El caso Odebrecht desata una crisis política en Perú
LIMA (EFE).— La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Mercedes Aráoz, denunció ayer que un sector opositor del Congreso pretende dar un golpe de Estado parlamentario con el pedido de vacancia contra el mandatario, Pedro Pablo Kuczynski, debido a sus presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht.
“Hay una posibilidad de un golpe de Estado parlamentario. No es porque solo se quiera tumbar (destituir) al Presidente, sino al fiscal de la Nación, al Tribunal Constitucional, tomar todo el poder, inclusive nos limitan la capacidad de tener el voto de confianza”, expresó Mercedes Aráoz a los periodistas.
Los promotores de la vacancia quieren tomar todo el poder desde el Parlamento, afirmó la funcionaria.
El pedido de destitución fue planteado por diversas bancadas opositoras en el Parlamento y el jueves se acordó su debate con el apoyo de la fujimorista Fuerza Popular y las bancadas izquierdistas Nuevo Perú y Frente Amplio, además de Alianza para el Progreso.
La primera ministra también declaró que “es inaceptable que hayan revelado información privada”, sobre las transferencias de dinero que hizo Kuczynski en los últimos años a su exabogado y actual legislador Gilbert Violeta y a su chofer personal. “Parece que tienen miedo de que algo vaya a pasar y que no ganen la vacancia”, dijo Mercedes.
De acuerdo con un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Kuczynski transfirió 89,182 dólares a Violeta y más de 600,000 dólares a su chofer José Luis Bernaola entre 2005 y 2016.
La primera ministra afirmó que la comisión parlamentaria que investiga el escándalo Lava Jato en Perú, a la que se entregó ese informe de la UIF, está demostrando “sesgos, malas intenciones y uso de información reservada con fines políticos”.
Kuczynski declaró ayer a la comisión Lava Jato en Palacio de Gobierno sobre su presunta participación en las licitaciones ganadas por Odebrecht. Una comisión de legisladores opositores interrogó por más de siete horas al mandatario, a seis días de que el Congreso decida por votación si es destituido de su cargo por supuesta “incapacidad moral”.