MADRID, España.- El Tribunal Constitucional español suspendió este miércoles el plan del Gobierno catalán para desarrollar una política exterior propia, tras un recurso presentado por el Gobierno central español que considera que el proyecto excede las competencias catalanas.
El más alto tribunal español aprobó por unanimidad la suspensión previa del plan solicitada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que considera que el proyecto catalán no respeta la competencia exclusiva del Estado en la coordinación de la acción exterior.
El conflicto catalán
La decisión del más alto tribunal del país llega en medio del conflicto en Cataluña, tras la sentencia judicial con penas de prisión a líderes del intento secesionista ilegal de 2017, que ha generado una ola de protestas independentistas, acompañadas de actos violentos.
Cuando el Gobierno español presentó el recurso al Constitucional, la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, explicó que, entre otras cosas, el plan catalán no menciona que el Estado es el principal sujeto de la política exterior y obvia cualquier acción de coordinación con las autoridades centrales.
Terminología confusa
El Plan de Acción Exterior 2019-22 fue aprobado en junio pasado por el Gobierno de la región catalana, e incluye una terminología voluntariamente confusa, según el Gobierno español, al usar el término “país” para Cataluña sin decir que es una región autónoma o el de “gobierno” -en referencia al gobierno autonómico).
Además, en la traducción en inglés, el término “actor reconocido en el mundo” se emplea el término “country recognised around the world” o el término “consejero” por el de “minister“, en lugar de “regional minister.”
Desprestigio de la imagen de España
La iniciativa catalana fue aprobada en el contexto de “un proceso independentista que pretende el desprestigio de la imagen internacional de España“, recalcó la ministra socialista cuando se anunció el recurso.
El plan catalán incluye el aumento de su actual red de oficinas de representación en varios países (se prepara una en México, entre otros), algo que en principio está permitido para tareas de promoción comercial y cultural, aunque el Ejecutivo regional ha sido acusado en el pasado de usarlas como “embajadas” para intentar aparentar que lleva a cabo una auténtica política exterior propia.