Francisco Javier Rodríguez Vadillo (*)
Hay palabras que, de tanto pasearlas por los balcones del poder, terminan perdiendo su significado. Bienestar es una de ellas. Florece en discursos y carteles, pero cuando un enfermo no encuentra medicinas y una familia empeña hasta la fe de confirmación para pagar una operación, la realidad tiene la descortesía de desmentir al orador.
Dos artículos recientes de Diario de Yucatán, “La asfixia del bienestar”, de Carlos R. Menéndez Losa, y “Cuando la salud se convierte en deuda”, de Marisol Cen Caamal, exhiben una paradoja dolorosa: el Estado promete proteger a los desvalidos, mientras sus carencias pasan la factura a quienes menos tienen.
El mesías tropical de Macuspana prometió transformar la salud pública. Sustituyó el Seguro Popular por el Insabi y, tras sus dificultades, lo reemplazó con IMSS-Bienestar. Tres modelos en pocos años: muchos bautizos institucionales y una pregunta pendiente: ¿cuándo llegaremos a Dinamarca? Culpar eternamente al pasado parece una coartada con demasiadas prórrogas. A este paso, el neoliberalismo responderá hasta por los mosquitos y las lluvias de octubre.
Gobernar significa asumir responsabilidades, no administrar excusas. Y cuando la promesa es salud para todos, las estadísticas deberían empezar por el paciente que vuelve a casa sin tratamiento.
El nuevo Hospital O’Horán despertó expectativas legítimas. Sin embargo, las denuncias de pacientes y trabajadores sobre falta de medicinas, personal e insumos merecen respuestas verificables. Un hospital no se justifica por su monumentalidad arquitectónica, sino por su capacidad para aliviar el sufrimiento. La enfermedad desconoce colores partidistas. Cuando el Estado incumple, la factura llega puntual: esa sí nunca falta a la cita.
Conviene distinguir: Yucatán conserva un patrimonio institucional valioso, su tranquilidad social. La Secretaría de Seguridad Pública, dirigida por el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda a través de distintas alternancias, ilustra la importancia de la continuidad profesional. Nuestra seguridad merece capítulo aparte.
En otros servicios, el ciudadano tiene menos fortuna. Doña Josefina expresó frente a la Japay su malestar por la falta de respuestas sobre su medidor y su factura. Para cobrar, ciertas oficinas encuentran el camino; para contestar, todavía buscan la brújula. ¡Mare, qué paciencia la de doña Chepina, neé!
Las reformas judiciales y la desaparición de organismos autónomos de transparencia suscitan un debate legítimo sobre los contrapesos. Sus defensores hablan de democratización; sus críticos, de concentración del poder. La cuestión es que fiscalizar no exija pedir permiso al fiscalizado. Una mayoría electoral no es un cheque en blanco.
América Latina muestra procesos diferentes. Argentina, con Javier Milei; Chile, con José Antonio Kast; Perú, con Keiko Fujimori, y Bolivia, con Rodrigo Paz, vivieron cambios políticos en contextos distintos, incluidos desgastes de gobiernos de izquierda. Brasil afronta una segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Su resultado renovará el debate sobre el Foro de São Paulo. Los mitos revolucionarios, incluido el del Che Guevara, requieren examen histórico, no veneración automática: una camiseta no constituye programa de gobierno.
En 2027, Yucatán renovará 106 ayuntamientos y 35 diputaciones locales. La gubernatura no estará en disputa; sí el desempeño de quienes administran y supervisan recursos. La oposición deberá documentar irregularidades, vigilar las reglas electorales y presentar alternativas verificables. La indignación llena plazas; por sí sola, no administra hospitales. Ni los sermones sustituyen una receta.
También merece escrutinio la relación entre dinero y política. Central 9, de Diario de Yucatán, publicó señalamientos sobre la influencia atribuida al empresario Mario Millet Encalada en contratos públicos. Son afirmaciones que exigen contraste, no sentencias anticipadas. Aportaciones electorales, adjudicaciones y eventuales conflictos de interés requieren transparencia. Hablar de un supuesto gobierno paralelo exige pruebas; permitir que semejantes dudas permanezcan sin respuesta tampoco fortalece la confianza pública.
El gobierno estatal debe responder por sus atribuciones, y la Federación por las suyas. Tren Maya, Corredor Interoceánico, Dos Bocas y los aeropuertos AIFA y Tulum exigen evaluar costos, subsidios y beneficios. Una inauguración no equivale a rentabilidad. Tampoco cabe condenar cada obra sin examinar su utilidad social. Para eso existen auditorías y cuentas públicas. Una obra faraónica puede impresionar por sus dimensiones, pero ni el concreto ni el acero garantizan, por sí solos, justicia social. Mientras tanto, los hospitales necesitan medicinas, personal y salarios dignos. ¡Solo faltaría esperar dividendos ferroviarios para surtir una receta! “¡Maa’, me están craneando!”, diría algún paisano.
Tampoco la alternancia obra milagros. Sustituir funcionarios preparados por el compadre, el pariente del secretario o el elegido mediante dedazo sería cambiar el letrero del hospital y dejar intacta la sala de espera.
¿Sirven nuestras instituciones al ciudadano o sostiene el ciudadano sus deficiencias? El bienestar no nace de un eslogan; la confianza no se hereda y los votos jamás constituyen escrituras de propiedad sobre el poder.
En Yucatán, donde las piedras de Chichén Itzá han visto pasar imperios y gobernantes, conviene recordar que las promesas se olvidan antes que las decepciones. ¡Mare, si lo sabremos!— Mérida, Yucatán
Expresidente del Colegio Yucateco de Arquitectos, A. C.