MÉXICO (EFE).— La salida de la Colección Gelman de México hacia España ha pasado de titulares periodísticos a protestas lideradas por el gremio artístico, un malestar sobre el que se ha pronunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que las obras permanecerán en el país.
La polémica se centra en 30 de las 160 piezas de la colección privada, gestionada desde enero pasado por la Fundación Banco Santander, pues al estar clasificadas como patrimonio artístico son “simbólicamente de los mexicanos” y corresponde al Estado, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), limitar su salida por tiempo indefinido a su propietaria, la familia Zambrano, dueña de la cementera Cemex.
“Las otras pueden salir sin obligación de retorno: pueden quedarse allá (España) o venderse allá. El Estado solo tiene injerencia sobre las que están declaradas” patrimonio, explicó Carlos Lara, especialista en derecho cultural e integrante del movimiento que denuncia la opacidad y las versiones contradictorias en torno al traslado de las obras para la inauguración del centro Faro Santander, en España.
Así ocurrió cuando la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que la colección regresaría al país en 2028, mientras que el acuerdo entre Santander, el Inbal y los propietarios indicaba 2030, período que abarca el sexenio de Claudia Sheinbaum.
“Han tenido que reelaborar el acuerdo o establecer alguna adenda a partir del escándalo que se ha suscitado; no esperaban esta reacción”, aseguró sobre el convenio de las 30 piezas, entre ellas de María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros.
La semana pasada la Fundación Banco Santander informó que la apertura del centro cántabro se retrasaría de junio a septiembre, debido a que las 68 piezas de la colección permanecerán expuestas hasta julio en el Museo de Arte Moderno (MAM) de Ciudad de México.
De los cientos de cuadros que Frida Kahlo produjo en vida, solo cuatro forman parte del patrimonio público mexicano, lo que explica la relevancia de la colección —valorada en cientos de millones de dólares— y el rechazo a que salga del país.
Alfredo Narváez, doctor en Antropología Social, advirtió que los pigmentos que utilizaba Kahlo “son muy frágiles” y que su traslado podría derivar en un “serio problema” para las piezas.
Por ello, el movimiento exige al gobierno que “se den a conocer públicamente” los dictámenes técnicos realizados por el Inbal sobre “el estado en el que se encuentran las 30 obras” con el propósito de determinar si están en condiciones de viajar a España y si podrán regresar a México en 2028.
“El Inbal está obligado, antes de emitir un permiso de salida —y máxime que ya hay un acuerdo firmado—, a publicar el dictamen técnico, pues en el convenio se advierte de posibles riesgos en el traslado”, señaló Lara.
Para los especialistas, este dictamen técnico es el mecanismo con el que la ciudadanía podrá ejercer presión y comprobar lo afirmado por Sheinbaum y Santander: que se va a “cumplir con la legislación mexicana” y que se “defenderá el patrimonio artístico”.
Lara reiteró que, si el gobierno no compra la colección, la declaratoria de las piezas es el único mecanismo con el que cuenta el Estado para limitar la propiedad de los Zambra, que, aunque no constituye una expropiación, “sí impone la regla de no sacarlas del país por un tiempo determinado”, lo que también dispara el valor de las piezas en el mercado.
Investigaciones apuntan a que uno de los deseos testamentarios de la propietaria original Natasha Gelman, fallecida en 1998, era que la colección permaneciera en México.