CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Los escándalos de ineficiencia, tráfico de influencias y corrupción no paran, y el régimen no investiga o se resiste a informar con detalle sobre sus investigaciones. Encabezan la lista las obras oscuras, los supuestos vínculos con el crimen organizado y las redes de complicidad que habrían desviado miles de millones de pesos para financiar campañas políticas del obradorato.
En la semana que termina, se informó que el Tren Maya, obra emblemática de los caprichos del morenismo, sigue recibiendo millonarios subsidios, pues no logra ni remotamente los resultados previstos. Entre abril y junio pasados fueron 418 millones de pesos, 11% más que en el mismo período de 2025. Los ingresos cayeron 4% y las pérdidas ascendieron a 850 millones de pesos (bit.ly/4cVkLIi).
Iniciado sin los estudios ni la documentación técnica adecuados, el megaproyecto ferroviario tuvo en 2025 una pérdida operativa de casi 10 millones de pesos diarios. Con un costo final de 500,000 millones —más de tres veces lo originalmente presupuestado—, continúa necesitando recursos públicos pues sus ingresos cubren apenas una mínima parte de sus egresos.
En 2024 tuvo ingresos de 276 millones y gastos de 2,837, y la situación empeoró en 2025: los ingresos aumentaron a 542 millones, pero los gastos sumaron 4,191 millones, una pérdida de 3,649 millones. Junto con su “hermano” el Interoceánico, el Tren Maya sigue envuelto en un mar de dudas por los sobrecostos originales, en particular por los precios del balasto utilizado.
Investigaciones periodísticas no desmentidas denunciaron que empresas vinculadas con el tabasqueño Amílcar Olán, amigo cercano de los hijos del expresidente López Obrador, habrían vendido a la Sedena el balasto 70% más caro que otros proveedores del mismo insumo. Se asegura que las redes de corrupción llevarían a la banda del huachicol de “La Barredora”.
El régimen no investiga o no informa. A pesar de tratarse de obras que consumieron cientos de miles de millones de pesos del “pueblo”, una parte importante de la información financiera de esos proyectos permanece “reservada”, bajo argumentos de “seguridad nacional”. La “justificación” oficial: “por su ubicación estratégica y la naturaleza de los servicios que presta”.
Los tentáculos de “La Barredora” —que presidía el yucateco Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Adán Augusto López— llevarían también al “huachicol fiscal”, un megafraude de más de 600,000 millones que involucraría a las Aduanas, el SAT, Marina, la Sedena y otras autoridades. Los nombres de “Andy” y “Bobby” López Beltrán aparecen de nuevo.
“Todos los caminos llevan a Andy”, habría dicho un testigo protegido de la Semar, según se desprende de supuestas investigaciones de la FGR en torno a la red del huachicol fiscal. El abogado de los hermanos Farías Laguna, marinos involucrados en el caso, declaró esta semana que dos testigos mencionan a Andrés López Beltrán, a Adán Augusto López y a Amílcar Olán (bit.ly/4c7Cb4l).
“NO HAY PRUEBAS”
Días antes de su misteriosa “gripa” del viernes 21 de agosto, Claudia Sheinbaum salió una vez más en defensa del hijo de su mentor. La “indignación” era grande ante el “atrevimiento” de Estados Unidos de retirarle la visa a “Andy”. De acuerdo con los criterios de la Fiscalía, aseguró la presidenta, “no hay pruebas para proceder, no hay elementos para iniciar una investigación”.
Desde hace años existen audios, investigaciones periodísticas, fallos de la Auditoría Superior y solicitudes formales al Congreso para esclarecer la posible intervención de los López Beltrán en los supuestos fraudes de los proyectos ferroviarios y el huachicol fiscal. Sin embargo, no se sabe de una investigación penal exhaustiva. ¿Por qué no investigar hasta las últimas consecuencias?
Una investigación independiente, clara y documentada sería importante para confirmar responsabilidades o, por el bien de los involucrados, limpiar sus nombres. La ausencia o desconocimiento de una indagación convincente plantea un serio problema de credibilidad institucional. Los críticos hablan de protección política y el gobierno responde que “no hay pruebas suficientes”.
Claves en el avance del populismo morenista, las redes de tráfico de influencias suelen perdurar cuando los mecanismos destinados a combatirlas no funcionan adecuadamente. Destacaríamos las auditorías sin consecuencias, las fiscalías que no profundizan, la información reservada o las investigaciones que se detienen antes de llegar a quienes tienen mayor poder.
En Yucatán, por ejemplo, tendríamos que preguntarnos cómo han podido avanzar, al parecer sin freno, redes de complicidad como las de “La Barredora” de los hermanos Bermúdez Requena y sus supuestos vínculos con el “clan de los moches” del constructor Mario Millet Encalada, señalado como presunto financiero electoral del gobernador Joaquín Díaz Mena (bit.ly/4zxn7Xx).
LAS DUDAS
En medio de la incertidumbre por el “sorpresivo” retorno de Rubén Rocha al gobierno de Sinaloa, habría que preguntarse qué declarará Fernando Farías en México tras su extradición de Argentina y, sobre todo, qué le habrá declarado al FBI. ¿Confirmará los señalamientos sobre el supuesto involucramiento de “Andy” López en las turbias redes de financiamiento de Morena?
Mucho habrá de verse en los próximos días. Se vislumbra una fuerte escisión en el seno del obradorato, de consecuencias serias. Las presiones de Estados Unidos por los supuestos vínculos de renombrados morenistas con el crimen organizado parecen estar estirando la liga peligrosamente. Lo confirmaría Claudia Sheinbaum con su errático proceder esta semana.
Al margen de lo que emerja, los casos aquí analizados deberían llevarnos a una reflexión más profunda: ¿cuentan las instituciones mexicanas con suficiente independencia, información y capacidad para investigar hasta las últimas consecuencias? ¿Existe voluntad y decisión en el régimen morenista para llegar al último de los beneficiarios, así sea “Andy” López Beltrán?
La falta de transparencia más peligrosa no consistiría en esconder todo, sino en controlar quién investiga y debilitar las instituciones capaces de obligar al poder a rendir cuentas. En la antesala de las estratégicas elecciones de 2027, conviene reflexionar una vez más sobre el creciente debilitamiento de los contrapesos. Los daños están a la vista.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del escrito?
El mensaje central del texto es que el problema más grave no son únicamente las numerosas denuncias de corrupción, tráfico de influencias y posibles vínculos con el crimen organizado que alcanzan a personajes cercanos al poder, sino la incapacidad —o falta de voluntad— de las instituciones mexicanas para investigarlas de manera independiente, transparente y hasta sus últimas consecuencias.
El texto no plantea que los señalados sean culpables por anticipado. Por el contrario, sostiene que una investigación independiente permitiría determinar responsabilidades o limpiar sus nombres. Lo preocupante es que, cuando las sospechas se acercan a personajes poderosos del morenismo, aparecen auditorías sin consecuencias, información reservada, fiscalías que no profundizan y argumentos de que «no hay pruebas suficientes». De ahí la pregunta que sintetiza la columna: ¿quién protege a quién?
En un sentido más amplio, el escrito advierte que el debilitamiento de los contrapesos favorece la opacidad y la impunidad. Una democracia no depende solamente de que existan fiscalías, auditorías y organismos de control, sino de que tengan independencia y capacidad real para investigar al propio poder. Por eso, rumbo a las elecciones de 2027, el llamado implícito es a valorar y defender instituciones capaces de exigir cuentas a cualquier gobernante o grupo político, sin excepciones.