Tiene más de setenta años. Sus manos, endurecidas por décadas de lavar ropa, hacer tortillas y trabajar la tierra, apenas podían sostener la puerta que intentaba cerrar mientras, del otro lado, su nieto, un muchacho de apenas dieciséis años, la golpeaba con una furia que ella jamás había visto. No gritaba como el niño que alguna vez corrió descalzo por el patio. Aquella voz era distinta. Los ojos que la miraban tampoco parecían los del muchacho que ella había criado desde que nació. Eran los ojos de alguien perdido, ausente, dominado por una fuerza capaz de borrar dieciséis años de cuidados, consejos y amor.
Cuando finalmente logró entrar a la vivienda, comenzó a destruir todo lo que encontraba a su paso. La anciana intentó calmarlo, pronunciando su nombre, recordándole quién era, abrazándolo en medio de la tormenta. La respuesta fue un empujón y, después, un objeto levantado para golpearla. Quienes llegaron a tiempo evitaron una tragedia que hoy lamentaríamos. Al día siguiente, él apenas recordaba lo sucedido; ella lo recordará mientras viva.
No es la escena de una serie de televisión, ni ocurrió en una ciudad lejana. Sucedió en mi pueblo y conmovió profundamente a quienes conocemos a esa familia. Esa historia volvió a mi memoria hace unos días, mientras leía una de esas noticias que se han vuelto cada vez más frecuentes: el aseguramiento de drogas en algún punto de Yucatán.
Me hizo pensar que detrás de cada decomiso hay mucho más que una nota policiaca. Hay familias que viven con miedo, jóvenes que están perdiendo el rumbo y comunidades que, poco a poco, comienzan a resquebrajarse.
Quienes crecimos en un pueblo sabemos que antes las preocupaciones eran otras. Se sufría cuando faltaba la lluvia para la milpa, cuando llegaba una enfermedad a la familia o cuando el dinero no alcanzaba para que los hijos siguieran estudiando. Había carencias, pero también existía una riqueza que nunca aparecía en las estadísticas: la fortaleza de la comunidad.
Las puertas permanecían abiertas, los vecinos conocían la historia de cada familia y los niños podían recorrer las calles hasta el atardecer sin que sus madres sintieran el corazón oprimido por el miedo. Los abuelos eran la memoria del pueblo; los maestros, la autoridad moral; la iglesia, la cancha y el parque eran lugares de encuentro. Nadie decía que la vida fuera fácil, pero nadie enfrentaba solo las dificultades.
Lamentablemente esa tranquilidad que alguna vez caracterizó a las pequeñas comunidades comienza a desvanecerse. Durante mucho tiempo pensamos que las adicciones eran un problema lejano, propio de las grandes ciudades. Sin embargo, esa percepción ha cambiado con una rapidez alarmante.
El consumo de drogas en nuestro estado, incluso en las pequeñas comunidades, registra uno de los incrementos más preocupantes de los últimos años, impulsado principalmente por el cristal, una metanfetamina altamente adictiva que se ha convertido en una de las principales causas de atención por consumo de sustancias en Yucatán. Lo más doloroso no es únicamente la presencia cada vez mayor de esta droga, sino descubrir que está llegando a edades más tempranas.
El problema de las drogas es que, además de la crisis social que generan, también provocan una crisis económica. Cuando una persona desarrolla dependencia, deja de ser únicamente ella quien enfrenta las consecuencias; toda la familia comienza a pagar la factura que deja.
Los recursos del hogar dejan de destinarse a la alimentación, a la educación o al ahorro para convertirse en dinero que desaparece alimentando una enfermedad. Cuando la adicción avanza, algunas personas venden sus herramientas, empeñan sus pertenencias, comprometen su patrimonio y, en casos graves, roban dentro de su propia casa. No porque hayan dejado de amar a su familia, sino porque la droga termina secuestrando su capacidad de decidir.
La otra factura llega después. Los tratamientos, la rehabilitación, las consultas médicas, los medicamentos y el acompañamiento psicológico representan costos que muchas familias no pueden afrontar. Hay padres que hipotecan su patrimonio para rescatar a un hijo, y abuelos que usan los ahorros de toda una vida para darle a un nieto la oportunidad de empezar de nuevo. Otras familias no tienen esa posibilidad y enfrentan el dolor de ver cómo la enfermedad avanza sin poder acceder a la atención que necesitan.
Las adicciones también generan costos que no aparecen en ningún presupuesto. Se pierde productividad, aumentan los problemas de salud, crece la violencia intrafamiliar, se incrementa la deserción escolar y disminuyen las posibilidades de un empleo digno. Cada estudiante que abandona la escuela representa talento perdido; cada trabajador que deja de producir es una oportunidad menos para su comunidad, y cada familia fracturada debilita el tejido social que durante generaciones sostuvo a nuestros pueblos.
Por eso, reducir el problema únicamente a un tema de seguridad pública sería un error. La seguridad es indispensable, pero llega cuando el daño ya comenzó. La verdadera prevención se inicia mucho antes.
Necesitamos escuelas capaces de detectar a tiempo problemas emocionales y de consumo, y que la salud mental deje de ser un privilegio para quienes pueden pagar un especialista y se convierta en un servicio accesible para todos. Necesitamos espacios deportivos, culturales y científicos donde los niños y adolescentes descubran talentos que den sentido a su vida, y familias fortalecidas para que no enfrenten solas esta batalla.
También necesitamos hablar del problema sin miedo y sin estigmatizar. Las adicciones no distinguen condición económica, nivel educativo ni lugar de residencia. Pero sí encuentran terreno fértil donde existen abandono, desesperanza, violencia o falta de oportunidades. Combatirlas exige mucho más que perseguir a quienes las distribuyen. Exige construir un proyecto de sociedad donde nuestros niños tengan más posibilidades de encontrarse con un libro que con una droga, con un entrenador que con un distribuidor, con un maestro que les inspire un sueño antes de que alguien les venda una ilusión que terminará arrebatándoles la vida.
Quizá esa sea la inversión pública y social más importante que podemos hacer. Porque rescatar a un joven de una adicción no significa únicamente salvar una vida; significa preservar una familia, proteger su patrimonio y devolverle a una comunidad la esperanza de que su futuro puede escribirse con educación, trabajo, y solidaridad.— Mérida, Yucatán
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Profesora Universitaria y Consultora Financiera