“Poderoso caballero es don dinero”.— Francisco de Quevedo
En la escuela nos enseñaron que quien pide prestado es porque no tiene. La administración estatal ha decidido enmendarle la plana a la aritmética elemental y demostrarnos que se puede pedir prestado y, al mismo tiempo, tener de sobra. Basta con contar con dos manos y procurar que una nunca se entere de lo que hace la otra.
Lo que sigue no es una denuncia, sino un ejercicio de ingeniería inversa: partir del resultado y reconstruir el cálculo que pudo producirlo.
Una mano pide, la otra firma
Con la mano izquierda, el gobierno del Estado tocó durante meses la puerta del Congreso. En diciembre de 2025 los diputados le negaron un crédito de 1,530 millones de pesos; en mayo de 2026 el proyecto regresó maquillado de agua potable, obra pública, movilidad y seguridad, y en agosto, por fin, obtuvo permiso para endeudarse hasta por 1,562 millones de pesos.
Hubo pomposas presentaciones ante empresarios, cálculos de deuda per cápita, discursos sobre responsabilidad financiera y la promesa solemne de que no habría nuevos impuestos. Todo muy republicano.
Con la mano derecha, en cambio, nadie tocó puerta alguna. El 13 de agosto de 2025, un año antes de que el Congreso concediera el préstamo, el Inccopy se comprometió a pagar a un particular 2,418 millones de pesos por la compraventa de terrenos.
Fueron sesenta y tres millones de anticipo, mensualidades de cinco millones hasta 2028 y una segunda operación con un banco privado que eleva el total escriturado a unos 2,800 millones.
Para ello no hubo ni votación, ni tribuna, ni gráfica per cápita, tan solo bastó un asiento en el Registro Público, que es donde a veces se guarda la verdad que no cabe en los boletines.
Se puede de hecho y hasta de facto, pedir prestado y tener de sobra, siempre y cuando una mano ignore a la otra.
La diferencia entre lo que se compró sin preguntar, y lo que se pidió casi suplicando, asciende a 856 millones de pesos, dicho de otro modo: el Estado se obligó a pagar por tierra bastante más de lo que tuvo que mendigar para obra pública.
Pero la historia tiene un epílogo generoso. El pasado 2 de octubre, seis de esos predios en Umán, 56.5 hectáreas que costaron 125 millones, fueron donados a la empresa Tren Maya, dicho con claridad: compramos para regalar.
El dictamen no traía avalúo, y el propio expediente revela que la solicitud de donación llegó antes que la compra: primero el pedido, luego la tienda.
Mientras tanto, en el mismo municipio, la Federación ha preferido expropiar, y a un campesino de Poxilá se le indicó defender su indemnización en una oficina de la Ciudad de México, como vemos: para unos, decreto; para otros, escritura.
Cinco hipótesis para una explicación
Como ingeniero, me resisto a creer que el absurdo sea método. Ensayemos, pues, explicaciones plausibles, de la más piadosa a la más incómoda.
1. La cortesía federal. El tren de carga Umán-Progreso es prioridad de Palacio Nacional, y expropiar genera amparos, protestas y fotografías incómodas. Comprar con dinero yucateco es rápido y silencioso. El estado paga, la Federación inaugura. Es la lealtad entendida como transferencia, por evitar llamarla zalamería.
2. La deuda que no se atreve a decir su nombre. Una compraventa a 36 meses con reserva de dominio es, en sustancia, un financiamiento. Compromete ingresos futuros igual que un crédito, pero tiene una virtud insuperable: no requiere mayoría calificada. Si la Ley de Disciplina Financiera tiene un punto ciego, aquí parece haberse localizado con precisión topográfica.
Es decir, el préstamo se discute en tribuna, mientras la mensualidad se paga en silencio.
3. La reserva territorial que nadie ha anunciado. Si lo donado costó 125 millones, ¿qué se compró con los otros 2,300? Quizá suelo para parques logísticos o para los anunciados Polos del Bienestar. Sería una decisión legítima y hasta visionaria. Pero la visión que no se comparte, se parece demasiado a la que conviene ocultar.
4. El precio. Se pagaron hasta 260 pesos/m2 por terrenos con valor catastral de $50/m2. Aunque el catastro suele ser menor que el valor de mercado, no se puede exigir a la ciudadanía que pague cinco veces más sin un avalúo publicado. Cinco veces el valor catastral puede ser justo, pero también puede no serlo. Para eso están los peritos, no los adjetivos. Hay que saber quién fue el perito en esta operación.
5. Que nadie haya sumado. Que las oficinas de créditos y escrituras no compartan ni pasillo ni calculadora, y que la contradicción sea descuido, no estrategia. Es la explicación más tranquilizadora y alarmante: un erario sin contabilidad integrada es un tanque con fugas que nadie mide.
Ninguna de estas hipótesis es una acusación; todas son preguntas y como tales, todas tienen respuesta documental: la relación completa de lotes adquiridos y su destino, los avalúos que sustentaron cada precio, la justificación de comprar en lugar de expropiar y el registro contable de esas mensualidades como obligación de largo plazo.
El Congreso, que tanto escrutinio dedicó al crédito, tiene ahora la oportunidad de demostrar que su rigor no era selectivo.
Gobernar con dos manos no es delito, lo inquietante es que la ciudadanía solo alcance a ver una.
Corolario
Lo que no se vota, igual se paga.— Mérida, Yucatán
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@alfonsoengineer
Consejo Mundial de Ingenieros Civiles (WCCE). Consejo Asesor