Es paradójico que en el quehacer político la corrupción no sea castigada con severidad y los servidores públicos denunciados por el mal manejo de los presupuestos, desvíos de recursos, opacidad en el rendimiento de cuentas y enriquecimiento, no solo se les proteja, sino se les premie con otros puestos.
Alcaldes, gobernadores, legisladores, funcionarios y dirigentes políticos en determinados momentos son denunciados por corrupción, por abusar del poder y enriquecerse a costa del erario público, pero muchas de esas denuncias se silencian, no se investigan y, al final, siguen viviendo y enriqueciéndose del presupuesto estatal o federal.
Cada determinado tiempo la Auditoría Superior de Yucatán y la Auditoría Superior de la Federación informan de las irregularidades detectadas en los ayuntamientos de la entidad, turnan esas anomalías al Congreso del estado y a la Fiscalía, pero luego todo queda en silencio.
En noviembre de 2024 se señaló a 42 ediles del trienio 2021-2024 con diversas irregularidades administrativas, omisiones, documentos sin comprobar gastos y demás.
Luego 17 alcaldes también de la anterior administración fueron señalados por un desvío de 259 millones, según el informe de la cuenta pública 2023 y enviada por la Auditoría Superior del Estado al Congreso de Yucatán. El silencio es la mejor respuesta.
Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación denunció a 23 comunas por presuntos desvíos de 2,133 millones de pesos del dinero federal. Sin documentos comprobatorios, sin registros contables y con falta de transparencia el dinero se esfumó. Progreso, durante la administración de Julián Zacarías Curi; Tekax, con Diego Ávila Romero, y Peto, con Renán Jiménez Tah, son los municipios más afectados por este desvío millonario.
En Chemax, el alcalde panista Lucio Balam Herrera, quien junto con su familia gobierna ese municipio desde hace treinta años, la ASF detectó desvíos por más de 49 millones de pesos. En Maxcanú, en donde la familia May Catzín gobierna durante 20 años con la bandera del PRI, se detectaron irregularidades por más de 23 millones de pesos.
En Oxkutzcab se señala un daño a Hacienda Pública por más de 90 millones de pesos; en Celestún con más de 24 millones de pesos; también en Conkal, en Tinum y en Motul, aquí con el conocido Roger Aguilar Arroyo, protegido de Joaquín Díaz Mena, quien lo arropó y le dio la titularidad del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, a pesar de las diversas denuncias que tiene por estos supuestos desvíos y por violencia de género.
Estas irregularidades se arrastran en los ayuntamientos trienio tras trienio sin que se investiguen a fondo, ni se castigue a los culpables de tantas fugas económicas. De acuerdo con investigaciones de Grupo Megamedia, cinco alcaldes con anomalías en las cuentas públicas otorgaron contratos a empresas de Mario Millet Encalada, el empresario protegido del gobierno de Joaquín Díaz Mena, quien estuvo involucrado en el escándalo de “operación moches”, al igual que esos ediles, entre ellos Balam Herrera, y políticos panistas. Pero nada pasa.
Es muy lamentable que la corrupción se vea normal en el servicio público y entre los políticos. El ciudadano es testigo de cómo los alcaldes, gobernadores, diputados federales, senadores, funcionarios, delegados de Bienestar y políticos en general incrementan en unos años el patrimonio personal y familiar.
El síndrome inmobiliario es un mal que se extiende entre los gobernantes, funcionarios y políticos. Ahora, más que servir, buscan servirse y adquirir bienes inmuebles como gran inversión. Y cada determinado tiempo, mientras están en el poder, invierten desmesuradamente en mansiones, terrenos, departamentos, casas en la playa, ranchos y cabezas de ganado. Lo lamentable es que el salario no da para tanto.
Si se habla de combatir la corrupción y vivir en austeridad ¿por qué tantas viviendas y ranchos? ¿Dónde queda la humildad del servidor público, del gobernante, del político? La política es para servir, no para enriquecerse. Han trastocado esos políticos la esencia del servicio público.
La ASY, la ASF, el Congreso, la Fiscalía y los organismos anticorrupción deben hacer su trabajo y llegar al fondo de las denuncias. Ya no se desea más alcaldes sin castigo, además reelectos o en el gobierno estatal, tampoco más gobernadores que endeuden al estado, saqueen dependencias y se enriquezcan invirtiendo en ranchos, tierras y cabezas de ganado, tampoco legisladores y políticos que vivan entre lujos y derroche. Es necesario romper el escudo de impunidad. Los ciudadanos aplaudirían si algunos alcaldes, gobernadores, legisladores o funcionarios estuvieran detrás de las rejas. Viéramos, entonces sí, el renacimiento de una política de servicio, sin corrupción, ni impunidad.— Mérida, Yucatán
Profesor