Solicitan proteger a los activistas medioambientales
MADRID (EFE).— Las acciones que se adoptan en nombre de la lucha contra el cambio climático “no respetan los derechos de los pueblos indígenas”, por lo que la COP25 debe tenerlos en cuenta, pues son estos pueblos los que han protegido los ecosistemas que ahora disfrutamos, se aseguró ayer en un debate en la Cumbre del Clima.
Esta es la conclusión a la que llegaron los participantes de la mesa redonda celebrada en el pabellón español ayer en la Cumbre del Clima de Madrid, en una jornada dedicada a la agricultura y a los bosques y en la que denunciaron el aumento de la violencia contra las personas que defienden los derechos humanos y el medio ambiente.
Bajo la premisa “el derecho a proteger y ser protegido”, la moderadora del debate, Sara Acosta, de “Ballena Blanca Journal”, recordó que cada semana durante 2018 fueron asesinados tres defensores en la región latinoamericana.
Los participantes, tres personas amenazadas por defender los derechos humanos, destacaron que en la lucha por un Planeta sostenible “deberíamos participar todos para asegurarnos de que sobreviviremos”.
Desde la región de Minas Gerais, en la zona amazónica de Brasil, Domingos Nunes de Oliveira, miembro de la Asociación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) manifestó que “los niveles de ataques y de masacres aumentaron en los últimos años y la gente debería estar protegida para continuar viviendo en sus tierras”.
“Tan pronto como el último río se haya secado y el último árbol esté contaminado, el dinero no servirá para nada”, advirtió, por lo que insistió en que “en esta COP25 todos deberíamos luchar juntos”.
Denuncia
“Lo único que hemos reclamado es justicia: ambiental y social”, aseguró ayer la colombiana Milena María Flórez, integrante del Movimiento de Derechos Humanos Ríos Vivos, que ha denunciado a las empresas españolas que financian los megaproyectos de explotación ambiental y los que las financian: el BBVA, el Santander y Mapfre.
Para Milena Flórez, se ha vulnerado el derecho a un ambiente sano, ya que “nos venden estos proyectos como desarrollo, pero en realidad ha acabado con nuestra vida, generando desarraigo”.
La relatora especial de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, Victoria Lucía Tauli, que además estuvo incluida en una lista por pertenecer supuestamente a una organización terrorista por el gobierno de Indonesia, propuso una campaña mundial para acabar contra la criminalización de los indígenas.