Objetivo: evitar que pasen por peligrosa selva
SAN VICENTE (Panamá) (EFE).— Panamá y Colombia acordaron ayer controlar y proteger de manera conjunta el creciente flujo en su frontera de migrantes en tránsito hacia Norteamérica y pretenden evitar que pasen por la peligrosa selva del Darién, donde muchos de ellos denuncian que son víctimas de criminales.
Tras una reunión en la localidad panameña fronteriza de San Vicente, la canciller de Panamá, Erika Mouynes, y su par de Colombia y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, insistieron en la necesidad de crear un “frente común” para brindar atención a los migrantes en tránsito y que los países de origen y destino involucrados participen en una solución definitiva, que evite crisis sanitarias y humanitarias.
“Panamá y Colombia quieren montar un frente común para atender (a los migrantes). Somos ambos países de paso de una migración que no busca refugio en Panamá ni en Colombia”, dijo la canciller panameña.
Para ello las autoridades de ambos países se reunirán pasado mañana en Necoclí, Colombia, donde están retenidas unas 10,000 personas, a fin de acordar cómo será el paso “seguro”, “humanitario” y progresivo de los migrantes, preferiblemente por la vía marítima.
La idea es que los migrantes “se muevan por un solo sitio, tengan un solo lugar de llegada a Panamá” evitando que crucen por la selva del “Darién, en donde sabemos que corren tantos riegos.”
El tapón del Darién es la frontera natural entre Colombia y Panamá por la que cada año pasan miles de migrantes, en los últimos años en su mayoría haitianos y cubanos, en su tránsito hacia Norteamérica.
Esta selva es considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo no solo por las características propias de este ecosistema, sino por la presencia de grupos criminales.
En lo que va de 2021 unas 49,000 personas que viajan hacia Norteamérica han entrado al país centroamericano, según cifras oficiales.
Mouynes explicó que ambas naciones expresaron su deseo de “trabajar de una manera integral y binacional como una fuerza conjunta y judicializar lo que es un problema de crimen organizado y trata de personas”.
Los migrantes, muchos de los cuales llegan con mala salud a Panamá, denuncian que son asaltados por los mismos “coyote” (traficantes de personas) que les cobran por atravesar la selva.
Un retrato del “negocio infame de redes de crimen organizado”, como lo definió la vicepresidenta de Colombia, es Aleanna Castellano, una joven cubana que llegó el jueves pasado a Panamá después de atravesar parte de Sudámerica desde Uruguay, país donde residía.
“Después de subir las dos primeras lomas, nos dejaron y nos robaron”, relató a EFE en el albergue de San Vicente, uno de los dos que hay en el Darién, donde compartirá junto con otros migrantes de América y África hasta seguir su paso “hasta donde llegue”. Aleanna, quien hizo toda la travesía cargando su mascota, detalló que en el grupo con el que cruzó durante nueve días la selva iba una mujer con su hija menor de edad, a quienes amenazaron con una pistola para quitarles sus pertenencias.
Otro rostro es Jonh Cheiry, un haitiano de 46 años que, tras sufrir también un robo a mano armada, no cuenta con pasaporte ni con dinero para llegar a Costa Rica.
El miércoles 11 próximo habrá una reunión ministerial convocada por Panamá, a la que ya confirmaron sus participación Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Costa Rica, y a la que será invitada Estados Unidos, adelantó Ramírez.