Rescata la labor hecha por Juan Gómez de Parada

La historia de Yucatán es prolífica en acontecimientos y personajes poco divulgados o que han sido olvidados, el sentido de la Historia en todo caso no se limita al conocimiento de personajes, fechas, lugares y hechos; en el fondo la Historia sirve para aprender lo que hemos sido y así comprender lo que somos y a lo que aspiramos.

Para el historiador yucateco doctor Víctor Arjona Barbosa el sentido de la Historia es muy claro: personajes y hechos del pasado contextualizados para su comprensión en el presente, y uno de estos personajes poco conocidos es Juan Gómez de Parada, quien fue obispo de Yucatán entre 1716 y 1728.

Para mayores referencias, Gómez de Parada es el personaje representado en la escultura colocada al costado norte del parque de Itzimná, al lado de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

A este obispo, nacido en Compostela, Nueva Galicia (hoy Guadalajara) en 1678, se le atribuyen dos hechos trascendentales e intrínsecos en la historia de Yucatán, por un lado fue el precursor de los derechos humanos en la Península y, simultáneamente en ello, fue un adelantado a su tiempo al sentar en 1722 las incipientes bases de los derechos laborales de los indios mayas de Yucatán, una legislación vigente en nuestro país desde el constituyente de 1917 en su artículo 123.

Según el doctor Arjona Barbosa, los primeros años del siglo XVIII llegaron con una España gobernada por el rey Felipe V, en una Europa convulsionada que enfrentaba a la corona española con países como Inglaterra y Francia, una situación que desgastaba las arcas del monarca y comprometía la estabilidad al interior del reino y sus colonias en América.

“La Nueva España era una colonia de la corona española en América y era gobernada por la figura de un virrey designado por Felipe V; sin embargo, los territorios de la Península de Yucatán no estaban sujetos directamente a las órdenes del virreinato aun siendo parte del mismo, en esta península el rey asignaba a un gobernador y capitán general (una suerte de administrador y líder militar) que le rendía cuentas directamente a su persona y no al virrey; es por esa razón que las formas de gobernar en Yucatán eran muy distintas a otras partes de la colonia”. explicó Arjona Barbosa.

“A principios del siglo XVIII la situación financiera de la corona española estaba tan comprometida como resultado de la guerra que sostenía contra otras naciones europeas que para subsanar las quebrantos se incurrió en una práctica poco ética y de graves consecuencias a largo plazo: los cargos públicos se vendían al mejor postor, y mientras más lejos de suelo español se ejerciera, más atractivo y lucrativo era el cargo; cualquiera que pudiera ‘llegarle al precio’ por tal o cual nombramiento, sabía bien que estaba en posibilidad de, en muy poco tiempo, recuperar la inversión y obtener ganancias. De personas con más ambición que un legítimo deseo de servir o por lo menos capaces de llevar una sana administración se llenaron los principales cargos oficiales en los territorios españoles y Yucatán no fue la excepción.

“¿Qué pasaba en Yucatán? Por aquellos años, un hombre llamado Fernando Meneses y Bravo de Sarvia ‘compró’ (por decirlo en términos más claros) el nombramiento de Gobernador y Capitán General de la Península. Durante su gestión la Península se convirtió en un ‘botín’ en el cual se obtenían ganancias casi por cualquiera cosa, la corrupción era el signo de su paso por el poder, la complicidad con administradores, algunos miembros del clero franciscano y otras personas con poder y dinero, hicieron de las suyas en perjuicio primero de los indios mayas de las encomiendas y también de los mestizos, criollos y demás habitantes de la región.

“Si no fuera suficiente la vorágine de corrupción y abusos, Fernando Meneses cedió el poder a su hermano Alonso, el cual gobernó de forma semejante a su antecesor. Cabe aclarar que si bien los súbditos de la corona podían escribirle al monarca para denunciar la situación y los abusos, la falta de una adecuada forma de supervisión no garantizaba que aquellas disposiciones dictadas para revertir los malos manejos y abusos tuvieran efecto. Los problemas continuaron hasta que Felipe V nombró un Gobernador y Capitán General interino: Juan Vértiz y Hontañón, un tibio personaje que, si bien no se hizo rico en el cargo, tampoco impidió que otros se valieran del poder y posición para seguir robando y explotando a los indígenas mayas”.

Según explicó el doctor Arjona, se designó interino a Juan Vértiz y Hontañón para relevar a los hermanos Meneses, que tantos problemas habían causado a la corona; el rey Felipe V ya estaba en búsqueda de alguien de su más completa confianza y estima, para de una vez por todas calmar la situación en Yucatán.

Impresiona al Rey

Juan Gómez de Parada era un sacerdote que viajó a Europa por estudios y se graduó de Doctor en teología en la Universidad de Salamanca.

El rey Felipe V, impresionado por su elocuencia, trabajo y dedicación, le concedió en julio de 1715 el obispado de la Península de Yucatán, nombramiento que fue sometido a la consideración del papa Clemente XI, quien lo ratificó.

“En aquellos años existía un acuerdo entre la corona española y el Vaticano, el monarca podía nombrar obispos para las provincias o territorios a su cargo y el Papa en turno ratificaba o rechazaba; para fortuna de Felipe V, Juan Gómez de Parada y la historia de Yucatán, Clemente XI no objetó el nombramiento y así en 1716 Gómez de Parada asumió el obispado de Yucatán.

“La intención del Rey de España no era otra que delegar en el nuevo obispo a una persona de toda su confianza, preparada y sensible a las necesidades del pueblo, para mantenerlo informado e idear los mecanismos para cambiar las cosas para bien en la Península de Yucatán, algo que no podía esperar del gobernador y capitán general en turno.

“El gran mérito de Juan Gómez de Parada es que, ya siendo obispo de Yucatán, sale al encuentro de todas las comunidades, viaja por toda la demarcación del obispado, visita poblados, comunidades franciscanas, tiene un acercamiento con el pueblo, especialmente con los indios mayas de las encomiendas, conoce su situación y la forma en que son explotados a pesar de ser considerados vasallos de la corona y, por tanto, merecedores de algún tipo de consideración por parte del monarca”.

El historiador Crescencio Carrillo y Ancona, en su compendio de la historia de Yucatán, consigna que el obispo Juan Gómez de Parada celebró la primera asamblea sinodal diocesana del 6 de agosto al 1 de octubre de 1722, ya habían transcurrido seis años de su obispado y durante todo ese tiempo hizo un cuidadoso estudio de la situación que vivían particularmente los naturales de la etnia maya de la Península y los abusos que contra ellos se cometían.

“Fue el padre y el socorro constante de sus ovejas desvalidas”, relata Carrillo y Ancona. “Perseguidor acérrimo de la ignorancia y la corrupción en el clero y en el pueblo y emprendió reformas y mejoras de tan altísima trascendencia que los obstáculos no tardaron en aparecer, pues sus ideas eran muy adelantadas para su tiempo”.

Las propuestas de Gómez de Parada hablaban de que las encomiendas, como su nombre lo indicaba, eran formas administrativas a través de las cuales la corona española otorgaba la custodia de los indios mayas a un encomendero, el cual era el responsable de cuidar y velar por estos vasallos. En este caso, al no poseer este territorio recursos mineros o agrícolas, tenía en la confección de mantas de algodón y la producción de cera su principal aportación a la economía de la corona; procurar mínimas condiciones para que los indios realizaran el trabajo era fundamental, así que Gómez de Parada dispuso normas urgentes para humanizar el trato a los indios, como el límite de peso en carga que uno podía llevar sobre sí, establecer una jornada laboral que posibilitara el descanso y la recuperación física de éstos, la no obligatoriedad de los trabajos forzados e incluso no servir en las casas de los encomenderos sin remuneración o que los niños fueran al catecismo con otros fines que no fueran la propia evangelización, pues era sabido que en algunas comunidades su asistencia al catecismo era utilizada por algunos frailes para realizar algún tipo de trabajo.

Sin pretenderlo, Gómez de Parada se había adelantado alrededor de 200 años a la constitución mexicana de 1917 y al artículo 123 de la misma, en el que se habla del trabajo y la legislación en la materia. Se había convertido en el precursor del derecho laboral e indirectamente de los derechos humanos de los más vulnerables, algo semejante a lo que en su momento intentó Pedro Reyes de los Ríos y Lamadrid, obispo de Yucatán de 1700 a 1714, quien, advirtiendo el grado de explotación y desigualdad de los indios mayas, intentó sentar las bases de una mejor administración del trabajo de éstos, mas nunca encontró el apoyo ni de las autoridades locales ni de la corona.

Las reformas de Gómez de Parada no fueron del agrado de Antonio de Cortaire y Terreros, a saber ya entonces gobernador y capitán general de la Península, el cual a toda costa trató de evitar que las medidas dictadas por el obispo, conocidas como “Constituciones Sinodales”, se aplicaran.

Sin embargo, el 28 de noviembre de 1722 las autoridades de Yucatán reciben la Cédula Real en la que el rey Felipe V, ya enterado de la situación que prevalecía en la Península, y conforme con los planteamientos del obispo para salir de la crisis que azotaba el territorio, concede especial jurisdicción a Juan Gómez de Parada para que haga cumplir las leyes derivadas de la constitución sinodal en favor de los indios por encima de todas las autoridades civiles y con facultades hasta de suspender al gobernador y asumir el mando civil y militar si fuese necesario.

Las reformas de Gómez de Parada se implementaron con el aval de la corona española, los alcances de las mismas no pudieron magnificarse debido a dos sucesos inesperados en 1725: el hambre que asoló la Península y la peste, hechos que terminaron diezmando a la población. No faltaron quienes responsabilizaron al obispo del hambre como resultado del abandono de los indios al campo, pero lo cierto es que las cosechas no se daban debido a la falta de lluvias.

En 1725 ya era gobernador y capitán general Antonio de Figueroa y Silva, a él le toca coincidir con Gómez de Parada: el gobernador entendió que la situación ameritaba medidas extremas, de modo que mientras hacía importantes gestiones para traer maíz vía marítima desde Tampico y Veracruz dispone la obligatoriedad de que todos los indios se reincorporaran al trabajo a cambio de una remuneración económica justa y una jornada laboral razonable para sembrar y hacer que el campo produjera.

Gómez de Parada fue obispo de Guatemala de 1729 a 1735, y de 1935 hasta su muerte, en 1751, obispo de su natal Guadalajara.

Gran humanista

Autores como Justo Sierra O’Reilly, Juan Francisco Molina Solís, Crescencio Carrillo y Ancona y Carlos Loret de Mola Mediz, entre otros, se refieren a Juan Gómez de Parada como un verdadero humanista de carácter enérgico y bondadoso, defensor de los indios.

“Excepcional hombre de su tiempo y maravilloso en cualquier época”, escribió Loret de Mola Mediz en “Yucatán en la Patria”, tomo II.

Arjona Barbosa trabaja en un proyecto para destacar la obra de Gómez de Parada y buscar que se apruebe el 6 de octubre como la fecha para rememorar su obra como precursor del derecho laboral y el derecho humano en Yucatán.— Emanuel Rincón Becerra