamá, pero al menos podrá descansar de esa incesante búsqueda que si bien le dio cierto sentido a su vida por un tiempo, le impedía darle santa sepultura a su hijo, como sus creencias y corazón le exigían, para que, pese a su tristeza, pudiera alcanzar un poco de paz.
¡Y ni me digan!, no quiero escuchar ni leer los pretextos que algunas personas dicen sin la más mínima empatía con el dolor de una madre, aquellas desafortunadas palabras: “seguro el hijo era un delincuente”, que si “ella le hizo el caldo gordo a la oposición”, que si esto, que si lo otro, cualquier cosa, antes que aceptar las verdaderas razones: egoísmo, partidismo, negación. No importa lo que digan, tan culpable es quien lo asesinó como el Estado omiso que ha permitido que la delincuencia se apropie de poblaciones, calles y plazas, así como el ciudadano común que prefiere no manifestarse, no hablar, mejor no involucrarse porque “no vaya a ser que por opinar o denunciar” sean a ellos a quienes maten”.
El otro día, vi llorar a un ser que amo mucho después de hablar largamente con un querido amigo, un padre al que le asesinaron a su hija en Holbox, Quintana Roo, después de que ella se lamentó en las redes digitales del aumento de la delincuencia en ese “paraíso turístico”, donde la delincuencia hace de las suyas con impunidad. Encontraron su cuerpo tirado en la playa.
El padre, vinculado a medios de comunicación, le dijo a mi esposo entre sollozos: “Evité exponer a mi familia, pero ya ves, mi hija se me parece”, refiriéndose a su carácter valiente y renuente a aceptar las injusticias. Algunos medios que conocían al doliente se refirieron al hecho de la “muerte desafortunada”, evitando palabras que pudieran molestar a los asesinos o al gobierno en turno. Sin mencionar cómo o en manos de quién murió la joven madre. El mensaje es muy claro, no hay que ser delincuente para que te maten, basta con quejarte de la violencia que nos asedia. Triste, demasiado triste.
Ya sé, ya sé, tampoco me salgan con que el fenómeno de la delincuencia y los desaparecidos no es nuevo, por supuesto que no. Recuerdo muy bien el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, en ese sexenio su hermano incómodo, Raúl Salinas, instauró en nuestro país un narcoestado y desde entonces la violencia no ha dejado de aumentar, sexenio tras sexenio. Esa es una de las razones por las que muchas personas votamos por la oposición.
Aunque tampoco creí la promesa de que la violencia acabaría un día después de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, como ofreció en campaña, o que la solución sería aquello de “abrazos, no balazos”. Igual sospeché sobre la estrategia de que, contrario a la promesa de regresarlos a cuarteles, dejaran a los militares el cuidado de las calles, la administración de las aduanas y negocios estatales. Ni el Ejército ni la Marina han logrado acabar con la violencia y sí han terminado involucrados en las redes de corrupción como el caso del contrabando de combustible en aduanas y puertos bajo control militar. Lo cierto es que el problema de los muertos y desaparecidos es cada día peor.
El reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (2022) fue noticia nacional que ocupo los titulares de varios medios de comunicación pues se destacó que en México hay una crisis de desapariciones “generalizada” y una impunidad estructural con más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. También se ha comentado mucho en diversas editoriales la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum que rechazó este informe calificándolo de “tendencioso” y con “orientación política”.
Esta actitud contrasta con lo sucedido al conocerse la sentencia “Campo Algodonero” en 2009, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado Mexicano por la desaparición y asesinato de tres mujeres ocurrido en 2001, responsabilizando al Estado por negligencia, violencia de género estructural y discriminación, los hechos ocurrieron durante el gobierno de Vicente Fox. Al saberse de la sentencia ocho años después, el Estado Mexicano encabezado por Felipe Calderón, en cumplimiento de la sentencia, realizó un acto público de disculpa y reconocimiento de responsabilidad internacional por las omisiones en la búsqueda y protección de las jóvenes, después de lo cual el Estado tomó diversas medidas para cumplir con lo ordenado por la CIDH. Levantaron un monumento en memoria de las víctimas, se elaboraron protocolos de búsqueda y de investigación, se tipificó el feminicidio y se elevaron a rango constitucional los tratados internacionales firmados por México.
Aunque si bien esto significó un avance importante, a largo plazo, las medidas fueron insuficientes ya que los patrones de violencia en el país contra las mujeres persistieron y peor aún, se quedaron sin cumplir los puntos sustantivos relacionados con las investigaciones y sanciones a los culpables.
Puedo comprender, aunque no justificar, que negar la terrible realidad que se vive en México por parte de nuestra presidenta (la persistente violencia de género, violencia estructural y desapariciones forzadas) se deba a su temor de que la oposición aproveche estos informes internacionales para lograr avances electorales. Sí, pudiera ser verdad que eso suceda, sin embargo, la pregunta que debemos hacernos, que deben hacerse el Estado Mexicano y quien lo preside es ¿cuál es la prioridad? Ganar las elecciones a cualquier costo o erradicar la violencia, reconociendo primero que esta existe y después dejar de justificarse atribuyendo a lo que hicieron o dejaron de hacer gobiernos anteriores, la violencia que vivimos hasta hoy en el país. Finalmente, se deben tomar medidas reales para acabar con la delincuencia, castigar a los culpables y romper los nexos del narco con el Estado sacando del gobierno a quienes ya todos conocen por sus negocios sucios.
Sabemos que no es fácil, que la presidenta Claudia Sheinbaum se expondría a perder el poder, incluso la vida, pero la tranquilidad, lograr un México seguro para todos y todas, requiere sacrificios, quizás lagrimas como las que derramo un padre por su valiente hija asesinada. Ya mañana será tarde. Le prometo a la presidenta algo más que mi voto: acompañarla en el difícil camino de combatir la delincuencia; tengo miedo, como todas las personas que tenemos familia y mucho que perder, pero la exhorto a tratar de acabar con este flagelo que ha llenado de tumbas clandestinas nuestro México.— Mérida, Yucatán
Antropóloga por la Uady, con maestría en antropología social