WASHINGTON (EFE).— El presidente estadounidense, Joe Biden, ordenó ayer a su equipo llevar al cabo un análisis exhaustivo de las amenazas que presenta el extremismo violento a nivel interno en Estados Unidos, tras el asalto al Capitolio por parte de seguidores radicales del exmandatario Donald Trump.
“El asalto al Capitolio del 6 de enero y las trágicas muertes y destrucción que ocasionó han demostrado lo que ya sabíamos: el ascenso del extremismo violento a nivel nacional es una amenaza de seguridad nacional grave y creciente”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
“Enfrentaremos esta amenaza con los recursos y la determinación necesarios”, añadió Jen Psaki durante su rueda de prensa diaria.
Para ello, Biden pidió a la directora de inteligencia nacional de Estados Unidos, Avril Haines, que inicie un análisis exhaustivo de las amenazas que presentan ese tipo de extremistas, muchos de ellos de ultraderecha, con la ayuda del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional.
“Queremos un análisis basado en los hechos para poder diseñar políticas que respondan al problema”, indicó Jen Psaki.
Biden también quiere revisar las herramientas del gobierno para combatir el extremismo interno y ha encargado un estudio al respecto al Consejo de Seguridad Nacional (NSC), un órgano vinculado a la Casa Blanca y encargado de coordinar la política internacional y de seguridad de Estados Unidos.
Jen Psaki no aclaró cuándo se espera que concluyan esos análisis y el gobierno de Biden anuncie medidas concretas.
Los seguidores de Trump que asaltaron hace dos semanas el Capitolio incluyeron una mezcla de distintos grupos radicalizados, entre ellos el movimiento de ultraderecha Proud Boys y dos milicias de la misma tendencia, Oath Keepers y Three Percenters.
Esos tres grupos se han coordinado cada vez más con grupos neonazis o supremacistas blancos en la recta final de la Presidencia de Trump, según expertos en el tema consultados por “Político”, y el FBI está cada vez más preocupado por ellos.
El asalto al Capitolio, que dejó 5 muertos, ha derivado ya en más de 70 arrestos, más de 300 investigaciones y unas 140.000 pistas del público sobre los responsables del ataque y cómo se coordinaron para organizarlo, y ha llevado a la suspensión de miles de usuarios en redes sociales como Twitter.
Biden ha descrito como “terroristas nacionales” a los responsables del asalto, y ha pedido investigar a fondo el incidente, que se generó mientras el Congreso estaba reunido para certificar su victoria en las elecciones de noviembre, y que ha desatado un juicio político contra Trump por haber incitado a la turba a actuar.
Nuevo juicio
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció ayer que la presidenta de la Cámara de Representantes, la también demócrata Nancy Pelosi, enviará el lunes al Senado el artículo de enjuiciamiento político a Trump por su responsabilidad en el asalto al Capitolio.
Eso significa que el segundo juicio político a Trump podría empezar el próximo martes, al día siguiente de la entrega del cargo contra el expresidente, a no ser que los demócratas y republicanos en el Senado lleguen a un acuerdo para cambiar ese calendario.
“Habrá un juicio en el Senado de Estados Unidos y votaremos sobre si condenar al expresidente. He hablado con la presidenta Pelosi y me ha informado que el artículo se entregará el lunes al Senado”, dijo Schumer en un discurso en el pleno de la Cámara Baja.
Trump, el primer mandatario en la historia de Estados Unidos en ser sometido a dos juicios políticos, enfrenta esta ocasión el cargo de “incitar a la insurrección” por el asalto violento al Capitolio del pasado 6 de enero de una turba de sus seguidores, que dejó cinco muertos, entre ellos un policía.
Aunque el juicio no podrá resultar ya en la destitución de Trump, que abandonó la Casa Blanca el miércoles, los demócratas confían en que el proceso resulte en la inhabilitación del expresidente para ocupar futuros cargos políticos.
Según las reglas del Senado, cualquier juicio político debe empezar a las 13 horas del día siguiente del momento en el que la Cámara Baja envíe a la Alta el cargo en cuestión, conocido como artículo del “impeachment”.
Sin embargo, el Senado tiene cierta flexibilidad para amoldar el calendario, y Schumer afirmó este viernes que está negociando sobre el tema con el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, quien propuso el jueves retrasar el juicio político hasta febrero.
“He estado hablando con el líder republicano sobre el calendario y duración del juicio”, apuntó Schumer, sin dar más detalles.
McConnell argumentó este jueves que Trump necesitaba tiempo para preparar su defensa, por lo que propuso que una vez que se iniciara el juicio político en el Senado, se diera una semana al expresidente para presentar su respuesta al cargo en su contra, y otra semana más para presentar sus documentos preparatorios del proceso.
La propuesta de McConnell implicaría que la parte sustancial del juicio no empezaría hasta mediados de febrero, pero son los demócratas quienes tienen más poder de decidir sobre el formato del proceso, dado que cuentan con la mayoría en el Senado, y todavía no se han pronunciado sobre ese tema.
“No podemos organizar un proceso insuficiente en el Senado que niegue al expresidente Trump su debido proceso o que dañe al Senado o a la propia Presidencia”, afirmó McConnell ayer.
McConnell confía en convencer a los demócratas de acceder a su propuesta con el argumento de que dar más tiempo a Trump para prepararse también dejará más tiempo libre al Senado para confirmar a los nominados para el gabinete del nuevo presidente, Joe Biden.