MÉXICO.- Este martes, el Gobierno de México enviará al Senado un “plan B” de reforma electoral que se enfoca en reducir privilegios, ajustar el gasto público y ampliar mecanismos de participación ciudadana, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
La iniciativa surge después de que la reforma constitucional impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, fuera rechazada en la Cámara de Diputados al no alcanzar la mayoría calificada necesaria.
Rosa Icela Rodríguez explicó que la nueva propuesta mantiene el eje central del proyecto original.
¿Cuál es el Plan B de la reforma electoral?
“La iniciativa presidencial de reforma constitucional que se presenta el día de hoy tiene como principio fundamental disminuir los privilegios, excesos, en el ejercicio de la función pública”, afirmó.
Añadió que buscan aplicar la política de austeridad en el sistema electoral.
Además, señaló que mantienen el objetivo de reducir costos y actuar bajo uno de los principios fundamentales de la Cuarta Transformación: la austeridad republicana, y que quieren menos privilegios y más participación ciudadana.
Entre las medidas planteadas destacó límites a los salarios de funcionarios electorales.
“Nadie podrá ganar más de lo que gana nuestra presidenta”, subrayó.
El plan también contempla ajustes en los gobiernos locales, como la reducción del número de regidores en los municipios.
el caso de los municipios, la reducción del número de regidurías será de siete hasta un máximo de 15. Y los ahorros generados se destinarán a obras públicas.
Además, la propuesta incluye cambios en la fiscalización electoral, como el uso de tecnología y convenios con instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera para revisar el origen de los recursos de campañas.
Claudia Sheinbaum defiende reforma electoral
Por su parte, Claudia Sheinbaum defendió la necesidad de insistir en la reducción del gasto electoral “es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales ni en los partidos políticos”, afirmó. E indicó que el proyecto busca corregir excesos en gobiernos locales, además de ajustar el número de representantes según la población.
El Ejecutivo confía en que esta nueva iniciativa avance en el Congreso, pese al rechazo previo, al centrarse en cambios legales que no requieren modificar la Constitución.
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