CIUDAD DE MÉXICO.- Dos figuras relevantes del oficialismo mexicano, el senador Adán Augusto López Hernández y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrentan investigaciones abiertas en Estados Unidos.
Esto de acuerdo con la columna “Adán y Marina, bajo la lupa de EU”, del periodista Raymundo Riva Palacio.
El análisis señala que ambos políticos han perdido respaldo en el círculo presidencial, aunque públicamente se mantenga un discurso de apoyo, mientras se acumulan indicios que presuntamente los vinculan con redes del crimen organizado.
Según información citada por Riva Palacio, “los bienes en Estados Unidos del senador, su esposa, sus familiares y sus socios están bajo investigación”.
Autoridades estadounidenses estarían analizando la posibilidad de congelar sus activos, como paso previo a un eventual proceso judicial en el Departamento de Justicia.
Estas indagatorias coinciden con la reciente renuncia de López Hernández a la coordinación de Morena en el Senado, decisión que, según la presidenta Claudia Sheinbaum, fue personal.
No obstante, el senador conserva el fuero constitucional.
Socios y contratos de morenistas, en la mira de autoridades estadounidenses
Entre los nombres mencionados destaca Luis Montaño García, empresario del Estado de México y socio del senador, quien participa en contratos con el IMSS, ISSSTE y CFE, además del arrendamiento de patrullas a gobiernos estatales.
De acuerdo con funcionarios mexicanos y estadounidenses citados en la columna, algunos de estos equipos han sido utilizados por corporaciones infiltradas por el crimen organizado, particularmente en Michoacán.
Asimismo, la situación de la gobernadora Marina del Pilar Ávila es considerada más delicada. Riva Palacio señala que su nombre ha sido discutido en reuniones bilaterales sobre seguridad, donde incluso se ha planteado una posible licencia al cargo.
La mandataria forma parte del grupo de funcionarios a quienes el Departamento de Estado canceló la visa, situación que ella ha negado esté relacionada con actividades ilícitas.
Además, enfrenta una investigación en la Fiscalía General de la República derivada de denuncias contra su exesposo, Carlos Torres.
Respecto al ex gobernador tabasqueño, el periodista indica que el nombre de López Hernández ha sido recurrente en conversaciones entre funcionarios estadounidenses y la presidenta Sheinbaum, para que actúe penalmente.
En el caso de Ávila, se ha planteado abrirle camino a una causa legal mediante una eventual separación del cargo.
La respuesta del gobierno federal refleja, según el análisis, una estrategia de contención ante la presión internacional.
Mientras López fue desplazado de la coordinación senatorial, Marina del Pilar mantiene respaldo público.
Riva Palacio concluye que estas decisiones evidencian los límites de maniobra del actual gobierno frente a Washington y anticipan definiciones clave en el futuro político de ambos funcionarios.
La editorial completa de Riva Palacio para El Financiero aquí.