Predios, castigos y la corrupción, entre otros temas
CIUDAD DE MÉXICO.— La corrupción y la impunidad fueron temas centrales en el primer debate presidencial, de modo que algunas de las frases de los candidatos presidenciales fueron analizadas por “Verificado MX” para revisar su autenticidad.
Por ejemplo, José Antonio Meade mencionó que “el patrimonio de Andrés Manuel López Obrador no refleja tres departamentos que sí están en el Registro Público de la Propiedad”, los cuales se encuentran en Ciudad de México y no figuran en la declaración patrimonial que el candidato de Morena hizo en abril de 2016.
Uno de los inmuebles era de la esposa de López Obrador, pero lo vendió. Los otros dos se los cedió a uno de sus hijos, pero sigue a nombre del tabasqueño.
Se trata del departamento 102 en la Calle Heriberto Frías 1519, de la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México; y de dos departamentos en los números 301 y 302 de la calle Odontología 57, en la delegación Coyoacán, también de la capital mexicana.
Ninguna de estas propiedades figura en la declaración patrimonial que López Obrador hizo pública en abril de 2016.
El primer caso se trata de un departamento que era propiedad de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, quien a su vez se lo vendió a Julio Scherer Ibarra, abogado de López Obrador y coordinador territorial de Morena en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Así consta en el documento con número de folio real 9056296 inscrito en el Registro Público de Comercio.
De acuerdo con este documento, Beatriz Gutiérrez Müller compró ese departamento en mayo de 2002, cuando aún no era esposa del candidato de Morena. El primer aviso de venta de Beatriz Gutiérrez a Julio Scherer se registra en diciembre de 2015, ya como esposa del tabasqueño. Y en agosto de 2017 la compraventa queda formalmente registrada ante notario.
En cuanto a los departamentos adyacentes 301 y 302 de la calle Odontología 57, se trata de dos propiedades que reveló el diario estadounidense The Wall Street Journal en una nota publicada en abril de 2016, en la que documentó que los inmuebles no habían sido incluidos en la declaración pública de bienes de López Obrador.
El WSJ corrigió el texto el 7 de noviembre de 2016 y señaló que López Obrador había transferido los dos departamentos a uno de sus hijos en 2005, aunque el título de propiedad sigue a nombre del tabasqueño. En la primera versión del artículo, explica el diario, se decía que esos departamentos no aparecían en la declaración patrimonial del candidato.
Tras la publicación del artículo, en noviembre de 2016 el abogado de López Obrador presentó copias de los títulos de propiedad en los que se indica que el exjefe de gobierno transfirió el 50% que le correspondía a su hijo Andrés Manuel en 2005.
Sin embargo, López Obrador aún figura como propietario de los inmuebles, de acuerdo con las actas con número de folio real 613504 y 613505, respectivamente, que están disponibles en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México.
César Yáñez, vocero de Morena, explicó en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, que López Obrador aún aparece como propietario de los dos inmuebles porque se encuentran en un juicio testamentario. En 2003, Rocío Beltrán, primera esposa de López Obrador, murió sin dejar testamento, por lo que la cesión de derechos de las propiedades a sus hijos están en litigio, señaló Yáñez.
El vocero de López Obrador dio esta entrevista en septiembre de 2016. Y más de un año y medio después, en abril de 2018, las propiedades aún figuran a nombre del candidato de Morena, según los documentos que constan en el Registro Público de la Propiedad.
Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, dijo que “necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público, eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos… hay que presentar una iniciativa para que aprueben esta sanción”. Este castigo está prohibido por el artículo 22 de la Constitución y es incompatible con tratados internacionales de los que México forma parte, por lo que la frase es ridícula.
La sanción propuesta por el candidato presidencial contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual prohibe en su artículo 22“las penas de muerte, de mutilacioÌn, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales”.
Al mismo tiempo, actos como la mutilación están prohibidos por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, mismos que el Estado mexicano está obligado a cumplir; lo que se reforzó a partir de 2011, con la reforma constitucional en la materia.
La prohibición de utilizar la mutilación, la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes se ha reconocido desde hace décadas. Esto se encuentra señalado en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que México se sumó en 1981.
En el mismo sentido está la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU), del cual México forma parte desde 1986. Esta convención obliga a los Estados participantes prohibir “actos que constituyan tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
También, la Organización de los Estados Americanos (OEA) entiende en la ConvencioÌn Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, firmada por el gobierno mexicano en 1987, que la tortura también son “métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física”.
“Mochar las manos”, como sugirió el quinto y último candidato en sumarse a la contienda por la presidencia de México, requeriría no solo una reforma legal, sino que implicaría realizar reformas constitucionales, además de desconocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México es parte.
López Obrador aseveró: “La corrupción es el principal problema de México”, sin embargo es falso, ya que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig), que se levanta cada dos años desde 2011, en realidad la inseguridad y delincuencia se ubican en primer lugar.
En las encuestas de 2015 y 2017, la corrupción está en segundo lugar, luego de desplazar al “desempleo”, que estaba en esa posición en 2011 y 2013.
El objetivo de la ENCIG es recabar información sobre la percepción de la población respecto de los trámites y servicios públicos de todo tipo, y reporta resultados cada dos años.
José Antonio Meade señaló: “…Hacienda, el SAT, el propio INE tienen que estar metidos en el combate a la corrupción, eso no se ha hecho. Y todos los contratos deben ser transparentes, eso se hizo un mes antes de que yo saliera de la Secretaría de Hacienda”, aunque las contrataciones que realizan las dependencias gubernamentales son públicas y están a disposición de los ciudadanos desde el 9 de noviembre de 2017, cuando él aún era titular de Hacienda, los contratos abiertos no fueron su iniciativa y tampoco se transparentaron todos. Su frase es engañosa.— Animal Político
Su aplicación en distintas dependencias y entidades gubernamentales fueron producto de un largo proceso cuya iniciativa no fue propuesta por el ahora candidato. El origen de la iniciativa fue un esfuerzo global para crear gobiernos abiertos en el 2012 y el gobierno de Enrique Peña Nieto la retomó como parte de la Estrategia Digital Nacional, la cual tenía como uno de sus pilares la transparencia a través de Gobierno Abierto.
La Estrategia Digital Nacional arrancó el 25 de noviembre del 2013. En marzo del 2017 se firmó una alianza entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado con el fin de diseñar un Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, en la que se discutieron los términos, así como las cantidades máximas y mínimas para poder denominar un contrato como abierto.
De acuerdo con Eduardo Bojórquez, director de Transparencia Mexicana, la iniciativa de Contratos Abiertos es de carácter global, inició en el 2012 y en México fue es impulsada por la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el INAI y Transparencia Mexicana.
“En esta administración se subieron sets de datos de presupuesto y contratos del gobierno central. No es la totalidad de los contratos del gobierno”, aclaró a Animal Político.
“Se integraron las bases de datos de transparencia presupuestaria y CompraNet buscando cumplir con el estándar de datos de Contrataciones Abiertas. No es la totalidad de los contratos del gobierno federal”, dijo el director de Transparencia Mexicana.
Esta “cuota” de datos, están obligados por el gobierno federal.
De acuerdo con el artículo 14 del PEF2018 “las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría, en los términos que ésta determine, la información relacionada con los contratos que impliquen la erogación de recursos públicos, la cual será pública, en formato de datos abiertos, a través del Portal de Transparencia Presupuestaria”.
Es aquí donde la Secretaría de la Función Pública se coordina con la SHCP para integrar la información al sistema CompraNet.