Búsqueda de personas desaparecidas

CIUDAD DE MÉXICO.– Las universidades que integran el Sistema Universitario Jesuita (SUJ) expresaron su respaldo a la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, y llamaron al Estado mexicano a colaborar con este mecanismo internacional.

La postura surge luego de que el comité solicitara al Secretario General de la ONU remitir de manera urgente el caso de México, con base en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Este procedimiento busca que la Asamblea General adopte medidas para apoyar al país en la prevención, investigación, sanción y erradicación de la desaparición de personas.

Un mecanismo sin precedentes

De acuerdo con el posicionamiento, es la primera vez que el comité activa este mecanismo extraordinario, de carácter preventivo, diseñado para intervenir cuando las desapariciones se presentan de forma generalizada o sistemática.

El SUJ destacó que la decisión se basa en información recopilada durante más de una década. Incluye acciones urgentes, la visita oficial del comité a México en 2021, así como testimonios de familiares, colectivos y organizaciones civiles.

Tras darse a conocer la determinación, el Gobierno de México rechazó el informe mediante un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En ese posicionamiento, las dependencias calificaron el informe como “tendencioso”, señalaron supuesta falta de rigor y argumentaron que no se tomaron en cuenta las acciones implementadas en años recientes.

Llamado a reconocer la crisis

Ante ello, las universidades jesuitas consideraron que es “innegable” que México enfrenta desde hace años una crisis profunda en materia de desaparición de personas. Señalaron que ha sido documentada tanto por instancias internacionales como por sus propios programas académicos, clínicas jurídicas y observatorios.

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El SUJ subrayó que esta problemática tiene un carácter generalizado en el país y reiteró la necesidad de atenderla con una política integral.

Finalmente, las instituciones hicieron un llamado al Estado mexicano para actuar con responsabilidad, privilegiando la colaboración y el diálogo con organismos internacionales.

Indicaron que el compromiso con los derechos humanos debe reflejarse en acciones que permitan avanzar en la atención de la crisis de personas desaparecidas.