Los líderes ejidales de Chuburná que pretenden quitarles sus casas a decenas de vecinos de los fraccionamientos Del Arco y Vista Alegre mediante una oscura estrategia legal solo buscan “apoderarse del ‘xix’ de la mina de oro que fueron los terrenos de ese ejido”, asegura Carlos Chan Maas, exintegrante de esa agrupación.
Los directivos del ejido, encabezados por Baltazar de los Reyes Huchim Ramos, José Alberto Pool Chuc y José Luis Chi y Yam, presidente, secretario y tesorero, respectivamente, asesorados por la exvisitadora de la Procuraduría Agraria Rebeca Buenfil Méndez, demandaron, como hemos informado, a más de 170 colonos de esos fraccionamientos ante el Tribunal Unitario Agrario 34 (TUA) por construir sus casas en terrenos que, según el ejido, son suyos y han pedido a cambio una indemnización económica.
El 3 de enero, el magistrado de ese tribunal, Antonio Luis Betancourt Sánchez, falló a favor de los ejidatarios, por lo que éstos podrían cobrar de $200 a $400 por metro cuadrado a los vecinos. Si no lo hacen, sus casas, que miden en promedio 300 metros de extensión, saldrían a remate.
Más de 400 vecinos afectados, la mayoría de los cuales compró sus lotes desde 1974, realizaron una marcha el sábado 12 de enero para protestar por la decisión del magistrado y pedir la intervención de las autoridades estatales y municipales.
Los terrenos en disputa, alrededor de una hectárea, están sobre la calle 20 entre las avenidas Yucatán y Correa Rachó, y en varias manzanas contiguas, en el Poniente, y representan una mínima porción de las 4,000 hectáreas que llegó a tener ese ejido.
El gobierno le expropió una parte y los ejidatarios vendieron el resto a particulares, dice Chan Mass.
“Solo les quedan unas 50 hectáreas, además de las que reclaman ahora. Los líderes acabaron con la ‘minita de oro’ que era ese ejido”, añade el entrevistado.
Empero, ellos podrían ganar de 10 a 20 millones de pesos con esa demanda, dependiendo el precio fijado por metro para la indemnización, dice Russell Santos Morales, uno de los voceros de los vecinos de Del Arco.
“Filete”
De acuerdo con averiguaciones de Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, este conflicto se relaciona con otra demanda del ejido presentada en 1994 contra los propietarios del fraccionamiento Los Álamos, aledaño a Del Arco.
Los ejidatarios reclamaron como suyos esos terrenos y hasta cobraron una indemnización, pero ni en ese año ni después hablaron de los predios que ahora exigen en Del Arco y Vista Alegre, explica Chan Mass.
“Huchim Ramos y su directiva descubrieron ese ‘filete’ luego de su elección en 2017 y decidieron quedárselo con la asesoría de Buenfil Méndez”, dice, no obstante las dudas respecto a su derecho sobre esos terrenos.
El fraccionamiento Del Arco se creó en 1974 y durante 44 años el gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Mérida y los notarios lo consideraron propiedad privada.
Fue hasta febrero de 1991, luego de un confuso y extraño incidente, cuando el ejido comenzó a reclamar la propiedad de esos terrenos. Un grupo de vecinos de colonias populares cercanas a la zona protestó ruidosamente y pidió la suspensión de la construcción de Los Álamos, enfrente del fraccionamiento Del Arco, con el argumento de que el gobierno les había ofrecido levantar allí un parque.
El ejido aprovechó las protestas para reclamar la propiedad de Los Álamos, cerca de siete hectáreas, pero nunca habló de los predios de Del Arco que, 28 años después, dice que también son suyos.
“Lo atractivo económicamente y lo más fácil de pelear en esa época, por ser un fraccionamiento en construcción, era Los Álamos”, explica Chan Maas.
Los ejidatarios insistieron en su demanda y en 1992 el gobierno de Dulce María Sauri Riancho suspendió la construcción de ese fraccionamiento e inició los estudios para determinar si el ejido tenía razón.
La clave era encontrar el llamado “punto x”, la estaca sembrada en 1929 cuando se dotó de tierras al ejido y que podría servir para fijar los límites.
Notario
Al principio no se encontró la ubicación de ese punto, pero en 1993 la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria y el secretario de Gobierno Orlando Paredes anunciaron su localización, pero sin decir dónde.
Con esto, los ejidatarios demandaron al constructor de ese fraccionamiento, Carlos García Ponce, y a los dueños de los lotes en el TUA, en septiembre de 1994, a quienes pidieron una indemnización. Es entonces cuando se inicia la parte oscura del caso.
En 1994 el magistrado del TUA era Sergio Iván Priego Medina, notario público y director del Registro Público de la Propiedad y procurador de Justicia en el interinato de Víctor Cervera Pacheco.
En mayo de 1995, Priego consideró procedente la demanda e instruyó a la empresa a devolver las tierras al ejido.
Sin embargo, como notario, Priego Medina había escriturado todos los predios del fraccionamiento Del Arco entre 1974 y 1976, incluidos en el mismo polígono de Los Álamos, aunque el ejido no los reclamó como suyos en su primera demanda.
Es decir, el entonces magistrado del Tribunal Agrario había dado fe del origen privado de esos terrenos, pero ahora afirmaba que los de junto eran ejidales. (Continuará).— HERNÁN CASARES C.
Antecedentes
El conflicto entre el ejido de Chuburná con el fraccionamiento Del Arco está relacionado con otra demanda de los ejidatarios presentada en 1994 contra los propietarios del fraccionamiento Los Álamos, aledaño a Del Arco.
Secreto
Los ejidatarios reclamaron como suyos esos terrenos y hasta cobraron una indemnización, pero ni en ese año ni después hablaron de los predios que ahora exigen en Del Arco y Vista Alegre.
“Filete”
En 2017, los líderes sindicales descubrieron ese “filete” y decidieron quedárselo.