CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Las advertencias comienzan a hacerse realidad. Nos dijeron que podía suceder y las señales de alerta vuelven a encenderse. Por tercer trimestre consecutivo, Mérida queda fuera del “top ten” de las ciudades con menor percepción de inseguridad de México, aunque se mantiene debajo de la media nacional. Influyen la delincuencia organizada y los cambios en hábitos sociales.
El último reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Inegi), del 24 de julio pasado, muestra que la capital yucateca cayó en el segundo trimestre de 2026 del lugar 11 al 14 entre las urbes “más seguras”. En el primer trimestre, 33.7% de las personas dijeron sentirse inseguras en Mérida; al cierre de junio la cifra se elevó al 38.2%. Los temores se incrementan.
Como ocurre ya en muchos rincones del país, los meridanos reportan un aumento preocupante en cinco conductas antisociales o delitos: consumo de alcohol en la vía pública, robos o asaltos, vandalismo, venta y consumo de drogas, y disparos frecuentes con armas. Los datos indican un deterioro de la convivencia, reflejado en manifestaciones de desorden en el entorno inmediato.
El sondeo del Inegi sugiere que la inseguridad en México obedece a varios factores, entre los que destacan la delincuencia, la debilidad institucional, el deterioro urbano y las tensiones sociales (bit.ly/4htbo67). Por ello, para que la percepción negativa cambie no basta con reducir la criminalidad; también se requiere recuperar la confianza ciudadana y fortalecer el frágil Estado de derecho.
Desde 2018, con la llegada del obradorismo al poder, se han registrado en buena parte del país retrocesos o crecientes cuestionamientos en diversos ámbitos que inciden directamente en la percepción de inseguridad. Entre ellos destacan el debilitamiento de los contrapesos institucionales, la menor transparencia en la función pública y la persistente impunidad.
También resultan alarmantes el deterioro del Estado de derecho —como reflejan los informes del World Justice Project—, la expansión territorial del crimen organizado y la relación cada vez más conflictiva con la prensa libre. Resalta, sobre todo, la mayor polarización política, que dificulta la construcción de consensos, mina la confianza y debilita la deliberación democrática.
No contribuye al desarrollo democrático la incongruencia que caracteriza la narrativa del régimen. Aseguran que defienden la libertad de expresión, pero proponen reformas para ampliar el control sobre lo que se publica, con el supuesto argumento de la “protección de las audiencias” (bit.ly/451uqsI). Dicen estar abiertos al diálogo, pero se cierran a cualquier oposición que los ponga en evidencia.
Si se les exhibe con escándalos como el del huachicol fiscal —del que habrían salido hasta 600,000 millones de pesos para financiar campañas del obradorato—, se manipulan hechos y procesos judiciales para inculpar únicamente a sus opositores (bit.ly/4g6iL1T). Los señalamientos contra sus correligionarios rara vez prosperan y asumir responsabilidades no encaja en su retórica populista.
DETERIORO
Los estados de Michoacán, Colima, Sinaloa y Guanajuato ilustran con crudeza ese deterioro de la seguridad que no se detiene desde 2018. En los cuatro el desgaste fue gradual. De las primeras señales, como el narcomenudeo y el lavado de dinero, se pasó a una creciente infiltración del crimen organizado en las actividades económicas legales y a un aumento de la impunidad.
El debilitamiento institucional y el deterioro de la convivencia modificaron gradualmente los hábitos sociales. El miedo cambió la vida cotidiana y la violencia dejó de ser excepcional para comenzar a normalizarse. La mayoría de sus habitantes no advirtió que la seguridad no suele perderse de un día para otro. Los yucatecos tendríamos que tomar nota y no cometer el mismo error.
Yucatán continúa debajo de la media nacional, pero el deterioro incipiente en la percepción de inseguridad enciende las alarmas. Conviene prestar atención a factores como el acelerado crecimiento urbano, en particular en Mérida. La expansión sin una planeación suficiente, combinada con la corrupción en el otorgamiento de permisos, comienza a cobrar una cara factura.
También contribuyen a esa tendencia los crecientes flujos migratorios, que modifican hábitos y reconfiguran el tejido social. Delitos de baja intensidad, como el narcomenudeo, los robos, la extorsión y el consumo de drogas en la vía pública, son cada vez más visibles. La disminución de la confianza en las autoridades y la creciente polarización política agravan el problema.
El deterioro económico y la creciente informalidad laboral —sobre los que alertaron esta semana directivos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y la Cámara de Comercio de Mérida— se suman peligrosamente (bit.ly/4borzxw). No tendríamos que sorprendernos, ante el descarado crecimiento del clientelismo electorero, en detrimento del impulso al desarrollo productivo.
La seguridad no es un patrimonio permanente; requiere instituciones fuertes, desarrollo económico y una ciudadanía valiente que no normalice los primeros síntomas del deterioro. El mayor riesgo para Yucatán no sería un aumento puntual de la delincuencia, sino perder las condiciones institucionales y sociales que históricamente le han diferenciado del resto del país. El autoritarismo populista parece avanzar sin freno por todo México; la pérdida de seguridad ha sido una de sus consecuencias, como lo hemos visto desde 2018. Si disminuyen la transparencia, los contrapesos y la aplicación imparcial de la ley, se crean las condiciones para que prosperen la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. Tomemos nota.
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del texto?
El mensaje central del escrito es que la seguridad no se conserva por inercia ni se pierde de manera repentina; se erosiona gradualmente cuando se debilitan las instituciones, el Estado de derecho, el desarrollo económico y la convivencia social. Yucatán todavía mantiene mejores condiciones que la mayor parte del país, pero las recientes señales de deterioro en la percepción de inseguridad muestran que esa ventaja histórica no está garantizada.
El artículo sostiene que los primeros síntomas —mayor percepción de inseguridad, crecimiento del narcomenudeo, robos, desorden urbano, debilitamiento institucional, polarización, impunidad e informalidad económica— no deben normalizarse. La experiencia de estados como Michoacán, Colima, Sinaloa y Guanajuato demuestra que la pérdida de seguridad suele comenzar con cambios graduales que muchos ciudadanos subestiman hasta que el problema se vuelve estructural.
En el fondo, la columna plantea que la mejor política de seguridad no consiste únicamente en combatir la delincuencia, sino en preservar las condiciones que la hacen posible: instituciones independientes, transparencia, contrapesos democráticos, aplicación imparcial de la ley, desarrollo productivo y participación ciudadana. Su llamado final es preventivo: Yucatán aún está a tiempo de evitar el deterioro que han sufrido otras entidades, pero sólo si autoridades y sociedad actúan antes de que las señales de alerta se conviertan en una nueva normalidad.