MÉRIDA.— Habitantes de Chablekal e integrantes de la Unión de Pobladores y Pobladoras presentaron denuncias legales contra el ejido debido a la violación de medidas precautorias que dictó un juez.
Las medidas precautorias consisten en no hacer uso de las tierras sino hasta que se dicte sentencia por un proceso legal que los pobladores iniciaron ante la Procuraduría Agraria en 2014.
Polémico contrato de usufructo
En conferencia de prensa, acusaron a Pedro Santana Trujeque, Candelario Abán Chin y Gilberto Chalé Abán, quienes en 2017 integraban el comisariado ejidal, de firmar un contrato de usufructo de $6.540,000 con Carlos Abraham Mafud y Mauricio Montalvo Vales, pese a que un año antes un juez dictó las medidas.
Con el apoyo del grupo Indignación, los pobladores acudieron a la FGR para proceder de forma penal contra la entonces administración ejidal por desacato y desobediencia a la autoridad judicial.
Desconocen el destino del dinero
La querella es contra los empresarios y el funcionario del Registro Agrario Nacional (RAN) que, a sabiendas de la medida cautelar, llevó al cabo la inscripción del contrato.
Los informantes señalaron que también presentaron recursos ante la Procuraduría Agraria para que se invalide el polémico contrato.
Del dinero que se pagó, señalaron, no saben si se repartió entre las tres personas demandadas o entre los ejidatarios.
Empresarios en la lista de ejidatarios
Sin embargo, puntualizaron que en la lista de ejidatarios de Chablekal figuran desde hace años empresarios que no viven en la población.
El proceso legal por esas tierras comenzó en 2014, cuando habitantes de Chablekal demandaron a sus padres y abuelos, que vendieron tierras ejidales a empresarios, para que se reconozcan sus derechos como posesionarios.