MADRID (EFE).— La defensa del territorio, en muchos casos de alto valor ecológico, donde históricamente han vivido y viven las comunidades indígenas, incluye la defensa ambiental, debido a que en ocasiones estas zonas se ven gravemente amenazadas por actividades industriales o infraestructuras.
Frente a los grandes proyectos de construcción o de explotación de los recursos naturales, muchos “pueblos originarios” y sus representantes acaban posicionándose en contra, derivando en problemas políticos, judiciales, económicos o de seguridad para éstos.
“Al menos 331 defensores de los derechos humanos en el mundo” fueron asesinados en 2020, de los cuales el 69% defendía los derechos de los pueblos indígenas a la tierra y el medio ambiente y “el 26% trabajaba específicamente” con los derechos de estas poblaciones, según el informe de FrontLine Defenders.
La coordinadora del Programa de Desarrollo Local Sostenible de Alianza por la Solidaridad, Almudena Moreno, recuerda el caso de la activista hondureña Berta Cáceres, cuya lucha “contra la construcción de una hidroeléctrica en Honduras sobre territorio indígena y sin consulta previa” le acabó costando la vida en 2016.
Almudena recuerda, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado ayer, que se trata de un caso relevante porque fueron procesados “no solo los autores materiales, sino los intelectuales”.
Las entidades de defensa de estos colectivos coinciden, además, en que en muchos países no se respeta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales.
Así, los gobiernos incumplen “el deber de consulta” a las comunidades sobre iniciativas y “medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles de manera directa”.
Un ejemplo es el caso que llevó al líder comunitario guatemalteco Bernardo Caal Xol a ser condenado en 2018 a siete años y cuatro meses de cárcel después de oponerse a la construcción de la hidroeléctrica Oxec sobre los ríos Oxec y Cahabón en el distrito de Alta Verapaz.
La empresa Netsone S. A., contratista de Oxec, fue la encargada de la denuncia por robo agravado y retención ilegal contra el representante comunitario, que desde 2020 está declarado como preso de conciencia por Amnistía Internacional.
“Desde la primera declaración de Bernardo hasta la sentencia condenatoria se evidenciaron violaciones a derechos humanos, violaciones a garantías constitucionales, a principios constitucionales y violaciones procesales de carácter penal”, asegura su abogado, Édgar de León.
Según Almudena, “un patrón común en el caso de los defensores ambientales en Guatemala es que es el propio Ministerio Público el que ejerce las acusaciones”.
También se refiere al caso de Ana Rutilia Ical, ambientalista guatemalteca que recibió una denuncia de la Fiscalía por haber estafado a sus padres “justamente cuando estaba interponiendo un recurso de amparo por la construcción de la hidroeléctrica Renace, en la que participa el Grupo Cobra-ACS”.
En El Salvador, la ambientalista y representante de comunidades Sonia Sánchez describió en una entrevista cómo la construcción de 416 viviendas de 80,000 y 92,000 dólares a cargo de Inversiones Robles causó la tala de árboles en 28 hectáreas en Santo Tomás, municipio en el que habita.
A la larga, derivó en problemas de abastecimiento debido a la bajada del nivel del agua del río Tihuapa por la poca filtración de aguas procedentes de la lluvia: “Hay comunidades que llegan a estar 8 o 10 días sin agua”.