CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
“Ciudadano, escucha, esta es tu lucha”. “No te vayas a enfermar, no tenemos material”. Por todo México, miles de voces protestan por las carencias y la corrupción en los servicios de salud que prestan el IMSS y otros organismos del gobierno. El régimen intenta minimizar las protestas, pero finalmente da marcha atrás y pide una nueva revisión de propuestas sindicales.
Médicos, enfermeras y otros trabajadores del Seguro Social denuncian que la falta de insumos y medicamentos, así como la sobrecarga de trabajo, perjudican la atención a millones de derechohabientes (bit.ly/3TNImEO). La crisis se profundiza y la presidenta Claudia Sheinbaum se resiste a reconocer su gravedad. Las elecciones de 2027 se acercan y el gobierno tiene motivos para preocuparse.
Las crecientes inconformidades de la población mexicana amenazan con cobrar factura en las urnas el próximo año. La inseguridad, el aumento del costo de la vida, las deficiencias de los servicios públicos, la corrupción, la falta de oportunidades económicas y la distancia entre las promesas del gobierno y los resultados que perciben los ciudadanos encienden las alertas.
Encuestas dadas a conocer en septiembre pasado indican que la inseguridad, la corrupción, la economía y la salud son las principales preocupaciones de los votantes potenciales. El 87% considera que hay mucha o regular corrupción, el 43% percibe un deterioro de los servicios de salud y el 56% estima que el obradorismo no ha cumplido con el combate a la impunidad.
Las protestas han sacado a la luz temas que el régimen mantenía en la sombra. Según reporta México Evalúa, el gasto real en medicamentos de los hogares cuyo jefe está afiliado al IMSS creció 98% entre 2018 y 2024. En el último año de gobierno de AMLO, solo el 45.9% de los derechohabientes recibió atención médica. Los demás tuvieron que acudir a la consulta externa.
El sector patronal, que aporta una parte importante de los recursos que sostienen al Seguro Social, advierte que las cuotas de empresas y trabajadores se reflejan cada vez menos en la calidad de los servicios. Exige transparencia sobre el desabasto de medicamentos y denuncia que las carencias obligan a numerosas familias a buscar atención médica fuera de la institución.
Millones de mexicanos que reciben apoyos económicos directos del gobierno comienzan a caer en la cuenta de que esos apoyos se logran gracias a un debilitamiento de las finanzas públicas y a un declive en la calidad de los servicios, comenzando con los de salud. La inconformidad crece y al régimen ya no le alcanza para seguir fortaleciendo el clientelismo que lo sostiene.
Ante el débil crecimiento económico y el escaso impulso a la productividad, el gobierno sigue aumentando la deuda pública, que llegaría a finales de 2027 a 21.7 billones de pesos, más del doble que al inicio del obradorato. Como porcentaje del PIB, se alerta que pasaría del 28.2% en 2006 al 61.2% en 2030 (bit.ly/4zIt6Za). Crece el endeudamiento, pero se castiga la inversión en infraestructura.
GASTO CRECIENTE
Las calificadoras internacionales también reaccionan. Esta semana, HR Ratings rebajó nuevamente la calificación soberana de México. Las razones: el creciente deterioro fiscal, las menores expectativas de crecimiento y el aumento de la deuda (bit.ly/4Belb7j). Se advierte que el esfuerzo del gobierno para reducir el déficit resulta insuficiente ante un gasto que crece más que la recaudación.
México Evalúa afirma que el pago de intereses de la deuda —que llegaría a 1.6 billones de pesos en 2027— superaría el gasto para el sector salud el próximo año y reduciría los recursos disponibles para invertir en infraestructura. “La deuda asfixia al país”, publicó ayer el Diario. Y a esa expresión le agregaríamos: “pero es un tanque de oxígeno electoral para el obradorato” (bit.ly/4dJfAMa).
También asfixian a México la corrupción y la impunidad. Basta considerar el caso del huachicol fiscal, cuyo daño estimado a las finanzas públicas podría acercarse a 700,000 millones de pesos —equivalentes al 44% del gasto anual del IMSS—. Con esos recursos sería posible mejorar sustancialmente la infraestructura, el equipamiento y la capacidad de atención del Seguro Social.
¿Por qué se resiste el obradorismo a reconocer abiertamente las deficiencias en los servicios de salud? ¿Por qué se niega a esclarecer denuncias como las de los desvíos millonarios que favorecerían al denominado “gobierno paralelo” en Yucatán o las inconsistencias en recientes compras de tierras en Umán, destinadas en parte a donaciones para el improductivo Tren Maya (bit.ly/4zBMjeG)?
Frente al deterioro económico, la opción parece ser el blindaje de una narrativa que presume eficacia gubernamental y asegura proteger los derechos del “pueblo”. Las multitudinarias protestas de trabajadores del IMSS plantean cuestionamientos que ponen en duda ese discurso. Reconocer errores en vísperas de las elecciones de 2027 podría tener un elevado costo político.
El régimen luce nervioso. Parece confiado en la popularidad que atribuye a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero protestas como las de los trabajadores del IMSS muestran que los ciudadanos pueden respaldar personalmente a la mandataria y, al mismo tiempo, desaprobar deficiencias concretas de la administración pública. La inconformidad comienza a hacerse visible.
¿Hasta dónde la creciente asfixia puede traducirse en un voto de castigo en las urnas? El régimen y la oposición tendrían que reflexionar seriamente. El clientelismo podría estar encontrando sus límites y la inconformidad ciudadana por la corrupción y la ineficiencia podría terminar cobrando factura. Mucho está por verse antes de las elecciones de 2027.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del escrito?
El mensaje central de «La asfixia del bienestar» es que la popularidad de un gobierno y los apoyos económicos que distribuye no bastan para garantizar el respaldo ciudadano cuando se deterioran los servicios públicos, crece el endeudamiento y persisten la corrupción y la impunidad. El bienestar no puede sostenerse únicamente mediante transferencias de dinero; requiere servicios de salud eficientes, finanzas públicas responsables, inversión productiva y oportunidades reales de desarrollo.
El escrito advierte que las crecientes inconformidades sociales, ejemplificadas por las protestas de los trabajadores del IMSS, ponen en evidencia la distancia entre las promesas oficiales y los resultados que perciben los ciudadanos. Plantea que la resistencia del régimen a reconocer deficiencias y esclarecer irregularidades podría responder al costo político de admitir errores cuando se aproximan las elecciones de 2027.
La advertencia de fondo es que el respaldo personal a Claudia Sheinbaum no garantiza una aprobación incondicional de su gobierno. Los ciudadanos pueden apoyar a la presidenta y, simultáneamente, rechazar la corrupción, la ineficiencia y el deterioro de los servicios públicos. Si esas inconformidades se profundizan, podrían tener consecuencias electorales, aunque su alcance todavía es incierto.
En síntesis, el escrito cuestiona la sostenibilidad de un modelo de bienestar que privilegia las transferencias económicas mientras enfrenta crecientes presiones fiscales y deficiencias en servicios esenciales, y plantea que la confianza ciudadana depende también de resultados concretos, transparencia y rendición de cuentas.