Las masacres escolares se repiten, el país llora y la pregunta sigue sin respuesta ¿por qué no logran detenerlas?
Hay tragedias que deberían cambiar el rumbo de una nación. Deberían obligar a sus gobernantes a detenerse, revisar sus errores y tomar decisiones que estuvieran a la altura del dolor de sus ciudadanos.
Sin embargo, en Estados Unidos, las masacres escolares parecen condenadas a repetirse dentro de un ritual que ya resulta insoportable.
El ataque, las víctimas, las familias destrozadas, las declaraciones de solidaridad, el debate político y, finalmente, el regreso a una normalidad que nunca debería ser normal. Hasta que ocurre la siguiente tragedia.
El ataque del 15 de octubre en una escuela primaria de Bend, Oregón, vuelve a poner esta realidad frente al mundo.
Cuatro personas murieron: tres niños de 5, 8 y 11 años, y un maestro. Otras dos personas resultaron gravemente heridas. El presunto agresor tenía apenas 16 años.
No son estadísticas. Son vidas que apenas comenzaban, familias que jamás volverán a ser las mismas y una comunidad obligada a enfrentar una pregunta que ningún padre debería hacerse.
¿Están seguros nuestros hijos cuando los dejamos en la escuela? La tragedia ocurrió. Lo que todavía está por esclarecerse son sus causas inmediatas y las circunstancias que permitieron el ataque.
Pero hay una pregunta más amplia que Estados Unidos lleva décadas intentando responder: ¿por qué continúa siendo tan difícil prevenir estas matanzas?
Las armas no pueden quedar fuera de la discusión
No existe una explicación única para los tiroteos escolares. Intervienen factores individuales, familiares, sociales y comunitarios.
No todos los agresores tienen la misma historia ni todos los ataques responden a los mismos motivos.
Culpar de manera general a la salud mental, por ejemplo, no explica el fenómeno y estigmatiza injustamente a millones de personas.
Pero reconocer la complejidad no significa evadir lo evidente: cuando una persona con intención de matar consigue acceso a un arma de fuego, las consecuencias pueden ser devastadoras.
En Estados Unidos, el debate sobre las armas está atravesado por una profunda división acerca de los derechos individuales, la seguridad pública y el alcance de la regulación.
Sin embargo, la discusión no puede reducirse a una disputa ideológica mientras las escuelas continúan enfrentando amenazas.
Un estudio publicado en el Journal of School Violence encontró una asociación entre leyes estatales sobre armas más permisivas, mayores niveles de posesión de armas y tasas más elevadas de tiroteos en escuelas de educación básica y secundaria.
La asociación no explica por sí sola cada ataque, pero constituye evidencia que las autoridades deben tomar en cuenta al diseñar medidas de prevención.
La pregunta, entonces, no es únicamente quién cometió el crimen. También es cómo consiguió el arma, qué controles existían, si hubo señales de alerta y qué pudo haberse hecho para impedir que la violencia llegara hasta los niños.
Cuando la prevención falla, no basta con investigar las consecuencias. Hay que investigar las fallas.
Una escuela no debería ser un campo de batalla
Resulta profundamente perturbador que la seguridad escolar estadounidense deba contemplar protocolos para responder a ataques armados.
Prepararse para una emergencia es necesario; aceptar que el miedo forme parte de la experiencia educativa es otra cosa.
Los niños deberían preocuparse por aprender a leer, descubrir las ciencias, hacer amigos y jugar durante el recreo. Los maestros deberían concentrarse en enseñar.
Las familias deberían poder despedirse de sus hijos cada mañana con la confianza elemental de que regresarán a casa.
Ninguna sociedad puede garantizar que jamás ocurrirá un acto de violencia. Pero sí tiene la obligación de reducir los riesgos, actuar ante las amenazas y corregir las condiciones que facilitan las tragedias.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han señalado que, en numerosos homicidios escolares estudiados, las armas procedían del hogar o de familiares y conocidos.
Y esa afirmación constituye “per se” un hecho horrible. Sin calificativo propio para adjudicarle. Las armas a disposición de niños y jovenes.
También encontraron señales de advertencia en una parte importante de los casos analizados. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de un conjunto de medidas.
Almacenamiento seguro de las armas, prevención temprana, canales para comunicar amenazas, atención a los estudiantes en dificultades y coordinación entre familias, escuelas y autoridades.
No se trata de convertir cada escuela en una fortaleza ni de vivir bajo sospecha permanente. Se trata de impedir que una amenaza prevenible termine en una tragedia irreversible.
El costo de la parálisis
Cada nueva masacre reactiva una discusión que Estados Unidos conoce demasiado bien. Un sector insiste en reforzar el derecho a poseer armas; otro reclama mayores restricciones y controles.
En medio de esa confrontación, la prevención debería ser el terreno común sobre el cual construir soluciones verificables.
Las diferencias políticas son legítimas. Lo que no puede aceptarse es que se conviertan en una excusa para no evaluar las medidas disponibles.
No corregir sus deficiencias o no actuar cuando la evidencia señala riesgos concretos se convierte ya en un acto criminal.
La responsabilidad pública no se mide por la solemnidad de los discursos pronunciados después de una tragedia. Se mide por la capacidad de evitar la siguiente.
Eso exige transparencia en las investigaciones, evaluación de las leyes, protección efectiva de los menores, atención a las señales de riesgo y seguimiento de los resultados.
Exige, además, reconocer que las medidas de seguridad, por sí solas, no sustituyen la prevención de la violencia en los hogares y las comunidades.
La violencia armada fue declarada una crisis de salud pública por el director general de Salud Pública de Estados Unidos en 2024.
El reconocimiento es importante, pero un diagnóstico institucional no basta: debe traducirse en acciones sostenidas y evaluables. Porque cada año de inacción tiene un costo humano que ninguna declaración puede reparar.
La indignación no puede durar solamente un día
También es necesario decirlo: Estados Unidos no es una sociedad uniforme ni sus ciudadanos son responsables colectivamente de los actos de un agresor.
Millones de estadounidenses rechazan la violencia, acompañan a las víctimas y trabajan para proteger a sus comunidades. Precisamente por eso, la persistencia del problema resulta tan dolorosa.
Un país con instituciones sólidas, universidades de primer nivel, enormes capacidades científicas y recursos para investigar sus problemas debería poder convertir ese conocimiento en una estrategia más eficaz de prevención.
No existe una solución mágica. Tampoco sería serio prometer que una sola ley, una sola medida de seguridad o un solo programa eliminará todos los ataques.
Pero la complejidad no puede confundirse con impotencia. Hay decisiones que deben tomarse, resultados que deben medirse y errores que deben corregirse.
Y hay una obligación moral que debería estar por encima de cualquier cálculo político: proteger la vida de los niños.
La noticia de Bend volverá a desaparecer de los titulares. Las cámaras se marcharán. Las declaraciones oficiales serán sustituidas por otras noticias.
Pero las familias que perdieron a sus hijos no podrán pasar la página como si nada hubiera ocurrido. Para ellas no habrá regreso a la normalidad.
Por eso, la pregunta no debe ser solamente cómo ocurrió esta masacre, sino qué cambiará para impedir que otra familia atraviese el mismo infierno.
¿Cuántos niños más? ¿Cuántas escuelas más? ¿Cuántas familias tendrán que aprender a vivir con una ausencia imposible de llenar?
Una nación no puede medir su fortaleza únicamente por su poder económico, militar o tecnológico. También debe medirla por su capacidad de proteger a quienes dependen de ella.
Estados Unidos tiene derecho a debatir sobre sus leyes, sus libertades y sus diferencias. Pero sus niños tienen derecho a algo todavía más elemental:
—Aprender sin que la posibilidad de una matanza se convierta en una preocupación cotidiana.
—Llorar a las víctimas es un deber humano. Evitar que haya nuevas víctimas es una responsabilidad pública.
—Y cuando una tragedia se repite durante décadas, la pregunta ya no es solamente por qué ocurrió.
—La pregunta es qué impide que, por fin, se haga todo lo necesario para evitar la siguiente.
Y es que, en los últimos cinco años más de 12,000 niños y jóvenes han muerto por heridas de armas de fuego en este país, siendo este el principal motivo de fallecimiento en la población infantil y adolescente de 1 a 19 años.
En sus hogares son del 75 al 85% de ellos. En sus colegios, lo cual es muchísimo más mediático, representan menos del 2% del total de homicidios en el país.
En 2025 se estimaron alrededor de 70,000 muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. La mayoría de las víctimas eran adultos entre 18 y 44 años.
Todo tipo de drogas, armas, violencia intrafamiliar, y desde luego alcohol. El señor Trump tendría que mirar un poco mas hacia adentro de su país antes de seguir hablando solo del fentanilo que llega desde México.— Valle de Bravo, Estado de México
Abogada y escritora