Eurodiputados piden no aprobar un órgano militar
BRUSELAS.— Diputados del Parlamento Europeo solicitaron al poder Legislativo mexicano no aprobar el dictamen de reforma constitucional que crearía la Guardia Nacional, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En una comunicación pública emitida ayer, los eurodiputados Josep-María Terricabras, Ana Miranda y Bodil Valero, del Partido Verde/Alianza Libre Europea, exhortan a los legisladores mexicanos para que “desistan” de aprobar el proyecto de “una Guardia Nacional militarizada para atender la seguridad pública”.
“Aunque damos la bienvenida a la noticia del mando a cargo de un civil, así como a las audiencias públicas que se realizaron la semana pasada con el fin de conocer y considerar las opiniones y recomendaciones de especialistas y ciudadanos frente al dictamen de reforma constitucional, preocupa sobremanera que la Guardia Nacional tenga en la práctica un carácter predominantemente militarizado”, señala el texto.
Los eurodiputados cuestionan que el nuevo órgano de seguridad no solo estaría conformado en su mayor parte por elementos de las fuerzas armadas, sino que además el mando operacional y las actividades de reclutamiento, adiestramiento, organización de efectivos y su equipamiento, despliegue, operatividad y jerarquía quedarían bajo el control castrense.
Agregan que el proyecto de reforma es también preocupante porque otorgaría a la Guardia Nacional facultades de investigación de delitos, detención y presentación de detenidos ante el Ministerio Público.
Dicho lo anterior, los eurodiputados proponen que, en lugar de crear una Guardia Nacional militarizada, se desarrolle un plan nacional para el retiro de los militares de las tareas de seguridad pública, la instalación de un mando civil y la profesionalización y dignificación de la policía.— Proceso
El Servicio Europeo de Acción Exterior advirtió a finales de noviembre último que la Unión Europea rechazaría el proyecto de Guardia Nacional del presidente López Obrador si su conclusión era que imponía la militarización de la seguridad pública en el país.