Las unidades de traslado médico en Yucatán, arrendadas por la vía del “fast track”
El Ejecutivo pagará más de $21 millones anuales por uso de unidades de traslado médico a una arrendadora con antecedentes de una sanción.— “Fast track” en la licitación

Los 150 vehículos de traslado médico que entregó el gobierno del Estado a 104 municipios en el último trimestre de 2018 provienen de un arrendamiento que en tres años —plazo del contrato— representará una erogación de más de 63 millones de pesos para las finanzas públicas, según información oficial.
La empresa arrendadora es Jet Van Car Rental, S.A. de C.V., que ha sido favorecida también con contratos del gobierno federal, tanto durante el mandato de Enrique Peña Nieto como en lo que va de la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
En septiembre de 2017 se dio a conocer que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una penalización de $5.7 millones a Jet Van Car Rental por incumplimiento de algunas condiciones de un convenio. En cuatro años el organismo pagó a esa compañía $935.4 millones por servicios de arrendamiento vehicular. De acuerdo con información que publicó en su momento la prensa capitalina, el Órgano Interno de Control del INE presentó una “denuncia de hechos”.
“Si esta empresa tiene antecedentes sospechosos, ¿va a recibir el mismo trato que se le dio a Magnos?”
Pregunta Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor del colectivo “¡Ya Basta!”, al recordar la cancelación del contrato a Magnos Comercialización de Entretenimiento, organizadora del Festival Internacional de la Trova, por acusaciones que la ligan a presuntos actos de corrupción en Morelos.
El arrendamiento de los vehículos de traslado y la participación de Jet Van Car Rental en la operación son solo dos puntos que asoman en el contrato suscrito con el gobierno del Estado, al que “¡Ya Basta!” tuvo acceso después de solicitar información mediante los mecanismos de transparencia.
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Otros aspectos que generan dudas en el colectivo promotor del combate a la corrupción y la impunidad son:
—La convocatoria para la licitación pública SAF-DPT-01-2018 (relativa a las unidades de traslado y de otro tipo) se emitió el 1 de octubre de 2018, el mismo día en que Mauricio Vila Dosal asumió la gubernatura del Estado.
—Tal convocatoria se publicó el día 2 y las bases estuvieron a disposición de los interesados hasta el día 3, es decir, 24 horas. En ese lapso debían adquirirlas para participar en la licitación, siempre y cuando estuvieran inscritos en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios del Gobierno del Estado.
—El 10 de octubre se realizó el acto de apertura de propuestas, presidido por Jorge Alberto Espinosa Atoche, director de Procedimientos Transversales de la Secretaría de Administración y Finanzas. El único licitante que se presentó fue Jet Van Car Rental, representado por Oscar Verdugo Trejo.
—En el acta se asienta que el fallo se comunicaría al día siguiente. Se da por concluida la reunión a las 9:50 horas.
—No se esperó al día siguiente. El acta respectiva de la Secretaría de Administración y Finanzas señala que la sesión de lectura del dictamen se efectuó el mismo día 10, a las 2 de la tarde —cuatro horas después de la clausura de la reunión de apertura de propuestas—, siempre bajo la conducción de Espinosa Atoche. El dictamen técnico favoreció a Jet Van Car Rental por considerar que “sí cumple”. No se hizo observación alguna.
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—El procedimiento siguió su curso rápido. El 11 de octubre, un día después de conocerse el dictamen, se firmó el contrato para “arrendamiento a precios fijos de vehículos nuevos de transporte y carga”. En el documento hay un error aparente, pues se indica que la operación se realizaría como resultado del fallo “que se dio a conocer el día 11 de octubre de 2018”, o sea, momentos antes de la firma. El acta que señalamos en el punto anterior indica que el fallo se emitió el día 10.
—El contrato establece el arrendamiento de “hasta un máximo (sic) de 500 unidades” en un plazo de 36 meses —tres años— contados a partir de la entrega de los vehículos. Éstos pueden ser subcompactos, compactos, medianos, utilitarios, camiones ligeros (pick up) y para transporte de personas (no autobús) y de carga.
—Si se consideran únicamente los 150 vehículos de traslado, entonces la operación pactada queda abierta para 350 más, incluso de usos y características distintas.
—El 20 de octubre, nueve días después de la firma del contrato, el Ejecutivo entregó las primeras unidades de traslado médico —ya rotuladas— a 37 alcaldes del oriente del Estado, en una ceremonia en Valladolid. Más adelante se hicieron eventos con el mismo objetivo en otras zonas (Continuará).— ÁNGEL NOH ESTRADA
