Piden aumentar la participación por los derechos
Un gran pendiente en Yucatán y el país es el establecimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, apuntó Alberto Athié Gallo, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Tanto en el Estado como en el país, en general no existe una política que vele por los derechos de personas con discapacidad y la inclusión, indicó. No se ve una relación clara entre la sociedad y gobierno para trabajar en conjunto en este tema.
Lo anterior lo dijo ayer en rueda de prensa, donde se dieron detalles del Laboratorio Ciudadano de Inclusión que se realiza en la Facultad de Educación de la Uady y termina este sábado. En él se realizan proyectos con organizaciones civiles y personas de otros estados y países que puedan aplicarse en la entidad para impulsar la inclusión.
De acuerdo con el activista en derechos humanos, Yucatán destaca por tener un alto porcentaje de personas con alguna discapacidad, está por arriba de la media nacional, alrededor del 6.5%, incluso hay comunidades donde casi toda la población tiene esas circunstancias.
Reprobado
Aunque indicó que todo el país reprobó en la armonización legislativa, según los estudios que hace la Organización de las Naciones Unidas sobre los avances en este tema. “México va muy atrasado: no tiene realmente una política de Estado bien diseñada y establecida”.
Por eso, manifestó, se busca fortalecer a las organizaciones civiles, que deben incidir en el diseño participativo de las políticas públicas y los gobernantes deben “ponerse las pilas”.
“Tenemos que cerrar la pinza entre la labor y obligación de las autoridades de implementar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que llegué realmente al servicio de las personas con discapacidad en todas partes para que tengan acceso pleno al ejercicio de todos sus derechos”, dijo el activista.
“Tenemos leyes no muy buenas, programas, instituciones, algo de presupuesto, pero no es suficiente porque el mundo de las personas con discapacidad no está bien determinado, identificado, quiénes son, dónde están, en qué condiciones se encuentran, qué necesidades en materia de perspectiva de derechos humanos se deben resolver. No existen esos estudios”.— Abraham Bote Tun
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés) es un instrumento de derechos humanos de las Naciones Unidas destinado a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
Partes en la convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley.
Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención en la materia que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad.