MADRID (EFE).— La sentencia dictada en 1982 contra treinta personas por el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España cerró el capítulo judicial de la asonada, pero no logró despejar todas las incógnitas políticas e históricas que rodean aquella jornada.
Cuarenta y cinco años después, nuevas desclasificaciones prometidas por el gobierno reabren interrogantes sobre lo ocurrido en el Congreso de los Diputados y el Palacio de la Zarzuela.
Con motivo del 45o. aniversario del fallido golpe, el Ejecutivo anunció que divulgará esta semana archivos hasta ahora secretos.
Investigadores y formaciones políticas llevan años reclamando que se publiquen grabaciones clave para entender la dimensión real de la operación y las responsabilidades que pudieron quedar en la sombra.
En concreto, solicitan que salgan a la luz los registros de las llamadas telefónicas realizadas el 23 y el 24 de febrero de 1981 desde el Congreso, cuando el teniente coronel Antonio Tejero mantenía retenidos a los diputados, y desde la Zarzuela, residencia del entonces rey Juan Carlos I. También reclaman conocer el contenido de las reuniones mantenidas en aquellas horas decisivas.
Entre esos encuentros figuran los que pudieron mantener el monarca; el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, y el general de División Alfonso Armada, considerado pieza clave del golpe y posteriormente condenado a prisión. La eventual publicación de estos documentos podría arrojar luz sobre conversaciones hasta ahora desconocidas.
El papel de Juan Carlos I
Una de las preguntas centrales es qué papel desempeñó el rey Juan Carlos. La historiografía oficial considera decisiva su intervención televisada la madrugada del 24 de febrero, cuando, vestido con uniforme militar, anunció que había ordenado a autoridades civiles y militares adoptar “las medidas necesarias para mantener el orden constitucional”.
Sin embargo, las llamadas que efectuó ese día continúan siendo secretas.
Tampoco se conocen con detalle los encuentros y conversaciones que pudo mantener en aquellas fechas con el general Armada, antiguo colaborador de la Casa Real y hombre de su máxima confianza durante años.
Armada estuvo la noche del 23F en el Congreso junto al jefe de la Guardia Civil, general Aramburu Topete, dialogando con Tejero, quien había irrumpido en el hemiciclo con un grupo de agentes armados. El general había sido instructor militar del entonces príncipe Juan Carlos y, tras la proclamación del monarca en 1975, ocupó la Secretaría General de la Casa Real hasta 1977.
En sus memorias, el propio rey reconoce que la implicación de Armada en el golpe fue “muy doloroso” en el plano personal, una frase que refleja la dimensión íntima de la traición. Aun así, persiste la duda sobre si existió algún tipo de iniciativa política paralela conocida como la “operación Armada”.
Numerosas investigaciones sostienen que esa operación buscaba apartar a Adolfo Suárez y formar un gobierno de concentración presidido por el propio Armada. De acuerdo con varios autores, el general intentó obtener el beneplácito del rey el mismo día de la asonada, aunque sin éxito.
Otra incógnita sin resolver es la identidad del llamado “elefante blanco”, la autoridad “militar” que los golpistas anunciaron que acudiría al Congreso para asumir el mando de la situación. Tejero y sus hombres esperaban su llegada, pero esa figura nunca apareció, lo que llevó a alimentar teorías sobre su identidad y el alcance real del plan.
También se cuestiona qué sabía Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa Real, quien coordinó los movimientos del monarca y sus contactos con mandos militares.
Cuando el jefe de la División Acorazada Brunete le preguntó si Armada se encontraba en la Zarzuela, Fernández Campo respondió con la célebre frase: “Ni está ni se le espera”. Más allá del ámbito militar, apenas se investigó una posible trama civil del golpe.
Condenado a prisión
Solo un civil, Juan García Carrés, antiguo dirigente sindical del franquismo, fue condenado a prisión. Nunca se profundizó judicialmente en la existencia de apoyos empresariales o políticos que hubieran respaldado la intentona.
El papel de los servicios secretos también sigue rodeado de sombras. El comandante José Luis Cortina, jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales del Cesid, fue encarcelado provisionalmente por haber mantenido conversaciones con Tejero antes de la toma del Congreso. La Fiscalía solicitó para él 12 años de prisión, aunque finalmente fue absuelto.
La próxima desclasificación de archivos podría no cerrar definitivamente estas incógnitas, pero sí aportar elementos para completar el rompecabezas de una de las mayores crisis de la democracia española.
Como sostienen varios historiadores, “la verdad completa del 23F aún no se ha escrito”, y cada nuevo documento puede modificar la comprensión de aquellos hechos que marcaron la historia reciente de España.
Fallido golpe de Estado
Fotógrafos documentaron el golpe del 23F arriesgando la vida entre disparos.
Asalto armado
Antonio Tejero irrumpió armado en el hemiciclo del Congreso el 23 de febrero de 1981, secuestrando a diputados y gobierno.
Testimonio fotográfico
Manuel Pérez Barriopedro recuerda: “Hicieron una pira con las sillas” y describe el miedo mientras fotografiaba el episodio más crítico de la democracia.
Carretes ocultos
Los fotógrafos escondieron los rollos en un zapato y la ropa interior, burlando la vigilancia armada, para asegurar la difusión internacional de las imágenes.
Impacto mundial
Las fotografías, premiadas, mostraron a Tejero pistola en mano y evidenciaron al mundo el grave riesgo de la democracia española.