Los familiares están implicados en posible evasión y operaciones sospechosas por 180 mdp
MÉXICO.- El medio Animal Político reveló que una investigación federal y bancaria identificó que la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez Cantú y José Gerardo Rodríguez Valdez, su suegro, así como el papá del político, Samuel Orlando García, están siendo investigados por sus movimientos bancarios y declaraciones de impuestos, en los que, aseguran, ocurrieron una serie de irregularidades que suman hasta 180 millones de pesos.
Samuel García es candidato por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León.
También, aseguran, hay operaciones que no se reportaron ante el SAT y, si se confirman, darían paso a denuncias penales de una posible evasión y defraudación fiscal.
La influencer Mariana Rodríguez Cantú
Una de las señaladas es Mariana Rodríguez Cantú, a quien no le localizaron declaraciones anuales de impuestos, aunque tiene grandes montos en sus cuentas.
Mariana es una reconocida influencer de moda y belleza. Según los datos, recibió transferencias bancarias por casi un millón 400 mil pesos, de noviembre de 2018 a febrero de 2019.
Las transacciones se realizaron a través de SPEI, de una empresa que tiene tres alertas por operaciones inusuales. También recibió depósitos en efectivo por más de un millón de pesos, que no corresponden a sus actividades.
La influencer presenta consumos por de casi tres millones de pesos en sus tarjetas en seis meses, realizados en efectivo en bancos de Monterrey.
El suegro de Samuel García
José Gerardo Rodríguez, suegro de Samuel, también estaría relacionado con operaciones inusuales con empresas “fantasma”, por lo que se presume lavado de dinero.
Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el empresario inmobiliario recibió fuertes sumas por concepto de honorarios, incluso sin estar relacionadas con bienes raíces.
El papá de Samuel García
Samuel Orlando García, papá del actual candidato, está siendo investigado por evasión fiscal de 2016 a 2019. Fue socio de cuatro despachos de abogados de la sultana del norte, todos con indagatorias de “triangulación de recursos”.
Las transacciones suman 170 millones de pesos, que según Hacienda no justifican la suma.