El diputado priista Luis Borjas Romero presenta en la tribuna del Congreso una iniciativa sobre reformas al Código Penal de Yucatán

Proyectos de ley sobre movilidady la discapacidad

El Código Penal de Yucatán incluirá pronto la nueva figura de delito informático.

Pronto se incluirán en el Código Penal del Estado los delitos informáticos, una nueva figura, de acuerdo con una de las tres iniciativas de reformas de ley presentadas ayer en el Congreso estatal.

Las otras son sobre la movilidad, término que ni siquiera es conocido en la entidad, según se dijo, y para apoyar el deporte de personas con alguna discapacidad.

En la misma sesión, la diputada Lila Frías Castillo, del PRI, presentó una exhortación, que se aprobó por unanimidad, a la Secretaría General de Gobierno y autoridades de Protección Civil para garantizar la capacitación en los municipios en casos de emergencia o desastre, además de inspeccionar instalaciones públicas y privadas que por sus actividades reúnan a más de 25 personas, a fin de prevenir tragedias como la del fin de semana pasado en Progreso, donde murieron tres personas en un derrumbe.

En asuntos generales, Luis Borjas Romero, también del PRI, presentó la iniciativa para reformar el Código Penal en materia de delitos informáticos, a la que se sumaron legisladores de su partido y de otras bancadas.

El diputado expuso que la revolución informática originó que no exista área que no se encuentre afectada por ese fenómeno. Ante ello, varios países ya tomaron previsiones jurídicas y México no es la excepción, es así como se conoce hoy el derecho informático.

Estos delitos están relacionados con los cibernéticos, electrónicos, las computadoras, delincuencia relacionada con el ordenador y otros aspectos técnicos de la informática.

El legislador propuso tipificar como delito electrónico “cualquier conducta criminal que en su realización hace uso de la tecnología electrónica, ya sea como método, medio o fin”.

La propuesta consiste en incluir un nuevo capítulo denominado “Delitos Informáticos”, con seis nuevos artículos.

El primero señala que quien sin autorización, para beneficio propio o ajeno, modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de 1,000 a 2,000 unidades de medida y actualización (UMA).— David Domínguez Massa

 

 

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