Como incorrecta, un despilfarro de recursos públicos y sospechas de un plan de negocio entre un empresario y el gobierno del Estado califica el doctor Othón Baños Ramírez, investigador social, político y académico de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), la operación de compra venta y donación de terrenos para un ramal del Tren Maya de carga.
Casi tiene la certeza que esta operación inmobiliaria oculta, que reveló el Diario, cuenta con la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque favorece al proyecto federal del Tren Maya, “que es un fracaso y un barril sin fondo de dinero público”.
El Diario publicó el pasado viernes 2 que el gobierno de Yucatán pactó el pago a plazos de 2,418 millones 526 mil 154 pesos al empresario José Antonio Loret de Mola Gómory por unos terrenos, operación que quedó al descubierto al indagar sobre la compra-venta de seis predios en Poxilá, municipio de Umán. El gobierno compró a Loret de Mola Gómory y a un banco privado esa superficie (los seis predios suman 56.5 hectáreas) en 125 millones 316 mil 505 pesos y luego la donó al Tren Maya de carga.
Políticamente incorrecto
Entrevistado sobre esta operación inmobiliaria y donación, Baños Ramírez considera que políticamente es incorrecto que el gobierno del Estado utilice recursos estatales para la compra de terrenos para una obra federal, y sin una transparencia plena, por lo que genera la sospecha de un posible plan-negocio entre funcionarios del gobierno con colusión y acuerdo de empresarios especuladores de la tierra en Yucatán.
Está casi seguro que el empresario beneficiario compró a precio casi regalado las tierras a los campesinos, habrá ejercido presión o recurrió a maniobras muy conocidas de empresarios especuladores de tierra para que los campesinos la vendiera y hoy, las revende a precio de oro.
“Esa es la verdad que pasa con las tierras ejidales”, sostiene.
“En el fondo de esta operación deja claro que no hay una defensa de los funcionarios de gobierno por el dinero que proviene de los impuestos. Los funcionarios se ponen en la lógica de los empresarios y pagan el precio que ellos fijan”.
El doctor en sociología señala que los funcionarios toman decisiones y pagan cantidades que no están del todo claro, pues no cree que esta decisión sea únicamente del gobernador Joaquín Díaz Mena.
“Los funcionarios no hacen el trabajo que deberían, de defender el patrimonio de los yucatecos”, indica.
“Vemos claramente el despilfarro del dinero público. Van a pagar esas cantidades millonarias por las tierras, pero finalmente lo pagarán todos los yucatecos con el dinero de los impuestos. Esta operación inmobiliaria no es clara y despierta sospechas”.
También dice que no está claro por qué el gobierno estatal debería de pagar esos terrenos necesarios para el Tren Maya de carga, “si todos sabemos es un proyecto federal”.
Planificación
El especialista recalca que el gobierno federal debió de hacer una planificación adecuada del proyecto antes, adquirir, contar con la tierra suficiente y los recursos para comprarla.
Esta donación de tierras demuestra que no hubo planificación o la planificación fue de muy mala calidad, ya que no previeron estas necesidades que surgirían con el desarrollo de la obra.
“No está claro por qué el gobierno tiene que apechugar y pagar por esas tierras que son necesarias y técnicamente está justificada, pero no está claro de dónde viene el recurso que usan para el pago. Por el monto elevado (poco más de $2,418 millones) el gobernador debe explicar a los ciudadanos en qué se basó para tomar esa decisión”.
“De manera formal, en el ámbito del gobierno, lo que debió de hacer el gobernador es informar al Congreso del Estado para que la ciudadanía se entere porque no se está gastando cinco centavos, es una millonada, debió someterlo a aprobación de los legisladores”, insiste.
“La lógica que usan es que toman la decisión y después explican con cualquier cantidad de ideas que les venga a la cabeza”.
El doctor Baños Ramírez manifiesta que esta decisión política del gobernador seguramente contó con la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo porque están de por medio los gobiernos estatal y federal, es una cantidad de dinero muy grande y es en beneficio de un proyecto emblemático de la 4T.
“La 4T sigue metiendo dinero al Tren Maya. Es un dinero que no tiene futuro, se gasta como ya sabemos todos”, indica.
“Por los reportes, sabemos que el Tren Maya es un proyecto fallido, que no tiene rentabilidad, va arrastrando un gran déficit anual y cada año aumenta”.
“Lo mismo le espera al Tren Maya de carga. No hay más que promesas, no tiene la factibilidad de que con esa variante de carga vaya a superar ese déficit que le hace perder muchísimo dinero”, reitera. El dinero que se mete al proyecto, finalmente es un dinero que no se va a recuperar, es mal gastado y lo vamos a pagar el pueblo con nuestros impuestos”.
El entrevistado subraya que el gobernador le debe una explicación a los yucatecos de esta operación inmobiliaria, que parece no tiene sentido, sobre todo por el elevado precio que pagó por esos terrenos.
Recuerda que en la nota periodística se indica que los terrenos fueron adquiridos a precios catastrales, pero en esta operación comercial el gobierno pagó cuatro o cinco veces más del precio fijado por el Catastro y por ello son cantidades millonarias.
“Proyecto fracasado”
“Fue un mal negocio del gobierno. Parece que hacen las cosas por intereses privados, que por interés público. Ese pago debió hacerlo el gobierno federal, no el estatal. Es un dinero que se ingresa a un barril sin fondo. No se justifica”.
“Se debió invertir en cosas más productivas y útiles para los yucatecos. Que la federación impulse proyectos que favorezcan el desarrollo de Yucatán, no como el Tren Maya que prometen las perlas de la virgen, pero en la realidad no se ve posibilidades de que contribuya al desarrollo. El Tren Maya es un proyecto fracasado, lo advirtieron los especialistas que iba a fracasar y se está viendo”.
“El Tren Maya de carga tampoco es la solución y tampoco proyectará a Yucatán a nivel nacional o internacional. Todo esto es un cuento para justificar esos cuantiosos gastos, que es el gran negocio de funcionarios con empresarios privados”, enfatiza.
Se le pregunta la importancia que el gobierno estatal haga públicos los avalúos, contratos y diga el criterio que utilizó para pagar el precio de los terrenos.
En su opinión, sí es muy importante que el gobernador de un informe amplio, claro, detallado de esa operación inmobiliaria, porque los yucatecos necesitan saber de dónde salió todo ese dinero para la compra de los terrenos, aunque lo ve poco probable porque gobierno y Congreso del Estado lo domina el partido Morena.
“Estilo de la 4T”
Incluso ni hay esperanzas que la oposición exija transparencia en esta transacción comercial porque el partido fuerte de oposición, que es el PAN, apoyaron la aprobación del crédito millonario del gobierno morenista.
“Es el estilo de la 4T, no hay transparencia en este tipo de operaciones”, reitera el especialista.
“Esta operación inmobiliaria no es clara y despierta sospechas. No está claro por qué el gobierno tiene que pagar por esas tierras que son necesarias y técnicamente está justificada, pero no está claro de dónde viene el recurso que usan para el pago. Por el monto elevado (poco más de $2,418 millones), el gobernador debe explicar a los ciudadanos en qué se basó para tomar esa decisión”.