BARCELONA, España. (EFE).- El presidente del Gobierno regional catalán, Joaquim Torra, se negó este martes a retirar los símbolos de apoyo a los independentistas que se exhiben en la sede del Gobierno regional, como ordenó la Junta Electoral Central, a escasas horas de que expire el plazo para retirarlos.
En el balcón principal del palacio de gobierno de esa comunidad autónoma hay un cartel de apoyo a los políticos independentitas presos, así como un lazo amarillo, que también simbolizan ese respaldo, igual que en otras sedes gubernamentales de esa región del noreste español.
La Junta Electoral Central (JEC) dio el pasado lunes un plazo de 24 horas a Torra para que retire esos símbolos, por considerar que son partidistas, una vez que se han convocado elecciones generales para el 28 de abril, y le advirtió de que si no lo hace podría incurrir en responsabilidades penales.
“Libertad de expresión”
La portavoz del Ejecutivo regional catalán, Elsa Artadi, aseguró hoy que Torra, durante la reunión de su gabinete, comunicó su decisión de “mantener” dichos símbolos en la sede del gobierno porque entiende que ello es “preservar la libertad de expresión.”
A la vez, Torra pidió un informe a los servicios jurídicos del gobierno regional catalán y se comprometió a seguir las recomendaciones que le dé el defensor del pueblo de Cataluña, a quien ha consultado.
La JEC insistió hoy en mantener el plazo concedido el lunes y consideró que no son necesarias aclaraciones, puesto que en esencia su resolución de la víspera es igual a otra del pasado 11 de marzo.
Responsabilidad penal
En su decisión del lunes, además de ordenar la retirada de los símbolos en 24 horas, la JEC avisaba a Torra “de las responsabilidades administrativas, y en su caso penales, en que pudiera incurrir“, si persistía “en la desobediencia.”
Por su parte, el Gobierno español explicó hoy que la Junta Electoral Central es el organismo “exclusivamente competente” para dar los pasos necesarios ante el incumplimiento de Torra.
Según recuerdan fuentes del Ejecutivo español, la JEC puede decidir si traslada los hechos a la Fiscalía o si ordena a las fuerzas de seguridad que quiten los símbolos independentistas de los inmuebles del Gobierno catalán, una misión de la que se tendrían que encargar la policía autonómica de Cataluña.